En fechas recientes se llevó a cabo, en la Ciudad de México, la Conservative Political Action Conference (CPAC). El encuentro de personajes ligados a la ultraderecha en Latinoamérica es, por así decirlo, una versión del evento que, con las mismas siglas, se celebra en Estados Unidos y que tiene, entre sus patrocinadores, a la Asociación Nacional del Rifle y diferentes organizaciones conservadoras. Tratar de englobar a la Extrema Derecha 2.0, como la llama el historiador italiano Steven Forti, implica abrir el panorama a un espectro que va desde el conservadurismo light de libre mercado a movimientos que, sin pudor alguno, niegan explícitamente las leyes y difunden un discurso de odio contra minorías raciales, religiosas, además de los estratos populares. 

Lo que me interesa poner sobre la mesa, más allá del coctel ideológico de la ultraderecha en el siglo XXI, es la libertad de expresión de la que gozan estas organizaciones y sus miembros más visibles. Uno de los miembros ultraderechistas mexicanos más visibles –estrella del CPAC para más señas– Eduardo Verástegui, sugirió, después de un sismo que ocurrió en septiembre del año pasado, que el movimiento tectónico había sucedido por la despenalización del aborto en nuestro país. Javier Milei, ultraderechista argentino, no se metió con la madre naturaleza, pero puso en duda, hace un par de meses, la cantidad de desaparecidos producto de la dictadura militar que gobernó su país. Otro personaje, académico del ITESO, Sergio Negrete Cárdenas, encontró una alarmante coincidencia y la compartió en su cuenta de Twitter en el 2020: el presidente de México cumpliría 66 años y 6 meses –666, el número del maligno– el 13 de mayo, justo cuando la curva de contagios por el Covid se aceleraba. Por supuesto, declaraciones de este tipo son comunes en una ultraderecha que lo mismo invoca al pensamiento mágico que pone en duda cualquier consenso sobre los derechos humanos. A pesar de las evidentes falsedades en el discurso radical conservador y el rechazo que provoca, estos personajes siguen atizando el fuego con afirmaciones cada vez más absurdas, confiando en que los algoritmos les darán visibilidad para encontrar nuevos públicos. Estos personajes tienen tribuna y, en el caso de los académicos, influencia y apoyo en los centros de estudio en donde trabajan. 

¿Qué pasaría si un empleado o trabajador comparte en sus redes sociales, alguna queja sobre el lugar en el que trabaja, o una crítica a sus jefes? Despojados de cualquier poder o influencia, pueden ser aislados o acosados hasta provocar su renuncia. Los algoritmos que clasifican a los trabajadores con sus datos personales y actividad en las redes sociales se vuelven instrumentos que segregan, de facto, a la gente que no forma parte de la élite. Incluso se les conmina a alejarse de cualquier cosa que huela a “ideología”, aunque se les anime a participar en iniciativas que defiendan la ideología de la empresa. Si tomamos en cuenta el modelo laboral inaugurado por Elon Musk, flamante dueño de la red social Twitter, el empleado de los próximos años tendrá que abstenerse de cualquier opinión que critique a la corporación que lo contrate. En un mundo en el que el trabajo se funde con la vida privada, el “modelo Musk” hará que cualquier fantasía totalitaria parezca juego de niños. 

Los radicales de derecha tienen los recursos suficientes como para no depender del visto bueno de un superior. La élite a la que pertenecen domina los medios de comunicación, empresas y centros de estudios. La mentalidad de rebaño y la disonancia cognitiva los hacen sentir que representan a un grupo que es mayoritario, a pesar de que la realidad muestre lo opuesto. Cuando la clase subalterna –término acuñado por Antonio Gramsci– da muestras públicas de inconformidad en tribunas ganadas trabajosamente, el grupo en el poder echa mano del victimismo para demonizarla. La amenaza imaginaria es uno de los falsos argumentos que exhibe la élite y, por supuesto, un instrumento para manipular a los que temen ser desclasados. Si los grandes grupos empresariales explotan la diversidad como un instrumento de marketing para sus negocios, por otro lado, financian organizaciones que van en contra de su postura pública, además de patrocinar a opinadores que dicen en público lo que ellos piensan en privado. De esta forma, dinamitan cualquier tipo de comunicación o debate.

A menudo escuchamos quejas sobre la polarización en el mundo y, particularmente, en el país. Lo que no se dice es que las quejas o reivindicaciones de los sectores populares (las consignas de movimientos como Poder Prieto que señalan el racismo sistémico en México) son acusadas, falsamente, como muestras de un supuesto neofascismo. Sin embargo, este aparente discurso radical se realiza, muchas veces, desde abajo, con muchas desventajas para los manifestantes. Por otro lado, aquellos que tienen el poder de su parte, no temen difundir una verdadera narrativa de odio –más o menos encubierta, según el personaje– que quizás puede ser censurada en algunos medios, pero que no sufre, en absoluto, ningún estigma social, pues los encargados de mantener, sin cambios, el statu quo, piensan y se comportan como muchos extremistas de la derecha. De esta manera lo radical, en su muy vasta acepción, se entrelaza con el privilegio. 

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