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San Luis Potosí: una guerra de equívocos detrás del tráfico de migrantes

Tragedia de enredos que descubrió una red de tratantes de migrantes y un chofer asesinado
Imagen aérea sobre migrantes localizados en San Luis Potosí
Imagen aérea sobre migrantes localizados en San Luis Potosí
San Luis Potosí: una guerra de equívocos detrás del tráfico de migrantes

Guanajuato, Gto. Todo empezó porque los medios informativos, especialmente las cadenas nacionales, hablaron de 23 “turistas” guanajuatenses desaparecidos; no hubo trabajo de verificación de datos: dónde está La Quemada, cuáles son las características del poblado ni buscaron más datos que las declaraciones y comunicados oficiales.

Al limitado trabajo informativo se sumó la ineficiencia y falta de transparencia del gobierno potosino y el afán propagandístico del guanajuatense.

Una tragedia de enredos que descubrió una red de tratantes de migrantes y un chofer asesinado.

El recuento

Lunes 4 de abril, por la noche salieron dos camionetas de la comunidad de La Quemada, al sureste de San Felipe, rentadas a una empresa de servicios turísticos con dirección a Saltillo. Por las características de la empresa se puso la etiqueta de “turistas”. El dato: 21 pasajeros y dos choferes. 23 en total.

En la madrugada del 5 de abril se enteraron que el viaje había sido truncado en las inmediaciones de San Luis Potosí y que la persona que rentó los vehículos, identificado como Luis Ángel Ramírez, llamó para decir que fueron secuestrados y pedían 60 mil pesos de rescate por persona. Los propietarios de la empresa presentaron la denuncia correspondiente, pues dos de los 23 viajeros eran sus choferes, y el hecho se hizo público.

El miércoles 6 de abril, las autoridades potosinas encontraron a 16 hombres extraviados: procedían del estado de México, eran de varias entidades y habían sido asaltados y abandonados. Iban también a Saltillo, lo que generó la confusión de que eran parte de los guanajuatenses. Tan fue así que el presidente municipal de San Felipe, Eduardo Maldonado, dio por hecho que los habían encontrado.

Al aclararse que no eran los guanajuatenses, la búsqueda continuó, ahora con personal y helicópteros del gobierno guanajuatense. El jueves 7 fueron encontrados 35 hombres más, en su mayoría migrantes indocumentados centroamericanos y algunos de los guanajuatenses.

Al día siguiente fueron localizados los “turistas”, que estaban cautivos en una finca, pero uno de los conductores había sido asesinado.

Tragedia de enredos

Lo que generó un revuelo mediático fue la cadena de declaraciones fallidas por parte de ambos gobiernos. En San Luis Potosí la Fiscalía daba una versión y la Secretaría de Gobierno daba otra; en Guanajuato, el gobierno aprovechaba para hacer propaganda a sus fuerzas de seguridad.

La conclusión: no eran turistas, sino parte de una red de tráfico de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, con saldo de dos detenidos. En total, las autoridades rescataron a 50 personas, aunque se había difundido que eran 121.

Pasados los reportes de secuestros en el municipio de Matehuala y las confusiones tanto por parte de la vocería de seguridad y el gabinete estatal como de la Fiscalía General del Estado, la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que aseguró que la desaparición de 23 supuestos turistas de Guanajuato "resultó ser un viaje más de traficantes de personas ilegales por territorio potosino".

Y añadió que "tampoco eran 23, como se empeñaban en decir fuentes oficiales de Guanajuato, y hasta el dueño de la empresa que rentó las dos camionetas".

La dependencia resaltó en su boletín frases como "al final la verdad siempre triunfa, y quedó al descubierto que los pasajeros de esas unidades eran indocumentados".

El reporte aclaró que "lo cierto es que fueron rescatadas más de 50 personas, la mayoría venezolanas, pero también de Honduras". El gobierno potosino criticó que "el hecho tal cual, con estos detalles, no fue dado a conocer por las autoridades de Guanajuato".

Las autoridades potosinas confirmaron la captura de dos delincuentes y aseguraron al menos seis vehículos, aparte de armas de diverso tipo, y que debieran ser de uso exclusivo del Ejército.

El flujo informativo potosino se tornó confuso porque los boletines salieron de tres dependencias: Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Según la Segob potosina, las acciones efectuadas en Matehuala dieron como resultado "un golpe sin precedentes" a grupos de la delincuencia organizada que tienen como modus vivendi el secuestro y la extorsión de gente en condiciones de migración. 

Y en otro párrafo del boletín gubernamental, Comunicación Social redactó que "la primera noticia sobre la pérdida de los supuestos turistas de Guanajuato avizoraba la posibilidad de muy graves consecuencias, sin embargo, las autoridades federales y potosinas pudieron darle vuelta a la página, y lo que en principio parecía una calamidad resultó en un éxito, que servirá para garantizar más la seguridad de automovilistas en la carretera 57 dentro de su tramo de Matehuala". 

Al final del comunicado, el gobierno estatal aprovechó para ejercer presión sobre las instancias federales, pues mencionó que "si el gobierno potosino y sus corporaciones ya se pusieron las pilas en el ataque frontal a estas mafias que comercian con el dolor de la gente migrante, ahora solo falta que haga lo propio la Fiscalía General de la República, los estados vecinos y la propia Federación, aunque en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional tuvieron un trabajo destacado".

Las reacciones en Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, reconoció que se trató de un caso de tráfico de migrantes, acusó inconsistencias de la comunicación potosina e hizo señalamientos al presidente municipal de San Felipe, Eduardo Maldonado Macías y a los propietarios de la empresa que rentó los vehículos al considerar que deben aclarar los hechos.

Osvaldo González, accionista y director operativo de Grupo Eifel, empresa que brindó el servicio de transporte a los viajeros guanajuatenses, dijo en entrevista para Carmen Aristegui que teme por su seguridad, ya que fue él quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía guanajuatense.

En La Quemada dicen no conocer a los viajeros; algunos proceden de la vecina comunicad de El Cubito. El misterio sigue entre versiones encontradas y juego de declaraciones entre dos gobiernos de diferente signo partidista y una realidad: la trata de personas, los asaltos, las extorsiones y los asesinatos; misterios que ya constaron una vida y que truncaron, por lo menos temporalmente, el sueño americano de “turistas” tanto de Guanajuato, como de otras entidades y de países de Centroamérica.