Guanajuato, Gto. Un ataque a un Centro Nocturno de Apaseo el Grande, con saldo de 10 personas fallecidas y el reporte de siete mujeres desaparecidas en días recientes en Celaya son los casos inmediatos que contextualizaron la comparecencia del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Cuestionado por la oposición y cobijado con preguntas a modo por parte de la bancada panista, Zamarripa salió a responder, entre pancartas y señalamientos, sobre los temas de una seguridad cuestionada por las voces críticas y pintada como “de las mejores del país”, por el oficialismo.

El cuarto informe de actividades de Zamarripa Aguirre fue el tema de una mesa de trabajo para “conocer el estatus que guarda la procuración de justicia en la entidad”.

Lo mismo, pero más revolcado 

La mesa inició con una presentación que repetía lo difundido el día de su informe: el número de órdenes de protección aprobadas,  de asistencias sociales, las acciones en materia de combate a la extorsión, la cantidad de sentencias condenatorias, el monto en reparación de daño; que se abrieron 3,191 carpetas de investigación, se realizaron 27 reuniones con 19 colectivos de personas desaparecidas, se detuvieron 2,724 personas de diferentes células delictivas, se dictaron 9, 533 autos de vinculación a proceso, entre otros datos.

En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Laura Cristina Márquez Alcalá, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Angélica Casillas Martínez, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Víctor Manuel Zanella Huerta, Martha Guadalupe Hernández Camarena y Bricio Balderas Álvarez, quienes cuestionaron sobre si era necesario la creación de nuevas fiscalías especializadas como una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres; la participación de la fiscalía en la consolidación del sistema de justicia penal; cuánto tiempo más seguirá la impunidad en la entidad y qué se hará al respecto; las estrategias que ha implementado la fiscalía que permitan la priorización de resolver los delitos por medios alternativos; el número de personas localizadas y entregadas a sus familias, así como el por qué se genera el problema en la demora de entrega de las personas fallecidas.

Zamarripa respondió que ya había instancias para atender a las mujeres y reforzó su dicho con cifras que colocaban siempre a Guanajuato como uno de los estados de vanguardia en cada tema.

Las y los diputados también preguntaron sobre el control de las armas de fuego y los beneficios que se deben esperar; a qué se debía la calificación que reporta Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción 2022, en donde Guanajuato reporta un nivel satisfactorio de cumplimiento de las Fiscalías Anticorrupción en el eje de procesos; la reclasificación que realiza el Poder Judicial en materia de feminicidios y a qué se le atribuye; las acciones que realiza para que las mujeres no sean revictimizadas; y qué se ha hecho para disminuir la cifra negra de delitos que no se denuncian, a fin de aumentar la posibilidad de esclarecimiento de estos.

Las preguntas panistas estaban dirigidas al juego de la autoalabanza. La autonomía que oficialmente tiene la Fiscalía no aparecía por ningún lado.

Los revires opositores

Vino la segunda ronda: intervinieron Martín López Camacho, Yulma Rocha Aguilar, Cuauhtémoc Becerra González, María de la Luz Hernández Martínez, Dessire Angel Rocha, César Larrondo Díaz, David Martínez Mendizábal, Javier Alfonso Torres Mereles y Rolando Fortino Alcántar Rojas.

Preguntaron sobre el número de carpetas de investigación abiertas por la comisión de delitos de alto impacto, así como el de sentencias condenatorias con relación a dichas carpetas; las medidas de protección que se otorgaron y si son proporcionales al riesgo; el número de asesinatos de policías y la sanción a quienes los perpetran; la relación de la desaparición de mujeres con la trata de personas; el caso de un policía que denunció abuso de autoridad por personal de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), que no recibió avances sobre su carpeta de investigación y que se archivó la misma.

Zamarripa volvió a responder con números y la oposición respondió que los datos oficiales de policías asesinados no correspondían con registros independientes. Prácticamente evadió el tema de un exelemento de las FSPE que fue agredido física y laboralmente.

Pregunta a modo: acciones que se han realizado para mejorar la percepción y atención al usuario; preguntas críticas: los cuerpos sin identificar; si es suficiente la cantidad del Fondo para la Atención de Víctimas y Ofendidos del Estado de Guanajuato y por qué se reduce año con año; si se va a respetar el adendum que se firmó con representantes de distintos colectivos que la exhumación no se puede dar sin su presencia; el ejercicio de los fondos en materia de personas desaparecidas. Zamarripa mostraba números y más números, sin autocrítica alguna.

Más preguntas: en qué beneficia el Ecosistema para el Servicio Médico Forense y la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas en el proceso de identificación y entrega de cuerpos de personas fallecidas; el motivo de las visitas de Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México y del Cónsul General de Japón, Katsumi Itagaki; y las acciones concretas implementadas en materia de feminicidios. 

Los temas ya habían sido presentados en el informe de actividades y el fiscal no hizo más que repetirlos.

Ya para entonces, la morenista Alma Alcaraz había encarado con pancartas información proporcionada por el fiscal. Mostró, por ejemplo, una donde exhibía el número de feminicidios procesados en la ciudad de México y Chiapas, en contraste con los de Guanajuato.

El comentario de la priista Yulma Rocha, abogada de origen, fue claro: se sustentan en la ley vigente, pero la de Guanajuato no tiene perspectiva de género. En otros estados, todo asesinato a mujer es clasificado a priori como feminicidio y, si no hay elementos, se le considera homicidio. En Guanajuato es al contrario.

Reconocimiento a la gravedad de las extorsiones

En la tercera ronda intervinieron Susana Bermúdez Cano, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Janet Melanie Murillo Chávez, Jorge Ortiz Ortega y Briseida Anabel Magdaleno González.

Preguntaron sobre las acciones que va a implementar la fiscalía para que el delito de extorsión disminuya. Zamarripa esta vez reconoció la gravedad del problema, pero que lo combatía. Los números fueron su sustento.

Vinieron los temas más críticos: la visión de la institución sobre los delitos cometidos en contra de las mujeres, la estrategia para abatir la impunidad en la investigación y sanción de dichos delitos en Guanajuato, así como los principales problemas para poder obtener sentencia condenatoria; el número de personas de plantilla de la fiscalía, por qué solo se evaluaron a 1, 570 y a qué área pertenecen quienes no la pasaron; las medidas de incentivo de cumplimiento normativo y los beneficios de la asistente virtual “Ella es Norma”, así como los posibles delitos o actos irregulares que se han presentado por parte de las autoridades.

Y siguieron: a qué se refiere el indicador “Hallazgos: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, en el que la entidad se encuentra en el 1er. lugar con menor índice de impunidad en los delitos de feminicidio, desaparición forzada de personas y violencia familiar; a qué responden las denuncias de colectivos si se están sosteniendo reuniones con ellos; el porcentaje en que ha mejorado la localización de las personas con la Plataforma Integral para la Localización de Personas Desaparecidas; que detallara el contenido de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) y las acciones que se han realizado para asegurar que no se repitan esos hechos.

Los cuestionamientos opositores fueron de la bancada de Morena y de la priista Yulma Rocha.

En la última ronda intervinieron Armando Rangel Hernández, Lilia Margarita Rionda Salas, José Alfonso Borja Pimentel, Alejandro Arias Ávila, Katya Cristina Soto Escamilla y Miguel Ángel Salim Alle, quienes abundaron sobre la eficacia de la fiscalía respecto del resguardo temporal, el seguimiento cuando las personas dejar el refugio y cómo garantizan la protección de las víctimas que abandonan el refugio; las acciones concretas que se han tomado para disminuir la desaparición de mujeres en el estado; y a qué se debe que la entidad se encuentre dentro de las entidades mejor evaluadas en transformación digital.

También cuestionaron si se puede afirmar que aún se está en proceso de transición en la implementación del sistema penal; las acciones que implementan para profesionalizar a los primeros respondientes para garantizar el éxito de las investigaciones y el resultado de las carpetas judicializadas; qué realiza la fiscalía para subsanar la falta de información en cuanto a los cárteles; la diferencia entre medidas y órdenes de protección; por qué los recursos de la recaudación de bienes incautados no se destinan a la atención de víctimas; y si se han establecido protocolos para evitar incidencia de personas públicas en cuanto a quejas ante la PRODHEG.

Entre lo respondido por Zamarripa, se destacó: tiene contemplado solidificar la estructura que se tiene en materia de atención a la mujer; las causas por las que se archivan los delitos; las remodelaciones que se han llevado a cabo para brindar atención integral a las mujeres que son víctimas de violencia en diversos municipios; la posición de Guanajuato en materia de cateos, las órdenes que se ejecutan y la vigilancia en el flujo de armas; que en el rubro de homicidio se siguen teniendo reclasificaciones pero ninguna es a distancia del ministerio público; en los casos de las muertes de mujeres se cuenta con una asociación al interior que permite que ninguno sea soslayado.

Que para atacar las cifras negras están obligados a abrir todos los canales de comunicación que sean posibles, se cuentan con módulos de atención primaria y han diversificado las herramientas para recibir denuncias; que en la integración de las carpetas que ellos han realizado no se tiene información de que se dictaran órdenes de protección y se haya terminado en un feminicidio; no se tienen subregistros en materia de feminicidios y no todas las muertes de mujeres implican dicho delito; que al policía que denunció se le atendió y se expusieron las razones por las cuales se procedió de dicha manera.

Asimismo, señaló que se han mejorado sustancialmente los sistemas de atención pero que se sigue trabajando para brindar una atención mucho más ágil; que se ha agilizado el proceso de identificación de cuerpos; se desarticularon 16 bandas que se dedicaban a la extorsión; se evalúa a quienes están dentro y a los que pretenden ingresar, el 90 por ciento de quienes no aprobaron son de nuevo ingreso; habló de las carpetas que se judicializaron contra servidores públicos tanto de la parte municipal como estatal; y que el módulo virtual está disponible 24 horas (para denuncias) hay alguien que atiende por videollamada.

Finalmente, refirió que las recomendaciones fueron emitidas a separos y en casos de personas desaparecidas, antes de que existiera el protocolo de atención; que se atendieron a 468 personas en el refugio temporal y detalló los servicios que se ofrecen, entre otros aspectos.

Luis Ernesto Ayala Torres precisó que se contó con más de 3 mil personas conectadas a través de las diferentes plataformas del Congreso del Estado. Sin embargo, de las más de 300 preguntas, sólo una procedió de un ciudadano.

En la reunión participaron las diputadas y los diputados Laura Cristina Márquez Alcalá, Lilia Margarita Rionda Salas, Janet Melanie Murillo Chávez, Angélica Casillas Martínez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María de la Luz Hernández Martínez, Martha Guadalupe Hernández Camarena, Yulma Rocha Aguilar, Irma Leticia González Sánchez, Susana Bermúdez Cano, Briseida Anabel Magdaleno González, Dessire Angel Rocha, Katya Cristina Soto Escamilla, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Luis Ernesto Ayala Torres, Alejandro Arias Ávila, , Bricio Balderas Álvarez, Martín López Camacho, Cuauhtémoc Becerra González, David Martínez Mendizábal, César Larrondo Díaz, Víctor Manuel Zanella Huerta, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Jorge Ortiz Ortega, Miguel Ángel Salim Alle, José Alfonso Borja Pimentel, Javier Alfonso Torres Mereles, Armando Rangel Hernández y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.

Colofón

Al término de la mesa de trabajo, el Grupo Parlamentario de MORENA fijó postura: 

Falta de legitimidad de quien tiene 14 años al frente de la Procuración de Justicia en el estado, violencia sin precedentes y un fiscal que “forma parte del grupo de intereses creados que mantienen intacto el pacto de impunidad en Guanajuato, lo cual se refleja en el formato a modo que Acción Nacional impuso para evadir el diálogo, cubriendo así las falacias y mentiras del Fiscal”. 

Y el balance:

Durante 2022, 76 de cada 100 carpetas de investigación fueron terminadas mediante archivo temporal, no-ejercicio de la acción penal y abstención de investigar, lo que representa un uso indiscriminado de las terminaciones tempranas para desechar investigaciones de delitos que lastiman a la sociedad y corrompen la impartición de justicia en la entidad, impidiendo así el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño a las víctimas de la violencia e inseguridad de nuestro estado.

La corrupción política, la violencia contra las mujeres y la crisis de desapariciones permanecen intactas ante la estructura de impunidad generada por la Fiscalía.

El GPMorena dijo que la delincuencia de cuello blanco es un punto ciego en la procuración de justicia local: 

Carlos Zamarripa presume contar con una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), pero logró 9 sentencias condenatorias en todo 2022; lo cierto es que participó en 28 carpetas de investigación durante todo el periodo. Además, ninguna de las sentencias logradas fue por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), razón de ser de las UIPE.

Por lo anterior, prosiguen, MORENA propuso su traslado hacia el Poder Ejecutivo para darle un carácter administrativo que permita llevar a cabo actividades preventivas. En su momento, la propia Fiscalía y la mayoría panista del Congreso rechazaron la propuesta. Alegaron que la UIPE abona a la prevención del ORPI.

También Morena resaltó la discrepancia entre la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y la Fiscalía Anticorrupción (FA): incongruencia entre los datos que presenta cada institución y el sistemático desecho de denuncias derivadas de procesos de fiscalización”.

Según datos de la ASEG, hasta el cierre de 2022, había interpuesto un total de 265 denuncias por presuntos actos de corrupción ante la FA (provenientes en su totalidad de ejercicios fiscales pasados). Sin embargo, de éstas, únicamente se habían logrado judicializar nueve y resolver por mecanismos alternativos tres (números que permanecen sin cambio alguno desde 2021), siendo el resto acumulaciones (10), archivos (85), consignadas (4), incompetencias (reservas (6) y en trámite (140). De estos datos se advierte la nula capacidad de las instituciones para investigar, perseguir, reponer y castigar la corrupción.

Concluyen:

“Desde el Grupo Parlamentario de MORENA estamos convencidos de que la mayor parte de los archivos son favores políticos, basta con recordar 2 casos. El primero, a nivel estatal, es el archivo definitivo de las denuncias derivadas de los negocios entre el Gobierno Estatal y empresas como International News Media LLC con los que se desviaban recursos (al menos 8 millones de pesos) para la supuesta promoción de la oferta turística de Guanajuato en Estados Unidos. Aquí, la ASEG demostró que los contratos se pagaron y nunca se llevaron a cabo; sin embargo, pese al evidente fraude, para la FA esto no fue un delito. El segundo caso, es el archivo de la denuncia derivada del desfalco al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra. Aquí, la ASEG demostró que personas cercanas a la cúpula municipal del PAN pagaron casi medio millón de pesos a un falso proveedor sin contrato ni evidencia de trabajo alguno; sin embargo, en este caso la FA también determinó archivarlo sin razón”.

Los hechos vs la realidad

Comunicado del 12 de marzo de 2023: “el Gobierno del Estado de Guanajuato lamenta y condena los hechos ocurridos en Apaseo El Grande en un centro nocturno. Se está colaborando con la Fiscalía General del Estado a través de las instituciones de seguridad para dar con los responsables y se mantendrá cercano a los familias (sic) de los afectados”.

Agrega:

“Hasta el momento se tiene el reporte que en el lugar de los hechos fallecieron seis hombres y dos mujeres”. En un hospital fallecieron otros dos. El comunicado prosigue:

“Se ha reforzado la seguridad de esa zona con los elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. El Gobierno del Estado reitera su condena a estos hechos y seguirá la investigación hasta dar con los responsables, para ello se tiene una coordinación estrecha con las diferentes instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno”.

Y a ello se agregan siete mujeres desaparecidas en Celaya. Y es tan sólo lo registrado este fin de semana en dos ciudades. La vorágine de asesinatos y desaparecidos es mucho mayor.