Las policías, robustas, un pañuelo morado ceñido al brazo en un nudo de humor negro, golpean a puño limpio el rostro y la cabeza de la manifestante que protesta contra los feminicidios. La azotan contra la cortina metálica del comercio con los ojos bien cerrados. Ella, más alta que sus agresoras, delgada, camiseta y un faldón estampado, tenis ‘convers’, y un morral a la espalda, el pelo corto teñido de rubio, se dobla, cae al suelo. Las uniformadas la enciman, la someten, la exhiben. Ganan.  

Eso no es un arresto: es un vulgar ataque en pandilla.

El gobierno panista de Irapuato regaló al mundo una postal digital de represión a la demanda más sensible en México: ¡Basta de la violencia contra las mujeres!; a su partido, una confirmación que no gusta: en Guanajuato se vomitan las libertades civiles; y al gobernador, su correligionario, líneas rojas en la gráfica de su cuarto Informe de Gobierno.

La marcha feminista en Irapuato, la tarde del domingo, fue del parque Irekua a la presidencia municipal. Hubo pase de lista; se guardó silencio; se escucharon testimonios; en círculo, se encendieron veladoras; se colocaron carteles y se cantaron consignas. Unas pocas, del ‘bloque negro’, fueron a incendiar la puerta de la casa municipal, a romper cristales y ‘grafitear’ la fachada.

Alguien dio la orden y los policías comenzaron a acosar a las mujeres todas. Llegaron los antimotines; los bomberos entraron a la alcaldía; se desgranaron las detenciones arbitrarias –sí, como en León, la tarde de los gendarmes a la caza de mujeres inconformes, en bulevares y paraderos del transporte, el sábado 22 de agosto de 2020-, más de una reportera, fueron agredidas -igualito que en León.

Con las horas se conocería del arresto de 28 mujeres, cinco de ellas menores de edad, y un joven. Las redes denunciaron lo evidente: se encontraban incomunicadas, negada su garantía de pago de una multa si la detención obedecía a una falta administrativa, o ser presentadas inmediatamente al Ministerio Público, acusadas formalmente de algún delito. No. Una simple privación ilegal de la libertad.

En busca ‘de nota’, Vicente Esqueda, el Procurador panista de los Derechos Humanos de Guanajuato, anunció en twitter el inicio de una investigación por estos hechos –como si a alguien importara.

Después de las 10 de la noche del lunes las pusieron en libertad. La mayoría de ellas golpeadas por mujeres certificadas como ‘policías de género’. Acusaron amenazas –habían sido incluso abofeteadas en la plaza pública, frente a las cámaras de decenas de teléfonos celulares en manos anónimas que las llevaron a las redes. La autoridad en Guanajuato, en franca resistencia a entender la inconformidad social; la protesta ciudadana que gana la calle; el hartazgo comunitario frente a su incapacidad de ofertar lo mismo seguridad que oportunidades de sustento. Un freno a la violencia, como mínimo.

…Esa misma noche, el gobierno de la panista Lorena Alfaro García informó de una denuncia ante la Fiscalía del estado contra las detenidas, bajo los cargos de daños al edificio de la alcaldía y lesiones a seis uniformados(as) –‘y así han pasado decenas de años…’ cantaría ‘el Panteón’: de “sedición, resistencia de particulares, incitación a la comisión de un delito y lesiones’, pretendía acusar el gobierno leonés de Carlos Medina, que tenía como jefe de prensa a Juan Manuel Oliva, a los reporteros que había arrestado la tarde del domingo primero de octubre de 1989.

Todo mal

La panista Lorena Alfaro García fue de diputada local a presidenta municipal en la ‘catafixia’ política. Apenas regresaba de pasear en Colombia, como recién lo había hecho en España -ella diría que promueve el turismo-. Antes de concluir el periplo, en su municipio la Guardia Nacional asesinó a un estudiante universitario, y la recibían con una manifestación feminista. Un desorden.

Lorena, pues –‘roomie’ de bastantitos de sus pares, en esa dimensión desconocida en la que habitan-, se armó su videíto y defendió, obvio, las feas maneras de sus policías.

-“Con toda firmeza, con toda valentía y con toda determinación, en Irapuato no permitiremos la violencia. En Irapuato la Ley se respeta, esa fue la protesta que hice y así lo haré, este Ayuntamiento debe de ser respetado y este municipio debe de ser respetado. Esta sociedad irapuatense debe de ser respetada” –A lo que sigue.

Transcurrieron 24 horas antes que el gobierno del estado se pronunciara respecto a los hechos, y escogió el modo peor.

Recurrir a los malabares verbales de Sophia Huett López, secretaría ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, una voz muy menor en el aparato del gobierno estatal, disminuye un acto de represión social a un asunto de barandilla. Y no lo fue.

-“Algunas compañeras policías se equivocaron y eso desafortunadamente deslegitima todo ejercicio de autoridad que se pudo dar en el marco de la Ley (…) Ellas son la autoridad y no deben dejarse guiar por sus emociones y el enojo que pudieron haber sentido al ser agredidas. Tampoco se puede permitir la agresión a quienes son autoridad…”, dijo la joven funcionaria –imposible destacar algo más.

Quedaría por develar quiénes fueron los consultados para la definición de la estrategia, que derivó en intentar minimizar el suceso, a los ojos del Gobierno del estado. Ahí sabrán su cuento.

Como sea, una contradicción más en la piel del tigre. La secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo –Y Lazo de la Vega… no, no es cierto, ese es Porfirio-, como el resto del equipo, saltó de su cubículo en cuanto se conoció que un guardia federal había matado a un estudiante universitario guanajuatense. Con la represión en Irapuato, enmudeció…y desapareció.

Si el mensaje es dejar sola a Lorena Alfaro –bajo el argumento de la autonomía municipal, es de suponer-, suenan tan caros el hecho y el momento, como obvio el movimiento. La Secretaría de Gobierno es la responsable institucional de la política interior del estado; de las relaciones con los alcaldes; con los partidos políticos…, con las organizaciones de la sociedad civil –que harto sirvieron a Libia para ser electa y reelecta como diputada-. Fallaron en la previsión. Lo otro es escurrir el bulto. Ahora que tampoco es de creerse que la decisión haya sido suya. En fin.

Irapuato es una de las alertas de violencia en el país, incluido el feminicidio, aun cuando la Fiscalía Zamarripa conceda pocas investigaciones bajo ese título. En México, diez mujeres en promedio son asesinadas cada día. Uno creería que las marchas para exigir que eso acabe, merecerían un poco más de consideración que ésta que les dispensó Lorena.

(A) La Jaula
Vamos al cuarto

Mientras la élite y los convenientes se encaminan este miércoles a escuchar el IV Informe del gobernador Diego Rodríguez, otros protestan. Este martes, en Irapuato, en Guanajuato y en León, miles de estudiantes exigieron justicia por la muerte de Ángel, de 19 años, estudiante de Agronomía en la UG, bajo los disparos de la Guardia Nacional. En Irapuato, donde ocurrió el crimen, familiares y compañeros honraron su memoria en la División de Ciencias de la Vida de la UG, y enseguida fueron a la capital del estado. En Guanajuato, unos cinco mil universitarios caminaron las calles estrechas del centro de la ciudad, alcanzaron la Alhóndiga de Granaditas y se encaminaron de nuevo a su casa de estudios. Colocaron una ofrenda floral en lo alto de las escalinatas de la Universidad, que escurrían en rojo. En León, fueron del Forum Cultural, campus de la UG, al Centro Histórico. ‘No se matan los sueños, no se mata a los estudiantes’. En el Informe, políticos, interesados y prosélitos escucharán de estadísticas de obra pública, inversiones, turismo y hasta de seguridad y educación. Eso será en el Auditorio del Estado, una herencia ‘Corralista’. Nuevecito y en la antesala del VI Informe del Gobernador priista Rafael Corrales Ayala, el techo se vino abajo. Eso ocurrió el miércoles 17 de julio de 1991. Había sido inaugurado apenas un mes antes por el presidente Carlos Salinas de Gortari. El gobierno dijo que ‘le cayó un rayo’. ¡Aguas! El foco está en otro lado. La protesta se les vendría encima.

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