Endurecen castigos en Guanajuato contra la cobranza ilícita y el hostigamiento a deudores
Guanajuato, Guanajuato. — El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado para reconfigurar el delito de cobranza extrajudicial ilícita. Las modificaciones incrementan las penas de prisión y establecen sanciones severas para servidores públicos que participen en estas prácticas.
Reconfiguración del delito
Bajo el nuevo marco legal, se considera cobranza extrajudicial ilícita el uso de violencia o intimidación para requerir el pago de una deuda. La protección se extiende no solo al deudor, sino también a familiares, vínculos afectivos, referencias o avales que resulten hostigados.
Las reformas establecen distinciones claras para garantizar certeza jurídica:
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Gestión legal: La simple información sobre consecuencias legales no se considera intimidación.
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Prácticas delictivas: Si existe falsificación de documentos o usurpación de funciones, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.
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Esquemas criminales: El dictamen busca erradicar modelos como los préstamos "gota a gota", que utilizan la fuerza contra comerciantes y familias en colonias y mercados.
Sanciones a servidores públicos
Una de las piezas centrales de la reforma es el agravante por la intervención de funcionarios. Si una persona utiliza su posición en el servicio público para intimidar o facilitar cobros violentos, las sanciones podrán alcanzar hasta 6 años y 6 meses de prisión.
Además de la pena privativa de la libertad, se determinó:
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Destitución inmediata del empleo, cargo o comisión.
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Inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por un tiempo igual al de la sentencia impuesta.
Posturas en el Pleno
Durante la discusión, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que estas reformas cierran la puerta a prácticas abusivas que generan entornos de miedo en la sociedad. Por su parte, el congresista Alejandro Arias Ávila resaltó que la medida evita que se utilice la investidura oficial como herramienta de presión.
Finalmente, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas precisó que el dictamen brinda herramientas a la Fiscalía y al Poder Judicial para garantizar la legítima recuperación de créditos sin recurrir al hostigamiento que afecta el entorno de las personas deudoras.
