El asunto es, por definición en la jerga periodística, ‘un tema de interiores’. Gravísimo desde ahí. Y no es que las autoridades decidan sus prioridades en función de la agenda de medios, peeero. El reclutamiento forzado para servir a organizaciones criminales, de manera señalada adolescentes, es un delito que se incuba silenciosamente hasta estallar en el corazón de la sociedad y en la cara de los gobiernos… Sin que nada más pase.

Es el caso de una de esas notas ‘perdidas’ en el inicio de la semana anterior, anclada en Salamanca.

Un ‘foco rojo’ es el ‘reclutamiento forzado’ de jóvenes por parte de grupos delincuenciales, dice al diario ‘Correo’ David Muñoz, consultor en seguridad del ‘Observatorio Ciudadano’, el diagnóstico en esa urbe apunta, para empezar, que los jóvenes entre 15 y 29 años de edad son los más afectados por la violencia.

Es el grupo de mayor victimización por homicidio, por deserción escolar agravada por la inseguridad… y por reclutamiento forzado por el crimen organizado, luego, el punto de partida: “es un tema del que en ningún lado se habla públicamente.”

Peor todavía: en los planteles educativos saben si hay o no reclutadores, pero no lo dicen porque es un tema delicado; el área de inteligencia que deben tener los municipios debiera atender la prevención del delito y la proximidad social.

La misma voz insiste en que en los planteles educativos hay narcomenudeo, sin embargo casi nadie quiere hablar del reclutamiento, que es una realidad.

El consultor, de quien no sabemos mucho, está en lo cierto.

De acuerdo al informe ‘Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México’ de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y el Observatorio Nacional Ciudadano, ONC: “En México, actualmente, (ni siquiera) existe una tipificación específica para el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes.”

Ello, a pesar de que el país es de pluma ligera a la hora de firmar tratados internacionales al respecto, incluso con la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

El informe es a septiembre de 2025, pues es hora que en México el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado no está tipificado como un delito autónomo y específico en el Código Penal Federal.

¿Le parece grave? Pues tampoco hay estadísticas oficiales sobre “reclutamiento por agrupaciones delictivas” de niñas, niños y adolescentes en este nuestro país mundialista.

En proyecciones de la REDIM, a partir del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021-2024 del INEGI, solo en 2023 entre 476 y 899 adolescentes fueron privados de la libertad a nivel nacional por delitos en los que se involucra a la delincuencia organizada, y serían por tanto probables víctimas de reclutamiento por agrupaciones delictivas.

Fueron procesados por siete de los 23 delitos tipificados en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y sus Protocolos: feminicidio y homicidio (346 casos), tráfico de estupefacientes (134 casos), secuestro y desaparición forzada (120 casos), lesiones y lesiones dolosas (55 casos), robo de vehículo (28 casos), extorsión (9 casos), delitos de delincuencia organizada (2 casos) y pornografía infantil (un caso).

Ojo, son menores de edad…

¿DÓNDE Y CÓMO SUCEDE ESTO?

Los hallazgos revelan que una misma persona (adolescente) podía ser reclutada en una localidad, llevada a un campo de adiestramiento en otra, y operar en una localidad distinta. 

Los estados donde más personas adolescentes fueron (son) privadas de la libertad en relación con la delincuencia organizada: Sonora (15.7%), Estado de México (11.5%) y Zacatecas (8.9%). Y, según parece habría que anotar ya a Guanajuato.

Los delitos en los que se observaron más privaciones de la libertad de adolescentes en el abanico de la la delincuencia organizada fueron diversos: por feminicidio y homicidio, en el Estado de México (46 casos), Chihuahua (34 casos) y Ciudad de México (25 casos), mientras que por tráfico de estupefacientes, Sonora (40 casos), Morelos (22 casos) y Estado de México (18 casos); por secuestro y desaparición forzada, Chihuahua (15 casos), Ciudad de México (13 casos) y Zacatecas (12 casos).

En Sonora (53 casos), Zacatecas (42 casos) y Guanajuato (18 casos) se reportaron más privaciones de la libertad de personas adolescentes por portación, posesión y acopio ilícito de armas, cartuchos y cargadores. En Chihuahua (6 casos), Sonora (5 casos) y Yucatán (3 casos) por otros delitos en materia de armas, objetos prohibidos, explosivos y otros materiales destructivos. Y así.

Por supuesto no hay datos oficiales sobre “utilización por agrupaciones delictivas” de niñas, niños y adolescentes en México. En las aproximaciones de la REDIM con sustento en la información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC), en su Informe Mundial de Trata de personas 2024, con base en 3 mil 121 tratantes sentenciados en 942 resúmenes de casos judiciales, 74% de los casos de trata de personas son efectuados por el crimen organizado. 

Dice la REDIM: “Si aplicamos este porcentaje a los datos de las cifras de incidencia delictiva del fuero común 2015-2025 del SESNSP, como hizo anteriormente UNICEF México en el documento privado “Consultoría de política pública de prevención y atención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes”, tenemos:

Que en 2024, alrededor de 280 personas de 0 a 17 años (217 mujeres y 63 hombres) fueron víctimas de trata de personas a cargo de agrupaciones delictivas en México. Estas niñas, niños y adolescentes serían por tanto probables víctimas de utilización por agrupaciones delictivas.

Las tres entidades en las que se reportaron más niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas por agrupaciones delictivas durante 2024 fueron el Estado de México (69 casos), Quintana Roo (59 casos) y Ciudad de México (30 casos). Más de la mitad de los casos ocurrieron en estas tres entidades en 2024.

Como la REDIM, a ver si ya nos ocupamos de esto…

(A)La Jaula

Sesera de roca

Para sorpresa de nadie, a iniciativa de la fracción azul –y pasmo de los morenos- el Congreso del Estado pospuso, oootra vez, el debate sobre la legalización del aborto en Guanajuato. Aplazan el debate y con ello –buenazos para eso- la justicia para las mujeres, acusa el colectivo ‘Regla Rota Salamanca’. Y sí, mientras a los panistas se les hinchan las ínfulas, las mujeres enfrentan embarazos forzados, criminalización y desigualdad. En realidad es un juego perverso; el panismo, sobre todo el leonés, sabe bien que mujeres de todos los niveles sociales -y aquí es donde ‘le hacen al tío lolo’- practican interrupciones de embarazo con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. ‘Regla Rota’ se los explica de nuevo: la despenalización no significa obligar a abortar ni garantiza automáticamente servicios gratuitos, sino evitar que las mujeres sean criminalizadas por decidir o incluso por sufrir abortos espontáneos. Evidentemente eso no entra en las seseras azules ni con taladro.

Correspondencia: tigresdepapel001@gmail.com

‘X’: TigresDePapel