Guanajuato, Gto. Este martes 13 fue día de panismo combativo: una sesión secreta en el Congreso del Estado, una rueda de prensa en apoyo a pequeños productores de calzado de los pueblos del Rincón y declaraciones contra la desaparición de disposiciones de la Norma Oficial Mexicana en el sector salud federal. 

La diputación morenista presentó denuncia contra el presidente municipal panista Alejandro Navarro y la expriista dio rueda de prensa contra el gobierno estatal panista. 

Las sesiones de comisiones pasaron a segundo plano.

En defensa del calzado mexicano y contra la desaparición de las NOM en Salud

El panista Miguel Salim y el priista Gustavo Adolfo Alfaro anunciaron que presentarán una propuesta de exhorta para que el gobierno federal cobre aranceles justos y evite el contrabando de calzado chino.

Salim hizo serias acusaciones: que el gobierno federal deje de ser cómplice del calzado chino en México, pues cobra sólo el 5 por ciento y no el 20 por ciento de aranceles y no controla la comercialización ilegal y desleal de ese producto: provocarán el desempleo de más de 80 mil de ciudadanos que directa o indirectamente viven de la industria zapatera en el Rincón, Romita, Manuel Doblado, Cuerámaro y los pueblos alteños.

En rueda de prensa, el legislador dijo que, por la entrada irregular del calzado chino a México, han cerrado decenas de micro y pequeñas empresas dedicadas al calzado, principalmente en los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.  Las aduanas de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, afirmó, han permitido esas irregularidades.

Adelantó que los grupos parlamentarios del PAN y PRI en el Congreso local presentarán un exhorto al gobierno federal para que pongan un tope en las aduanas tanto de Manzanillo como de Lázaro Cárdenas y se eviten dichas prácticas que afectan la economía de cientos de familias guanajuatenses.

Por su parte, representantes ciudadanos de los municipios de San Francisco del Rincón y de Purísima del Rincón, presentes en la reunión, anunciaron que el próximo 25 de junio se manifestarán contra la importación de calzado chino.

Más tarde, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, que asistió a una actividad partidista realizada en el Congreso, declaró que la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas del sector salud afectará a la población mexicana, sobre todo a la más pobre: dejará en indefensión jurídica y médica especialmente a personas enfermas de cáncer y diabetes.

El 1 de junio, la Secretaría de Salud presentó en el marco del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 una solicitud para cancelar 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) vigentes en materia de salud sin presentar el estudio que exige la Ley para justificar tal cancelación, y sin que hubiera transcurrido el plazo de cinco años que también la Ley exige para iniciar el trámite correspondiente. 

Las NOMs canceladas abarcan desde procesos de vigilancia y control de una gama muy amplia de enfermedades -como diabetes mellitus, obesidad, cólera, enfermedades epidemiológicas, etc.- hasta atención a salud mental, adicciones, lactancia, salud materna; tratamientos para enfermedades crónicas como cáncer de próstata, cáncer cérvico uterino, y cáncer de mama; y procedimientos de asistencia alimentaria y trabajo social para la atención de diversos grupos vulnerables, como infancias y adultos mayores, entre otros.

Sobre este tema, el legislador panista, médico de profesión y exsecretario de salud en el estado, señaló que la cancelación tendrá aún más graves repercusiones en un sistema de salud federal que se encuentra ya en estado crítico.

De Morena contra panistas

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron una denuncia ante el ministerio público contra el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, por presunta negligencia en el incendio del tiradero municipal.

Encabezados por su coordinador parlamentario, David Martínez Mendizábal, las y los morenistas Ernesto Millán, Alma Alcaraz, Noemí Moreno, Irma González y Cuauhtémoc Becerra presentaron ante el ministerio público una denuncia por delitos ambientales por omisión por cumplimiento de ley de Medio Ambiente contra el alcalde capitalino. Les acompañó la regidora morenista Paloma Robles Lacayo. 

En otro caso, la expriista Bárbara Botello denunció en rueda de prensa a autoridades carcelarias de la entidad por su presunta responsabilidad en el caso de personas con trastorno mental que, pese a ser inimputables, fueron encarcelados ilegalmente

En octubre de 2022, un reportaje denunció que pacientes diagnosticados con padecimientos psiquiátricos estuvieron recluidos en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago (Cereso Mil) hasta 17 años, a pesar a ser declarados inimputables -eximidos de toda responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud del delito que se les achaca-.

En 2021, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) inició las indagatorias del expediente 89/21-B tras queja presentada por una mujer que señaló se omitió proporcionar tratamiento médico a su hermano, recluido en el pabellón psiquiátrico del Cereso Mil, pese a haber sido declarado inimputable.

La denunciante reclamó la omisión de parte de la autoridad de trasladarlo a un hospital psiquiátrico para que recibiera la atención médica adecuada. Y como parte de su queja, solicitó también la salvaguarda de los derechos humanos de otros internos que estaban en la misma situación.

El pasado 20 de septiembre de ese año, Prodheg envió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), en las que pidió resarcir el daño y sancionar a quienes sean responsables de que 12 pacientes hayan estado presos durante tantos años, pese a tratarse de enfermos mentales.

En las indagatorias que la Prodheg efectuó, destaca que en 2020 y 2021 la SSPE gestionó la reubicación de los 12 pacientes inimputables a un centro especializado para darles tratamiento -envió cinco oficios en 2020 y once en 2021 para alertar de la situación-. Sin embargo, de forma reiterada la SSG desatendió las solicitudes. Incluso en seis ocasiones ni siquiera respondió a los oficios que la SSPE le remitió.

Finalmente, los acusados fueron liberados, pero ante evidencias de que no hubo sanción para responsables por la omisión, la ahora morenista presentó una denuncia contra los funcionarios involucrados en los hechos para que sean sancionados no sólo administrativamente, sino también penal y civilmente y que reparen el daño a las personas afectadas.