Cuando los revolucionarios franceses irrumpieron en la escena de la política mundial, lo hicieron con la declaración de que, a partir de ese momento, no es el soberano o la ley o la divinidad lo que demandará la lealtad de los ciudadanos, sino la nación. El Abad Sieyès, en su incendiario panfleto ¿Qué es el Tercer Estado? de 1789 expresó sucintamente este argumento: “La nación es anterior a todo. Es la fuente de todo. Su voluntad es siempre legal... El modo en que una nación ejerce su voluntad no importa; la cuestión es que la ejerce; cualquier procedimiento es adecuado, y su voluntad es siempre la ley suprema”. Veinte años y dos millones de muertos después, cuando las conquistas de Napoleón habían extendido la voluntad francesa por Europa, quedaba claro que en la conciencia de Europa había entrado una concepción completamente nueva de la vida política. A lo largo y ancho de todo el continente, los movimientos nacionalistas llamaban al pueblo a las armas contra los monarcas locales y los dominios imperiales, inflamándolos en nombre de ideas ficticias de raza y parentesco, oponiendo un idioma contra otro y un modo de vida contra el del pueblo vecino, y en general removiendo lo que quedara por remover después del caos que había sembrado Napoleón.

La devastación resultante ha sido descrita por Adam Zamoyski, en Holy Madness, y ha sido objeto de incontables comentarios por parte de historiadores que tratan de desentrañar las causas de las dos guerras mundiales[1]. Para cuando se restableció la paz después de 1945, con Alemania en ruinas y las naciones Estado de Europa del Este bajo el firme control soviético, estaba surgiendo un consenso entre la nueva clase política, la clase a la que se encomendó la reconstrucción de las naciones derrotadas. Según dicho consenso, el nacionalismo había desgarrado Europa y solo se podría asegurar el futuro del continente si se sustituían callada y discretamente las lealtades nacionales que habían causado tanta beligerancia por alguna otra cosa. Qué pudiera ser esa otra cosa era una cuestión diferente, un interrogante que quedó tan profundamente enterrado en el proceso de integración europea que ya no es posible responderlo.

Pero, ¿fue correcta la reacción al nacionalismo? Por expresar mi respuesta sucintamente: el nacionalismo como ideología es peligroso en tanto en cuanto las ideologías son peligrosas. Ocupa el espacio que ha dejado vacío la religión, y al hacerlo impele al verdadero creyente a adorar la idea nacional y a buscar en ella lo que no puede proporcionar: el propósito último de la existencia, el modo de redimirse y el consuelo a todas nuestras desdichas. Esa es la idea nacional tal como Sieyès la invoca y tal como aparece en la literatura de la Alemania nazi. Pero no es la idea de la nación tal como se presenta en la vida cotidiana corriente del pueblo europeo. Para la gente corriente, que vive en libre asociación con sus vecinos, la nación significa sencillamente la identidad histórica y la lealtad sostenida que les une dentro del cuerpo político. Es la primera persona del plural del asentamiento. El sentimiento de identidad nacional puede inflamarse por la guerra, la agitación civil y la ideología, y esta inflamación admite muchos grados. Pero en su modalidad habitual este sentimiento no solo es pacífico en sí mismo, sino una forma de paz entre vecinos.

Precisamente porque podemos definir nuestra pertenencia en términos territoriales, en los países occidentales disfrutamos de las libertades elementales que para nosotros son los cimientos del orden político. En estados basados en una obediencia religiosa más que secular, la libertad de conciencia es un activo escaso y amenazado. Pero nosotros tenemos no sólo libertad para disentir públicamente con otros sobre cuestiones de fe y vida privada, sino también para satirizar la solemnidad y ridiculizar la insensatez, incluyendo la solemnidad y la insensatez de tipo sagrado.

Hacia finales del siglo XVII, a medida que la Ilustración extendía su influencia por todo el orbe cristiano, éste estaba empezando a aceptar que gestionamos nuestros asuntos en este mundo aprobando nuestras propias leyes, y estas leyes eran humanas, seculares, y a ser posible neutrales allí donde varias confesiones religiosas compiten entre sí dentro de un mismo estado. En el caso de que se dé un conflicto aparente entre la ley secular y la obediencia religiosa, es ya un principio aceptado en nuestra sociedad que prevalece la ley civil. La esperanza ha sido que estas dos esferas de deberes, la sagrada y la secular, se mantengan lo bastante separadas como para que no haya nunca ningún o muy escaso solapamiento entre ambas. Por decirlo claramente, la religión, en nuestra sociedad, se ha convertido en un asunto privado que no impone obligaciones sobre el público en su conjunto.

No debe dudarse de que nuestra herencia de ley civil es preciosa, algo que deberíamos proteger frente a las numerosas amenazas. Es nuestra principal defensa contra lo que Tocqueville y John Stuart Mill denunciaron como la tiranía de la mayoría. La opinión mayoritaria puede equivocarse; los deseos de la mayoría pueden ser malvados; la fuerza de la mayoría puede ser peligrosa. Hay algo más importante que la mayoría, a saber, la persona que disiente de ella. Debemos proteger a esa persona. Es quien puede plantear la pregunta que ninguna muchedumbre quiere escuchar, que es la pregunta de si esto es correcto. Mientras no se proteja la oposición, por tanto, no hay puerta alguna por la que pueda entrar en los asuntos de gobierno. Pero, ¿cómo se protege la oposición? ¿Qué hace posible que la gente se ponga de acuerdo en estar en desacuerdo?

En las familias es habitual que la gente se reúna a discutir cuestiones de interés común. Habrá muchas opiniones, posturas opuestas, e incluso facciones. Pero en una familia feliz todos aceptarán quedar obligados por la decisión definitiva, incluso si no se está de acuerdo con ella. La razón es que tienen un interés común en permanecer juntos. Hay algo más importante para todos ellos que su propia opinión, y ese algo es la propia familia, la cosa cuyo bienestar y futuro se han reunido para discutir. Por decirlo de otro modo: la familia es parte de la identidad de sus miembros, es lo que no cambia aunque sus distintas opiniones cambien y entren en conflicto. Una identidad compartida elimina el veneno del desacuerdo. Es lo que hace posible la oposición y, por tanto, toda discusión racional, y es la base de cualquier forma de vida en la que la norma es el compromiso en lugar de la dictadura.

Lo mismo es cierto en política. La oposición, el desacuerdo, la libre expresión del disenso y el recurso al compromiso presuponen una identidad común. Tiene que haber una primera persona del plural, un “nosotros”, para que los diversos individuos permanezcan juntos, aceptando los unos las opiniones y deseos de los otros, con independencia de los desacuerdos. La religión proporciona una primera persona del plural: puede definirme como cristiano o musulmán, y eso podría bastarme para vincularme a mis correligionarios, incluso si disentimos en materias de ordinaria administración. Pero ese tipo de primera persona del plural no se presta fácilmente a la política democrática. En especial, no acepta el más fundamental desacuerdo dentro del Estado, entre los fieles que aceptan la doctrina gobernante y los que no. Esa es la razón por las que las democracias necesitan un “nosotros” nacional más que religioso o étnico. El Estado nación, como lo concebimos, es el subproducto de la vecindad humana, moldeado por la mano invisible de incontables acuerdos entre personas que hablan el mismo idioma y viven cerca. Es resultado de compromisos establecidos tras muchos conflictos, y expresa el acuerdo moldeado lentamente entre vecinos para concederse mutuamente un espacio y proteger ese espacio como territorio común. Ha absorbido conscientemente las minorías étnicas y religiosas dentro de su territorio, adaptándolas, igual que éstas se han adaptado al Estado nación. Depende de costumbres localizadas y de una rutina de tolerancia compartida. Su ley es territorial en vez de religiosa y no invoca fuente de autoridad más alta que el patrimonio tangible que comparte el pueblo.

Todos esos rasgos son fortalezas, ya que alientan una forma adaptable de lealtad prepolítica. A menos que la gente se identifique con el país, su territorio y su patrimonio cultural -de un modo similar a como se identifica con una familia-, y hasta que llegue ese momento, no surgirá la política del compromiso. Tenemos que tomarnos en serio a nuestros vecinos, como personas con igual derecho a una protección, por quienes, en momentos de crisis, se nos podría exigir que afrontáramos un peligro mortal. Hacemos algo así porque creemos pertenecer a un hogar común. La historia del mundo lo prueba: allí donde la gente se identifica en términos que sus vecinos no comparten, el Estado se viene abajo ante la primera crisis seria, como ha sucedido en la antigua Yugoslavia, en Siria, en Somalia o en Nigeria en la actualidad.

Hay otra razón aún más profunda para adherirse a la nación como fuente de obligaciones legales. Solo cuando la ley deriva de la soberanía nacional puede adaptarse a las condiciones cambiantes de la gente. Vemos esto claramente en el fútil intento de los modernos estados islámicos de vivir siguiendo la sharía. Las escuelas originales de jurisprudencia islámica, que surgieron tras el reinado del Profeta en Medina, permitían a los juristas adaptar la ley revelada a las necesidades cambiantes de la sociedad, por un proceso de discernimiento conocido como ‹ijtihad› (‹esfuerzo›). Pero esto parece haber llegado a su fin en el siglo VIII de nuestra era, cuando la escuela teológica entonces dominante decretó que ya se habían definido todas las cuestiones importantes y que ‹las puertas de la ijtihad se han cerrado›[2]. Este parecía ser el único modo de mantener la autoridad de los decretos absolutos y eternos de Dios frente a la pecadora y reincidente conducta humana. De aquí que hoy, cuando los clérigos se hacen con el poder, la ley se retrotrae a preceptos pensados para el gobierno de una comunidad que desapareció hace mucho tiempo.

Por decirlo en pocas palabras, la ley civil se adapta, mientras que la ley religiosa se perpetúa. Además, precisamente porque la sharía no se ha adaptado, nadie sabe realmente qué dice. ¿Nos exige que lapidemos a muerte a las adúlteras? Algunos dicen que sí, otros que no. ¿Nos dice que invertir dinero a un interés es siempre ilícito? Unos dicen que sí, otros que no. Cuando Dios hace las leyes, las leyes se vuelven tan misteriosas como el propio Dios. Cuando nosotros hacemos las leyes, y las hacemos para nuestros fines, podemos estar seguros de lo que significan. La única pregunta, pues, es quién es ese “nosotros”. Y, en las condiciones modernas, la nación es la respuesta a esa pregunta, una pregunta sin cuya respuesta andamos todos perdidos.

Como he señalado, al terminar la Segunda Guerra Mundial la élite política en las naciones derrotadas se volvió escéptica con respecto al Estado nación. La Unión Europea surgió de la creencia de que las guerras europeas las había causado el sentimiento nacional, y que lo que se necesitaba era una forma nueva, transnacional, de gobierno, que uniera a la gente en torno a su interés común en una coexistencia pacífica. Desgraciadamente, la gente no se identifica así. No hay una primera persona del plural de la que las instituciones europeas sean el reflejo político. La Unión se basa en un tratado, y los tratados derivan su autoridad de las entidades que lo firman. Esas entidades son las naciones Estado europeas, de las que derivan las lealtades del pueblo europeo. La Unión, que se ha propuesto transcender esas lealtades, sufre, por tanto, adolece una permanente falta de legitimidad.

Las leyes inspiradas por Dios tienen el carácter inmutable e inescrutable de su autor. Pero lo mismo puede decirse de las leyes derivadas de los tratados. Los tratados son manos muertas, y solo deberían imponerse a un país para fines específicos y esenciales, nunca como un medio de gobernarlos. Así, cuando se firmó el Tratado de Roma en 1957 incluía una cláusula que permitía el libre movimiento de capitales y mano de obra entre los Estados firmantes. En ese momento, los ingresos y oportunidades eran aproximadamente equivalentes entre los escasos países que firmaron. Ahora las cosas son muy distintas. La Unión Europea se ha ampliado (sin un mandato popular) hasta incluir la mayoría de los Estados excomunistas de Europa del Este, cuyos ciudadanos tienen ahora el derecho a residir dentro de las fronteras nacionales de Gran Bretaña, compitiendo en el mercado de trabajo en un momento en que el país tiene más de dos millones de parados y cuando sus infraestructuras y su tejido urbano empieza a dar señales de exceso de población. Muchos ciudadanos británicos se sienten descontentos con esto. Pero como la ley que lo permite está inscrita en un tratado, y el tratado tiene precedencia sobre la legislación emanada del Parlamento, no hay nada que pueda hacerse sobre el asunto. Es como si también los británicos estuvieran gobernados por una especie de ley religiosa, en la que la voluntad de Dios resuena en cada edicto, impidiendo hasta las alteraciones más necesarias por razones que nunca se pueden averiguar.

¿Por qué el experimento de un gobierno federal, que ha llevado a un imperio irresponsable en Europa, llevó a una democracia viable en América? La respuesta es sencilla: porque el federalismo americano no creó un imperio, sino un Estado nación. Esto sucedió a pesar de la disputa sobre los derechos de los estados, a pesar de la Guerra Civil, a pesar del legado de la esclavitud y los conflictos étnicos. Sucedió por el asentamiento americano que estableció el imperio de la ley civil, una jurisdicción territorial y un idioma común en un lugar donde la gente se apresuraba en reclamar como hogar. En el asentamiento americano, la gente habría de tratarse unos a otros, primera y principalmente, como vecinos, no como miembros de una misma raza, clase, etnia o confesión religiosa, sino como compañeros colonizadores en la tierra que compartían. Su lealtad hacia el orden político se desarrolló a partir las obligaciones de vecindad; y las disputas entre ellos se dirimían mediante la ley de la tierra. La ley actuaba dentro de los límites territoriales definidos por el previo apego de la gente, y no por alguna burocracia transnacional susceptible de ser manipulada por gente para quienes esas fronteras no significaban nada.

En definitiva, la democracia necesita fronteras, y las fronteras necesitan un Estado nación. Todas las maneras en las que la gente llega a definir su identidad en términos del lugar al que pertenece juegan algún papel en el afianzamiento del sentido de nacionalidad. Por ejemplo, la common law anglosajona, en la que las leyes surgen de la resolución de conflictos locales en vez de imponerlas el soberano, ha jugado un papel importante en instilar en ingleses y americanos la idea de que la ley es la propiedad común de todos los que residen dentro de su jurisdicción más que la creación de sacerdotes, burócratas o reyes. Un idioma y un plan de estudios comunes tienen un efecto similar al hacer de la familiaridad, la proximidad y la costumbre cotidiana fuentes de un apego compartido. Lo esencial de las naciones es que crecen desde abajo, mediante hábitos de libre asociación entre vecinos, y se traducen en lealtades vinculadas a un lugar y su historia, más que a una religión, una dinastía o, como en Europa, a una casta política que se autoperpetúa. Las naciones pueden amalgamarse en conjuntos más complejos, como se han amalgamado Gales, Escocia e Inglaterra, o pueden desgajarse como los checos y los eslovacos, o como se fragmentará algún día el Reino Unido cuando los escoceses reclamen su soberanía. Las fronteras nacionales pueden ser fuertes o débiles, porosas o insalvables, pero en cualquier caso proporcionan a la gente una identidad a partir de la cual derivar sus derechos y deberes como ciudadanos y su lealtad hacia aquellos de los que más próximamente dependen para asegurar la paz civil.

Aquí, por tanto, está la verdad del nacionalismo, tal como yo la veo. Cuando nos planteamos la pregunta de a qué pertenecemos y qué define nuestras lealtades y compromisos, no encontramos la respuesta en una obediencia religiosa común, menos aún en lazos tribales o de parentesco. Encontramos la respuesta en las cosas que compartimos con nuestros conciudadanos, y en especial en aquellas cosas que sirven para sustentar el Estado de Derecho y las formas consensuadas de la política.

La primera de estas cosas es el territorio. Estamos convencidos de habitar un territorio común, definido por la ley, y creemos que ese territorio es nuestro, el lugar en el que estamos y en el que, a su vez, estarán nuestros hijos. Incluso si hemos llegado aquí desde otra parte, eso no altera el hecho de que tenemos un compromiso con este territorio, y definimos nuestra identidad -al menos en parte- en función de ese territorio.

De casi la misma importancia son la historia y las costumbres con las que se ha asentado la gente en ese territorio. Se dan aquí rituales y costumbres que vinculan a los vecinos en un sentimiento de hogar compartido. Estos rituales y costumbres pueden incluir servicios religiosos, pero no son en absoluto esenciales, y estar abiertos a interpretaciones cuando es necesario incluir a algún vecino que no comparte nuestra fe. Por tanto, las historias y costumbres de la patria son cada vez más seculares. Las historias pueden no ser literalmente ciertas; pueden incluir grandes áreas de mitos, como las historias que cuentan los franceses sobre Juana de Arco, sobre la Bastilla y sobre la Revolución, o las historias que cuentan los escoceses sobre Robert Bruce y sobre las rebeliones jacobitas. Las historias son producto de las lealtades compartidas, no su origen: la lealtad no surge porque se crean estas historias, sino que las historias se crean porque la lealtad las demanda. Y las historias cambian para adaptarse a la cambiante primera persona del plural de pueblo. Son, como las define Platón, nobles mentiras: falsedades literales que expresan verdades emocionales. Un ser racional las verá como realmente son, pero aun así las respetará, como respeta las convicciones religiosas que no comparte y los héroes de otras naciones.

De aquí que los mitos nacionales tiendan a ser de tres tipos: historias de gloria, historias de sacrificio e historias de emancipación, cada una reflejada en los libros de historia del momento. Las historias victorianas narran el relato de la Isla Bendita y su defensa, de la Revolución Gloriosa, de la construcción del gran imperio donde nunca se ponía el sol. Debajo de esos relatos gloriosos emerge una historia de sacrificio, que fue el mito nacional que sostuvo al pueblo británico en medio de dos guerras mundiales. Nada representa más vivamente esta transición de la gloria al sacrificio que la película de los Estudios Ealing: Scott en la Antártida, rodada en 1948 para celebrar el espíritu que había sostenido al pueblo británico en sus penalidades en la Segunda Guerra Mundial. Como podemos apreciar hoy, la expedición de Scott no tenía otro motivo que la competitividad de los colegiales; fue en la más fútil de las gestas donde se pusieron a prueba hasta el extremo las virtudes inglesas. Scott y su equipo eran la imagen transcendental del ‹buen perdedor›, el jugador que lo sacrifica todo con una sonrisa y que yace enterrado lejos del hogar sin otro logro que la honorable conducta que mantuvo hasta el final. La victoria en la Segunda Guerra Mundial había costado al pueblo británico todo lo que tenía. Pero en la muerte de Scott estaba la prueba de que la pérdida es ganancia.

Desde entonces, el mito del sacrificio ha dado paso al mito de la emancipación, y los manuales de historia se han vuelto a reescribir. Ahora el relato de Gran Bretaña empieza con la emancipación de los esclavos, pasa de la emancipación de los obreros a la de las sufragistas y acaba con la emancipación de todo el mundo en la actual sociedad igualitaria: ese es el mito que escenificó la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Londres en 2012 a cargo de Danny Boyle, recibido con orgullo por la multitud. Define el nuevo plan de estudios en historia en nuestros colegios, y aunque apenas contiene un adarme de verdad, tiene la singular ventaja - que comparte con los relatos franceses de la Revolución- de que puede aceptarlo la gente de izquierdas y así unirnos en una identidad común.

Nuestra narrativa nacional puede cambiar, pero lo que subyace es algo que siempre permanece: la ley civil. Quienes nos hemos criado en el mundo de habla inglesa hemos internalizado la idea de que la ley existe para hacer justicia entre las partes individuales, más que en imponer un régimen uniforme de decretos. Otros sistemas occidentales también han reforzado el apego de los ciudadanos al orden político, sobre todo al Derecho Romano y sus muchas derivaciones (como el Código de Napoleón). Desde los primeros momentos de la Cristiandad se hizo evidente que el Nuevo Testamento no pretendía sustituir el derecho de la autoridad imperial, sino abrir un espacio para el crecimiento espiritual dentro de ésta. En sus parábolas, Cristo insistía en que había que obedecer a la ley civil, y que nuestros deberes hacia Dios no nos exigen desafiarla o sustituirla. Tampoco debíamos prestar demasiada atención a los puntillosos edictos de la Torá, ya que “el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado”.

Para alguien criado en la doctrina de que la ley legítima viene de Dios y de que le debe obediencia por encima de todas las cosas, las pretensiones de la jurisdicción civil resultan, en el mejor de los casos, irrelevantes, cuando no una usurpación. Ese es el mensaje de los escritos de Sayyid Qutb, especialmente de Hitos (Ma‘alim fi al-Tariq, 1964). En esa obra, Qutb denuncia la ley civil, la identidad nacional y el intento de establecer un orden político puramente humano sin referencia a la voluntad revelada de Dios: todo esto es blasfemo a ojos de Qutb. Entre los seguidores de Qutb se encuentran Osama Bin Laden y su sucesor, Ayman al-Zawahiri, los cuales deseaban establecer en la Península Arábiga el reino de Dios, de modo que la ley revelada al Profeta pudiera gobernar la patria del Profeta como primer paso hacia su gobierno de todas las demás tierras. Mientras, su base -alqa‘eda- se ha establecido en el ciberespacio, una ubicación muy adecuada para una causa que no está en ningún lugar en concreto y en todas partes en general.

Lo que los movimientos islamistas prometen a sus adherentes no es la ciudadanía bajo una jurisdicción territorial, sino la hermandad -ikhwānbajo el imperio de Dios. Aunque el objetivo expreso es la umma islámica mundial, en la que todos los fieles estarán unidos en una común obediencia, la experiencia real de la hermandad es selectiva y exclusiva; nunca se extiende demasiado sin exponerse a violentas y súbitas refutaciones. La asociación de hermanos no es una entidad nueva, una corporación que pueda negociar en nombre de sus miembros. Sigue siendo esencialmente plural, siendo ikhwān el plural de akh, hermano, usado para denotar la reunión de personas que piensan lo mismo convocadas por un compromiso común, más que una institución que pueda reclamar una soberanía sobre los mismos o representarles a los ojos del mundo. Los hermanos no aceptan órdenes: actúan juntos como una familia hasta que se pelean y luchan entre sí[3].

Las distinciones que he venido haciendo entre la herencia política occidental, basada en la ley civil y el Estado nación, y la visión islámica tradicional, basada en la ley divina, la hermandad y la sumisión a una fe universal, son, naturalmente, solo una parte de la historia. El mundo islámico ha ido evolucionando en muchos sentidos hacia nuevas direcciones, y la diferencia entre un país como Irán, con una fe chií antaño disidente y una larga tradición de erudición religiosa y literatura profana, y un país como Yemen, en zonas del cual la vida sigue siendo tal como la conoció el Profeta, es tan grande como la diferencia de cualquiera de los dos con cualquier país occidental. No obstante, el mundo islámico mantiene su recelo ante las divisiones nacionales impuestas por las potencias occidentales y las Naciones Unidas. Es, por tanto, inevitable que los islamistas vuelquen su resentimiento contra Occidente, que ha creado y les impone una forma de orden político que les es ajena.

Sin embargo, la oposición a la idea de nación no solo viene del exterior. Si uno se fija en los órganos de opinión de Gran Bretaña y Europa y en instituciones tales como las universidades, en las que se expresa y desarrolla la autoconsciencia europea, encuentra por todas partes una cultura de rechazo. Tómese cualquier aspecto de la herencia europea del que nuestros ancestros se sentían orgullosos, y se verá que existen cursos universitarios dedicados a deconstruirlo. Tómese cualquier rasgo positivo de nuestro patrimonio político y cultural y se verán esfuerzos concertados en los medios y el estamento docente para ponerlo entre comillas y hacerlo parecer una impostura o un engaño. Y hay un importante segmento de la opinión política en la izquierda que trata de respaldar estas críticas y convertirlas en iniciativas políticas.

Es a esta ‹cultura del rechazo›, como la he llamado, a lo que debemos atribuir los recientes ataques al Estado nación y a la idea nacional. Pero el conservadurismo es una cultura de afirmación. Trata de las cosas que valoramos y de las cosas que deseamos defender. Quien entienda lo que está en juego en el conflicto global que se desarrolla hoy, estoy convencido, verá que la nación es una de esas cosas que debemos conservar. En lo que sigue, por tanto, apelaré a las personas que identifican sus derechos y deberes políticos en términos nacionales, y que han aprendido a poner a Dios en el lugar que le corresponde.

Fragmento del libro Cómo Ser Un Conservador. Roger Scruton. HomoLegens. 2018. Traducción de Carlos Esteban. Publicado con autorización de sus editores.

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Roger Scruton (Gran Bretaña, 1944 – 2020). Filósofo y escritor británico conocido por sus trabajos en estética, política y ética. Defensor del pensamiento tradicional, la belleza y la cultura occidental, fue una figura destacada en el debate público, contribuyendo a la renovación del conservadurismo moderno.

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