Camino al relevo en la dirigencia nacional panista, como estribillo en canción de Arjona, cuatro exgobernadores surgidos del Partido Acción Nacional, machacaron ante el jefe del CEN, Gustavo Madero, su preocupación porque el PAN haya perdido su vocación y su compromiso con los ciudadanos.

Los exgobernadores panistas Carlos Medina (interino, en Guanajuato) Alberto Cárdenas (Jalisco) Fernando Canales (Nuevo León) Fernando Elizondo (sustituto, en Nuevo León), y Ernesto Ruffo (Baja California), se reunieron con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, Gustavo Madero y con la secretaria general, Cecilia Romero.

Pese a su desmentido expreso, éstos y otros exgobernadores panistas, según sus propios dichos -en el caso de Ruffo, al menos-, y algunos trascendidos, estarían detrás de la precandidatura a la presidencia del CEN de otro ex de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks.

Ni siquiera consideran como una posibilidad la eventual reelección de Gustavo Madero, aunque de sus propias filas tampoco se descartan algunas defecciones, si Josefina Vázquez Mota termina de deshojar la margarita y decide buscar la posición.

En la alineación de exgobernadores -con evidentes bajas, como la de Juan Manuel Oliva, quien cuenta una y otra vez sus canicas-, juran que no pretenden convertirse en una corriente ideológica al interior de su partido; y que no son una tercera vía en la ruta de la sucesión, que están ahí por el PAN que los “inspira”.

Al menos ese fue el discurso de Ernesto Ruffo, gobernador de Baja California de 1989 a 1995, quien pidió que también se anote en el grupo, a Francisco Barrio, exgobernador de Chihuahua (1992 – 1998).

Fernando Canales Clariond, gobernador de Nuevo León de 1997 a 2003, dijo algo que los panistas de por acá, abstraídos en 22 años en el gobierno del estado y recién idos después de 24 años de gobierno en León, ya debieran tener muy claro: el PAN es la tercera fuerza política nacional. Por supuesto, dio que se tiene que trabajar para recuperar los valores del partido y la honestidad y no buscar un puesto y servir a México y. . .

Alberto Cárdenas, gobernador de Jalisco, de 1995 a 2001, es de los que defienden con uñas y dientes que la del Pacto por México, en la que van de la mano con el presidente de la República, el priista Enrique Peña Nieto, es en realidad una “agenda azul” en casi todas las asignaturas, “y lo que el PRI negó a Acción Nacional varios años, ahora se apoyará para que le vaya bien al país”, en verdad, eso pregona.

Para Carlos Medina Plascencia, quien detentó un largo, largo interinato (1991 – 1995), en la gubernatura de Guanajuato, Gustavo Madero hasta celebró la reunión, porque a ambas partes “. . . nos preocupa el aspecto de la honestidad”.

También Fernando Elizondo, gobernador sustituto de Nuevo León en 2003, asegura que no están a favor de personas “sino de ideas y de propuestas”.

El grupo de los exgobernadores panistas -algunos de ellos-, quienes finalmente se presentaron como tal en sociedad se asumen, lo acepten públicamente o no, como la tercera opción al encontronazo de maderistas y calderonistas, incapaces de sacar adelante una asamblea.

“FEMINICIDIO”, UN REMIENDO AL PARCHE

Eufemismos aparte, la figura del “feminicidio”, es un parche en el Código Penal para el estado de Guanajuato. Ahora, a mitad de una evidente crisis de violencia contra las mujeres en la entidad y la exigencia pública de organizaciones de la sociedad civil, para ponerle freno, los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales, buscan la manera de hacerle un remiendo al parche.

Eso y no otra cosa fue el resultado de la primera reunión a la que asistieron el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, y las diputadas: Ma. Guadalupe Sánchez Centeno, del PVEM, Yulma Rocha Aguilar, del PRI, Karina Padilla Ávila y Karla Alejandrina Lanuza Hernández, del PAN, y Ma. Guadalupe Torres Rea, del PRD, además de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Adriana Rodríguez Vizcarra.

Ahí, el secretario presentó el proyecto de iniciativa de reforma al artículo 153-A del Código Penal, que permitiría, eso dice, ampliar la tipificación de la figura del “feminicidio” en Guanajuato.

El punto es que en el Código Penal de Guanajuato, el “feminicidio” ni siquiera aparece como un delito autónomo, sino que se le incluye como un homicidio más, con ciertas características.

En el Artículo 153-A -del que nos ocupamos aquí el lunes pasado-, se establece, que: habrá “feminicidio” cuando la víctima -del homicidio-: a) sea mujer b) se le mutile c) se le denigre o d) se le aísle o se le violente sexualmente, antes de privarle de la vida.

La aportación consistiría en agregar otras cuatro hipótesis que permitirían que -otra vez-, el homicidio tenga la calificativa de “feminicidio”. No más.

La iniciativa de reforma original propuesta por el Ejecutivo, será presentada en los asuntos generales de la sesión de hoy del Congreso de Guanajuato para enviarla a comisiones.

Y como es ya toda una tradición en discursos y boletines, se anunciaron mesas de trabajo con Organizaciones no Gubernamentales -que desde hace años, ya ni siquiera se denominan así-, la sociedad civil, la secretaría de Gobierno, la procuraduría general de Justicia del estado, el Instituto de la Mujer Guanajuatense y las diputadas, claro que sí.

Hubo pronunciamientos en lo particular, como el de la diputada del PVEM, Guadalupe Sánchez, quien por el gusto de aplaudir, aplaudió la propuesta de reforma que agrega factores como los antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar contra la mujer y su relación de pareja con el agresor. Y ¡ah!, qué bueno que también se organicen mesas.

Por su parte, la diputada del PRD, Guadalupe Torres Rea, insistió en la urgencia de que se declare una Alerta de Género en la entidad.

Primero, destacó la iniciativa de reforma y las mesas y ya luego recordó que en noviembre de 2012, ellos presentaron una iniciativa para que en Guanajuato fuera decretada una Alerta de Género: “seguimos en esa idea. La alerta no debe de asustarnos”. Anunció que buscarían, desde hoy, que la Alerta de Género sea impulsada por otras fracciones políticas del Congreso.

Mientras, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, no mueven el dedo del renglón y exigen  la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en la entidad. En eso están, entre otras, colectivos como “Las Libres”, “Victoria Díez” y el centro de derechos humanos  “Hermanas Mirabal”.

Eso sí, como a río revuelto ganancia de declarantes, muy oportuno apareció el procurador de los derechos humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, para firmar un convenio con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C., que establecería mecanismos para la prevención de la trata de personas y la promoción de los derechos humanos. Reflejos, hay.

Al margen del destino final de la iniciativa de reforma al código penal en cuanto al trato de la figura del “feminicidio”, lo cierto hoy es que en Guanajuato se sigue regateando a las mujeres la tipificación de un delito que ha dado fama negra al país, en el exterior.

LA JAULA

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por fin arriesgó la estadística: de diciembre de 2012 a marzo de 2013, se registraron en México 4 mil 249 homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado.

El truco está en que según sus cuentas, en el periodo de agosto a diciembre de 2012 -administración de Felipe Calderón-, se contabilizaron 5 mil 127 homicidios. Es decir, 918 homicidios menos, una reducción del 17.1 por ciento. Vamos de gane.

Que también los secuestros disminuyeron: 551 en el periodo de diciembre a marzo pasado. Una disminución del 25 por ciento, respecto al cuatrimestre anterior.

Además, para la tranquilidad de todos, se detuvo a 41 de los 121 delincuentes considerados “objetivos prioritarios” por el Gobierno de Peña Nieto, y otros tres fueron abatidos. La verdad, qué alivio.

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