En el país en donde no pasa nada, se instala tristemente la negación como principio de gobierno. Negar todo, se convierte en principio rector del actuar gubernamental. En las redes sociales circula este mensaje: “Pórtate mal, borra todas las evidencias y niégalo todo”. Así parece que es cómo actúa un buen número de funcionarios gubernamentales, y no sólo se trata de lo que hacen, sino de lo que dejan de hacer. 

En el país del ahí se va, del ya merito, del todavía no está listo, dése otra vuelta más tarde, se instala de manera natural el retraso en la entrega de obra pública, de calles, avenidas, escuelas, hospitales, equipamiento urbano. Todo mundo sabe que no van a terminar en el plazo anunciado y que es un hecho que la calle quedará cuando le dé la gana al responsable del municipio, o al capricho de la constructora que realiza la obra. Si es obra estatal los responsables son otros, pero la obra pareciera que nunca estará completa y bien hecha. No importan los términos de referencia o las condiciones del contrato; la urgencia y necesidad de que queden bien las obras públicas en favor de la ciudadanía, es el último criterio que se considera. 

Podemos ver cómo la planeación se convierte en una declaración de buenas intenciones. 

Todos los imprevistos imaginables suceden y los servicios prometidos tardan, y con ello superan como por arte de magia los costos acordados, y en muchos casos quedan mal. 

Calles y ciclovías recién inauguradas que presentan fracturas en el concreto hidráulico usado, una señalética que a unas cuantas semanas se despinta y se cae. Sistemas de riego que no funcionan en parques y avenidas, o que no son utilizados. Lo mismo pasa con el equipamiento urbano: parques lineales, áreas de juego o de ejercicio que se hacen viejas, sucias y obsoletas en un abrir y cerrar de ojos. Parques, jardines y áreas verdes que se dejan secar, para las que el municipio paga por la conservación y mantenimiento como mero acto simbólico, a la vez de que es incapaz de exigir resultados. 

Hace unos días un amigo escribió en su muro de Facebook lo siguiente: “En Guanajuato no hay dengue, No hay violencia, No hay maltrato a la mujer, No hay gobierno...” alguien agregó en un comentario “No hay narcotráfico…”. El que se formule la negación como actuar de gobierno coloca a las autoridades dentro del fracaso de las instituciones del estado. Podemos agregar: No hay trata de personas, no hay huchicoleros, no hay explotación infantil, no hay tráfico de influencias… y otras tantas negaciones que se pueden formular en tono de sarcasmo social, o pueden ser leídas también como simple cinismo gubernamental. 

A esto se agrega en los hechos que en Guanajuato hay una serie de carencias y faltantes desde el mandato constitucional en favor de los Derechos Humanos de las y los guanajuatenses. Así, resulta, que no toda la educación es de calidad, que no hay transporte seguro y de calidad, que no cumplen los programas de política social con sus objetivos, que no hay programas exitosos y permanentes de prevención del delito, que no hay estrategias de mediano y largo plazo para atender el problemas de las adicciones, que no tenemos ciudades diseñadas para las personas con capacidades diferentes, que no hay readaptación social en sistema penitenciario, que no hay salarios dignos y ni trabajo seguro, que no hay oportunidades reales para romper los círculos de la miseria y la pobreza, que no hay cobertura completa de los servicios de salud. La lista puede crecer de manera geométrica. Algo se rompió desde hace algún tiempo. La fractura entre el gobierno, sus responsabilidades y las necesidades de la población, que se expresa –no sin drama- de la exclusión, de la discriminación, de la carencia, del atraso, del olvido, de la impunidad, de la corrupción y de la injusticia social. 

Las instituciones dejaron de hacer su trabajo, o lo hacen en una nueva cultura, esa que naturaliza y justifica el presidente Peña Nieto, esa en la que todos –según su mirada- somos corruptos, en la que la corrupción es un asunto cultural, esa que nos reclama el presidente ,“porque vemos un semáforo descompuesto en la esquina y se le echa la culpa al gobierno, a la corrupción”, argumento que poco vale desde su actuar como primer mandatario, y más si recordamos que negó conocer al dueño de Odebrecht y que hace unos días, por fin reconoció que sí se había reunido en varias ocasiones con Marcelo Odebrecht, en el contexto del escándalo de corrupción que envuelve a esa empresa con muchos gobiernos de América Latina, incluido el mexicano. Esa posición de autoridad en la que se lavan las manos, que busca relativizar los hechos y quiere avalar la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la impunidad, con argumentos del tipo “en el mundo pasan muchos socavones, y en México se hace un escándalo por el del paso exprés en Morelos”, como una forma más de negación de la realidad. 

Con el caso de la epidemia de dengue en Guanajuato pasó lo mismo. Negación y ahora justificación. Los decesos de personas diagnosticadas con la enfermedad fueron negadas, y se quiso encubrir los hechos. Ahora se reconoce el problema de salud pública. Las instituciones y sus autoridades, primero niegan y luego tienen que aceptar la realidad. 

Lamentable forma de gobernar para el bienestar de la sociedad. 

La negación es un mal principio si se usa para gobernar. La transparencia, la verdad, la honestidad, y la rendición de cuentas son principios de gobierno, tanto para el sector público como para el privado. La opacidad, la mentira, el encubrimiento, la corrupción y la impunidad, son parte del deterioro de la confianza y credibilidad que ahora se tiene de las instituciones del estado, de los partidos políticos, del gobierno y de las empresas. 

Continuar en la negación es cerrar los ojos a la realidad, y la factura que cobra la realidad es muy costosa.