Guanajuato, Gto. “Un atraco disfrazado de innovación financiera, que benefició a unos cuantos a costa del dinero del pueblo”. Así describió la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la operación de Guanajuato Leasing Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM ENR, empresa financiada con recursos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), que habría recibido más de 366 millones de pesos en contratos de arrendamiento vehicular con sobreprecio y sin control.

En su propuesta de punto de acuerdo, la diputada Hades Aguilar solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realizar una auditoría financiera y de desempeño que abarque los ejercicios fiscales de 2021 a 2025 y advirtió que la reciente decisión de disolver la empresa no puede utilizarse como coartada para evadir responsabilidades.

“Un Kia valuado en 275 mil pesos fue rentado por 592 mil. Un Renault Koleos mensual por 22 mil pesos cuando en el mercado costaba 13 mil. Eso no es eficiencia: es abuso, es sobreprecio, es negocio entre cuates”.
La legisladora denunció que, durante años, la Secretaría de Finanzas prohibió a las dependencias adquirir vehículos, obligándolas a rentarlos a través de esta empresa con tarifas infladas. A pesar de ello, la Auditoría Superior del Estado no realizó ninguna revisión, y Guanajuato Leasing fue retirada del padrón de entes fiscalizables tras un cambio en su composición accionaria, cuando los socios privados adquirieron el 50.5% de la participación.

“Se excluyó a propósito del escrutinio público, en un esquema que simuló legalidad para operar sin transparencia. Hoy se pretende cerrar la empresa como si nada hubiera pasado. Pero aquí sí pasó, y mucho.” La diputada también cuestionó el intento por minimizar el caso bajo el argumento de que la inversión representaba apenas el 0.17% del portafolio del ISSEG.

“Aunque hubiera sido el 0.001%, sigue siendo dinero de las y los trabajadores. No se trata de porcentajes, se trata de principios. Y de justicia.”
La propuesta exhorta a la Auditoría Superior del Estado a revisar cada contrato, cada decisión y cada peso involucrado, para garantizar que no quede impune una operación que, según investigaciones periodísticas y documentación oficial, fue sostenida durante años con recursos públicos y sin sanción alguna, a pesar de múltiples irregularidades.

“Guanajuato Leasing es sinónimo de simulación y de abuso de poder. Y desde Morena vamos a seguir exigiendo que se sancione a quienes se sirvieron del pueblo, no a quienes lo sirven.” El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.