En un mundo al revés, sería probable esperar que los empresarios propusieran al gobierno la imposición de un nuevo impuesto. Lo normal es que las cargas tributarias, sean, precisamente, impuestas, a la fuerza, a unos contribuyentes que en general tienden a resistirse y quejarse. Pero hace alrededor de 25 años, en Chihuahua, un grupo de empresarios convenció a la mayoría del empresariado chihuahuense de pedir al gobierno del estado la imposición de un tributo especial para dedicarlo específicamente a programas sociales. Hay una historia que explica este extraño suceso.

En 1990, la ciudad de Chihuahua, acostumbrada y construida para la aridez del desierto, se vio sorprendida por un aguacero violento que causó grandes pérdidas humanas y materiales. El empresariado de la ciudad, sensibilizado por el desastre, ideó la forma de sumar a todas las empresas en un compromiso por la reconstrucción. Pronto cayeron en la cuenta de que el mecanismo más eficaz de recaudar lo tiene el Estado, a través de los impuestos. Propusieron entonces un impuesto especial y extraordinario a la nómina. En Chihuahua el Impuesto a la nómina es del 3%. Los empresarios pidieron al gobierno estatal que se impusiera un gravamen especial del 10% sobre ese 3%, lo que equivale a un impuesto de 0.3% (o de tres al millar) extra sobre la nómina (esto sin considerar beneficios fiscales dependientes de el número de empleados en cada empresa). Los fondos se etiquetaron por medio de un fideicomiso que se gobernó con participación empresarial y estatal. La experiencia convenció a los chihuahuenses de los beneficios de esta forma de recaudación y de la posibilidad de establecer un fondo especial dedicado a la promoción social. Se estableció de esta forma un fideicomiso negociado con el Estado que dio luz a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC).

El día de ayer estuvieron en el Tec de Monterrey campus León, invitados por la Red de Colaboración León, miembros de esta fundación y pusieron en común la experiencia y sus logros. Sus recursos actuales siguen siendo mayoritariamente de este auto-impuesto, pero se ha ido acrecentando con donadores voluntarios y con convenios con organismos nacionales e internacionales. Esta organización se dedica a impulsar proyectos de desarrollo social en todo el estado de Chihuahua a través de otras organizaciones de primer piso; a fomentar la profesionalización de las mismas y a promover la responsabilidad social en las empresas de esa entidad norteña.

Aunque suena fácil, es un proceso complejo, porque más allá de la rareza de un empresariado capaz de auto-imponerse una nueva carga tributaria, ha supuesto negociaciones ad intra –con los mismos empleadores– y ad extra con las autoridades, ejecutivas y legislativas del estado. Hay puntos en los que se requiere tejer fino, porque una vez que el dinero recaudado entra a las arcas públicas, forma parte del erario, por más que haya surgido de un impuesto voluntario. Y toda vez que ese dinero es público, las reglas para su disposición o devolución a un ente privado son complejas. La solución que encontraron es un fideicomiso, cuyo gobierno tiene participación de funcionarios públicos pero cuya mayoría recae en representantes del empresariado. El fideicomiso garantiza que lo recaudado vaya a la fundación y que tenga el destino prometido.

En Guanajuato, hace unos meses, volvió a surgir la idea de aumentar el ISN de 2% a 2.25%. Las reacciones fueron diversas. Como muchos recordaron en medio de esta discusión, tenemos un mal antecedente, porque el impuesto sobre nómina en Guanajuato, que se instauró hace unos diez años, debería haberse etiquetado para programas sociales, y el gobierno nunca ha dado cuenta precisa de la dirección de esos fondos. Actualmente se recaudan cerca de mil 400 millones de pesos anuales por ISN. Si se cobrara sólo un dos al millar extra se tendrían cerca de 270 millones de pesos anuales para impulsar una fundación de segundo piso.

La ventaja de destinar estos recursos a las OSC es la continuidad que pueden dar a los programas sociales y la desvinculación de los mismos de intereses partidistas.Una fundación de este nivel, con participación empresarial, pero quizás también con la de las mismas OSC existentes en el Estado, puede ayudar no sólo a distribuir mayores recursos a los esfuerzos de la sociedad civil que se dedica a paliar necesidades sociales urgentes, sino orientar mejor el gasto público que se destina a los programas sociales. Puede contribuir al la formación de una cultura de la filantropía que es todavía muy enclenque en el estado y en México.

Básicamente, se  trata de aplicar un micro-impuesto (2 al millar sobre la nómina) a un macro-objetivo. Pero hay mucho que construir en consensos y negociaciones. ¿Cómo garantizar que estos recursos queden verdaderamente garantizados en su aplicación social? ¿Cómo debe ser el gobierno, los objetivos, la orientación de la fundación? ¿Cómo garantizar que la fundación misma no haga mal uso de los recursos y no se gaste en operación la mayoría de lo invertido en ella?. No es algo que se construya de la noche a la mañana, pero vale la pena ir poniendo las primeras piedras en una iniciativa de esta naturaleza que puede fortalecer el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro en el estado y aportar beneficios tangibles a quienes más lo necesitan.