CHAMBAMEX

Con denuncia formal ante las autoridades, ya son más de doscientos los migrantes guanajuatenses defraudados por la firma “Chamba México”, que les prometió visas de trabajo para ocuparse en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, pero únicamente los despojó de su dinero.

Desde Irapuato, la Procuraduría de Justicia del estado confirmó que se han procesado 40 denuncias en ese municipio, 10 más en Salamanca y tienen en fila frente al escritorio otros 170 casos, para sumar, hasta ayer, 230 defraudados.

De noche, los ministeriales realizaron incluso un cateo en las oficinas de “Chamba México”, en Irapuato, de donde recuperaron documentos originales entregados por algunos de los migrantes frustrados. En un segundo domicilio social de la empresa, uno de los empleados entregó voluntariamente los expedientes en su haber.

A días de haber sido denunciado el engaño, es fecha que las autoridades no tienen la menor idea del número total de los defraudados y, por tanto, a cuánto ascenderá el monto del fraude, finalmente. Por supuesto, todavía no hay detenidos y acaso la certeza de que los delincuentes ni son originarios ni están avecindados en los municipios de Salamanca o Irapuato.

Los investigadores guanajuatenses buscan comunicación con sus pares de Nuevo León y el estado de México, donde también actuó la banda.

Mientras tanto, el alcalde de Irapuato, Sixto Zetina, de plano decidió el despido de Enrique Gallardo, un empleado de la Dirección de Desarrollo Social de la alcaldía, quien en su oportunidad se dedicó a publicitar alegremente a “Chamba México” para que los ciudadanos se acercaran a ella.

Él dice que simplemente “se le hizo fácil”, pero, por si las dudas, se solicitó a la Contraloría una investigación.

“Chamba México” ofreció a los salmantinos y a los irapuatenses visas de trabajo en Canadá y los EUA, previa entrega de 7 mil pesos por interesado; hasta este momento, las autoridades calculan un fraude por 1 millón 200 mil pesos.

Además del voluntarioso empleado de la alcaldía de Irapuato, la difusión se hacía a través de circulares y anuncios pagados en los periódicos locales, según los cuales urgían trabajadores en jardinería y carpintería, entre otros, por un lapso de 10 meses de estancia en aquellos países.

Les ofrecían un pago de 10 dólares estadounidenses o diecinueve dólares canadienses por hora, pero había que entregar mil pesos “para verificar sus antecedentes y certificar que no estuvieran boletinados”, siete mil pesos más para obtener la visa. Podrían ser más de 500 los defraudados.

En la Procu, adelantan que ellos darán vista a la PGR y, a final de cuentas, serán los investigadores federales los que asuman el caso.

Ayer adelantamos el anuncio de la mediación del Instituto del Migrante, para canalizar a los defraudados con las autoridades, pero nada más. El gobernador Miguel Márquez les pide que sigan pendientes, nada más.

TRANSPARENCIA

En el Congreso del estado, los diputados comenzaron ya el análisis de la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PRI, que modificaría los términos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de transparencia. La metodología quedaría aprobada en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

En la discusión, se encuentran involucrados los diputados Óscar Arroyo Delgado -presidente de la comisión-, Luis Felipe Luna Obregón, Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Martín López Camacho.

La iniciativa persigue una mejor rendición de cuentas del manejo del presupuesto que hacen los funcionarios públicos, tanto los designados en el gabinete como los de elección popular, alcaldes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos y los propios legisladores locales.

Con la reforma constitucional propuesta, se pretende que los ciudadanos conozcan mejor el trabajo de los servidores públicos y, sobre todo, el manejo del erario.

Entre sus pendientes, los legisladores tienen otra iniciativa muy ligada a los asuntos de transparencia y rendición de cuentas, y es la que presentó el gobernador Miguel Márquez, para dotar de autonomía plena al Instituto de Acceso a la Información Pública, el Iacip.

A ese respecto, ya algunas voces priistas apuntaron que sería una buena oportunidad para depurar el Iacip y evitar escándalos de despilfarro como los que envuelven a su hermano mayor, el IFAI, cuya eventual autonomía se discute también en el Congreso de la Unión.

EN SAN MIGUEL DE ALLENDE

Nuevo escándalo político-burocrático-administrativo el que estalla en una administración municipal de Guanajuato, la que recién terminó sus funciones en San Miguel de Allende.

Ayer, el actual presidente municipal de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureko, ordenó una denuncia penal que involucra a su antecesora, la exalcaldesa priista Luz María Núñez, a su marido y a quien resulte responsable por los presuntos delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desvío de recursos públicos.

La denuncia la formalizaron el síndico del Ayuntamiento, José Luis Chagoyán Cabrera, y el tesorero del municipio, Jaime Labrada.

La historia es, otra vez, de la más elemental picaresca política mexicana: la alcaldesa Luz María habría favorecido con una serie de contratos, muy generosos, a una radiodifusora y a un canal de televisión de alcance local, que son propiedad de Javier Zavala, su esposo.

Hasta donde han logrado averiguar los escudriñadores municipales, la inversión en ambos medios supera la cifra de un millón y medio de pesos.

El detalle de los contratos se entregó a la Procuraduría de Justicia del estado y los funcionarios municipales únicamente deslizan por ahora que “tal vez” se confirmen otras irregularidades cometidas en la administración anterior.

Luz María Núñez, también exdirigente del PRI en ese municipio, llegó a la alcaldía, arropada en los colores del Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, sí, en alianza.

SON DE ORO

Tremendo resbalón del prócer guanajuatense Pancho Arroyo, distinguido presidente de la Cámara de Diputados federal, si se confirma la versión de que fue suya, y sólo suya, la iniciativa de gastarse casi dos millones de pesos, del dinero público, para ordenar 500 pines de oro de 14 quilates a un costo unitario de 3 mil 800 pesos.

Para variar, la versión corrió veloz en Twitter y, en el patio doméstico, pronto el diputado federal panista Diego Sinhué Rodríguez alzó la mano para aclarar, uno, que él no había recibido el pin de marras y, dos, que tampoco lo quería.

Por ahí de las dos y media de la tarde, agregó un tanto del oficio con el cual rechaza el accesorio y anuncia que se queda contento con el de latón, que les habían entregado originalmente.

Fue el propio diputado Diego Sinhué quien apuntó en su cuenta de Twitter que habría sido una iniciativa personal del legislador presidente, Francisco Arroyo Vieyra, la maquila de los pines porque, al menos él, no sabía de consulta alguna.

A media jornada, únicamente la bancada del Movimiento Ciudadano en pleno, liderada por Ricardo Monreal, rechazó el regalito.

El distintivo tiene grabado el escudo nacional y la palabra “DIPUTADO”, muestra dos franjas tricolores a los lados -por la bandera, no por el partido- y el número de legislatura, LXII, en la parte superior.

Los pines cuadrados de latón que se repartieron entre los diputados al principio de los trabajos de la legislatura tenían el escudo nacional y un fondo negro… y no les gustaron a muchos de los diputados.

Entonces, en diciembre del 2012, se hizo aprobar al Comité de Administración la compra de los nuevos distintivos: un millón 900 mil pesos. El nuevo desplante, groserísimo, de las señoras y los señores diputados ya es la comidilla en las redes sociales que, sin embargo, no alcanzan con su escándalo, el brillo de sus solapas.

LA JAULA

Las cosas se salen de control. Un grupo de presuntos sicarios viajó al Distrito Federal para asesinar al diputado Ricardo Monreal y a su hermano, el senador David Monreal, informó la Procuraduría General de la República.

Los detenidos confesaron la encomienda, pero las autoridades no explicaron, todavía, las razones por las cuales se habría ordenado su ejecución.

Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas, bajo las siglas del PRD, y en 2012 fue el coordinador general de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, es diputado federal por el Movimiento Ciudadano.

Su hermano David fue diputado local y alcalde de Fresnillo, por el PRD. Actualmente es senador por el PT. Ambos están bajo protección de las fuerzas federales.

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