sábado. 07.06.2025
El Tiempo

¿Gobernar?

“¿Qué gobernar no es una función social y pública, de servicio, de compromiso, de hacer que la vida y nuestros derechos humanos sean garantizados desde las instituciones del Estado, más allá de los partidos políticos?...”

El 90% de los chicos que nacen en hogares pobres mueren pobres, por más capaces que sean; más del 90% de los chicos que nacen ricos mueren ricos, por más estúpidos que sean. Por lo tanto, el mérito no es un valor.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía

Todo indica que el último año de gobierno, tanto del presidente Peña como del gobernador Márquez en Guanajuato, será de un ejercicio político desde lejanía con la realidad. Eso no significa que no lo haya sido desde el principio. Cada uno impuso una agenda: la de Peña Nieto, una reformista en la lógica neoliberal; la de Márquez ha sido que el PAN continúe en el poder, y mantener de forma inflexible el proyecto que se fue perfilando desde que llegó Carlos Medina de manera forzada al gobierno estatal. 

Un presidente que continuó un programa de gobierno, siguiendo al pie de la letra la estrategia iniciada por Carlos Salinas de Gortari de instalar el marco jurídico de la visión del neoliberalismo, y que logró quitar al Estado su función como regulador del mercado y garante de los derechos sociales de las y los mexicanos -vulnerando especialmente los derechos de los trabajadores-, dejando que el mercado sea quien establezca las pautas del desarrollo social a costa de la calidad de vida y de la dignidad de las personas que conformamos el pueblo de México. 

Los datos duros ahí están: trabajos precarios, salarios bajos, educación sin inversión real y la inversión en ciencia y tecnología no llegó al 0.5 del PIB. La reforma laboral, la fiscal, la energética, la educativa, son hoy un lastre que ahora estamos pagando y cuya factura, junto con el Fobaproa, seguirán con cargo a nuestros impuestos, pero sobre todo en nuestra espalda, ante la acelerada baja en la calidad de vida.

Los resultados de la prueba Planea que presentó el INEE -Instituto Nacional de Evaluación Educativa- en días pasados, confirma la realidad educativa del país y muestra las brechas que hay entre pobres y ricos. La brecha es más profunda cuando se comparan resultados de estudiantes de comunidades indígenas y el resto de los estratos sociales, confirmando que ser pobre e indígena es una condena social. El informe afirma: “Las poblaciones más pobres alcanzan menores aprendizajes. La educación no está alcanzando su cometido de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza…” y eso que el PRI presume que se redujo en dos millones el número de pobres, en un país en donde más de 58 millones de personas lo son. El INEE afirma que los resultado de la prueba son muy similares a los obtenidos en 2015, dejando en claro el efecto de quitar el 15.7% al gasto educativo en lo que va del sexenio.

Un año de Hidalgo, como se le dice popularmente al último año de gobierno, pero también un año de control de daños. Con un gobierno que vuelve a confirmar “que no entiende” lo que es gobernar. Un presidente que se queja de que le hacen bullying y que ahora dice que son irritantes las redes sociales y que no se valora lo logrado, pero que no alcanza a ver, a oír, a comprender que su estilo y desempeño de gobierno tiene la más baja valoración en aceptación y confianza, lo cual indica que su equipo, su séquito, lo mantiene en una burbuja forrada de espejos que no lo deja ver más allá de sí mismo.

En Guanajuato, tierra de José Alfredo Jiménez, no se cantan mal las rancheras. Los desplantes del gobierno por los reclamos de la sociedad ante la cruenta e inaceptable ola de violencia, y el incremento de la percepción sobre la inseguridad en la población, son resueltos con el desdén propio del poder, pero también desde la falta de gestión y de un buen cabildeo con la federación, con las y los legisladores federales de Guanajuato, que es el pretexto que ahora se da por no contar con mejores normas jurídicas. Dicho sea de paso, nuestros representantes estatales en las Cámaras de Diputados y Senadores, sin importar el partido político –aunque la mayoría son del PAN y unos pocos del PRI- resultaron los peor evaluados a nivel nacional en sus tareas y responsabilidades legislativas en 2017. Así, el “yo ya hice lo que pude” se puede leer de muchas maneras; una de ellas es “yo ya me voy”. 

Las declaraciones recientes del exgobernador Juan Manuel Oliva muestran que el PAN ha gobernado para sólo mantenerse en el poder, y ahora está preocupado por ganar en las próximas elecciones como sea, y demuestra una gran arrogancia al afirmar que en Guanajuato ganará el PAN porque se tiene confianza en la capacidad del partido para atender el problema de la inseguridad. Desde su talante católico en el pecado llevará la penitencia, porque a Oliva Ramírez se le olvida que la percepción también es realidad, y que si las personas están más que preocupadas por el incremento de la delincuencia, no sólo es por las ejecuciones o por el robo de combustibles o por lo que se comparte en las redes sociales, sino por el alza sostenida de los robos a casa habitación, de los asaltos a mano armada, de las violaciones, de los feminicidios, de los robos de vehículos, por los secuestros y extorsiones, pero también por la falta de resultados, por la impunidad, por la corrupción, por la ineficacia en las estrategias de prevención del delito, por la falta de policías confiables, por la falta de profesionalización de los cuerpos de seguridad, por la falta de profesionalismo, de capacidad y sentido humano de los ministerios públicos, por la falta de resultados del Programa Escudo.

Un año de gobierno que quedará opacado por las campañas electorales; un año de acomodos, de pago de favores, de cubrirse las espaldas-. Seguramente un año donde al final del sexenio estatal se repartan los nombramientos de las nuevas notarias -que es ya una tradición de los gobernadores panistas-, un año de autorizar fraccionamientos en toda la entidad, un año de buscar pasar de largo ante los problemas y conflictos sociales para buscar votos a cambio de promesas. Un año donde gobernar será estarse tomando selfies y cuidando las notas de prensa, queriendo controlar la información en medios, viendo qué información se pondrá bajo reserva de ley; un año de cerrar filas para maquillar resultados, para esconder errores y omisiones bajo la alfombra. Un año para mantener el romance con el gobierno de Peña Nieto –de ahí la sana y lejana distancia de Márquez con Javier Corral el gobernador de Chihuahua que es de su propio partido, pero su ausencia y falta de respaldo nos dice “que calladito se ve más bonito”.

Peña Nieto dijo que no se iba a meter en las campañas políticas, que sería respetuoso del proceso electoral. No es cierto; no lo ha podido hacer, no quiere hacerlo, no sabe cómo hacerlo, porque en el fondo quiere al final del sexenio gobernar, pero, no entiende que no sabe qué es eso, y ahora desea hacerlo bajo el principio no escrito de la incondicionalidad que le debe profesar José Antonio Meade por haberlo ungido como su candidato. 

¿Así se debe gobernar? ¿Eso es gobernar? ¿Gobernar es sólo autoimagen? ¿Es nada más autoestima? ¿Es mantener el poder? ¿Qué gobernar no es una función social y pública, de servicio, de compromiso, de hacer que la vida y nuestros derechos humanos sean garantizados desde las instituciones del Estado, más allá de los partidos políticos?