La semana pasada, el periódico Correo hizo pública información de la Secretaría de Transparencia y Gobierno relativa a denuncias contra funcionarios, según un artículo publicado el pasado 18 de noviembre en Combate a la corrupción en Guanajuato: mucha ‘honestidad’ con pobres resultados. Las cifras revelaron sospechas, se trata de denuncias que con el transcurrir el tiempo han caído en el vacío.

Según los datos, en el año 2023 se presentaron 768 denuncias contra servidores públicos, pero solo se impusieron 12 sanciones.

En el año 2024 se presentaron 746 denuncias y se impusieron 16 sanciones. Y en el presente año, hasta septiembre, se han presentado 791 denuncias y solo se han impuesto 14 sanciones.

Mayela es uno de esos casos, perdió su plaza por denunciar y ahora enfrenta la incertidumbre laboral, lo que ha afectado su salud. Su historia es un ejemplo de esas cifras no atendidas y la falta de sensibilidad de las autoridades. A pesar de haber presentado su denuncia, Mayela sigue esperando una respuesta. Su caso es un llamado a la acción para la Secretaría de Transparencia y Gobierno de Guanajuato.

A continuación reproduzco nuestro diálogo. Respeto en la integralidad cada una de sus palabras.

"Estoy cansada, he atravesado todos los estados de ánimo que abrazan desde la esperanza, el enojo hasta la digna rabia. Gané una plaza por concurso de oposición en MIQ en mayo del 2024. El 25 de septiembre tuve un sangrado muy abundante y fui al ISSSTE, no me atendieron porque no estaba dada de alta, el médico que me revisó me dijo que mi estado de salud era grave. A los tres días puse mi queja ante la ombusdperson, porque el jefe de RH no me había dado de alta, poniendo en riesgo mi salud y mi vida.

El 1 de noviembre sin previa notificación me llaman a una sesión del comité de no violencia laboral, me tuvieron ahí cuatro horas y me confrontaron con el jefe de RH, quien me amenazó diciendo que me iba a acusar con "quien tuvo la confianza de tenerme aquí", hicieron un acta señalando que todo había estado bien y le pidieron la fecha en que yo estuve internada (ni siquiera se fijaron); me rehusé a firmarla.

Después de esa arbitrariedad hablé al IMUG y comenzaron a revisar mi caso; hasta el 19 de diciembre me dijeron que podía entregar denuncia, también, en ventanilla del secretaria de Honestidad me contactó un par de veces la abogada, presente nuevamente síntomas y fui al ISSSTE. En el mes de enero volví a ser internada. Cuando regresé a mi área de trabajo me quisieron levantar un acta, por lo que fui acompañada de mi abogado y presenté una segunda denuncia por internet. Después de eso los malos tratos fueron en incremento y como resultado, estuve internada cuatro veces con ataques de ansiedad.

El día 2 de junio me destituyeron, ese día escribí a la abogada de secretaría de honestidad y aún no me responde. Mi denuncia aparece como concluida, aunque estoy por contrato (en otra área de gobierno estatal) no he podido atender mi problema de salud porque carezco de servicio médico, increíble, cuidan el debido proceso de un agresor, pero en mi caso no importó…";

Al momento de escribir esta denuncia pública, Mayela sigue sin respuesta. No ha sido llamada, no ha recibido ninguna notificación por ningún medio. Su denuncia forma parte de ese cúmulo que reporta el medio de información estatal. Con ella, también ingresó el mismo día una denuncia de otra compañera de su entonces espacio laboral, y a la fecha, ninguna ha recibido respuesta. El tablero electrónico permanece inactivo, mostrando la misma leyenda desde hace semanas: “Tipo- denuncia administrativa. Estatus concluido”.

La falta de claridad en la conclusión de su caso es desconcertante, y no hay quien le proporcione información al respecto. Antes de recibir respuesta de la secretaria, Mayela recibió la orden de rescisión de su contrato el pasado 27 de mayo. Desde entonces ha enviado correos electrónicos a la abogada responsable del seguimiento a su denuncia, pero no ha recibido respuesta alguna.
Con el mes de septiembre, previo al día 25, es decir, al cumplirse un año, intentamos obtener una entrevista con la titular de la Secretaría de Transparencia para exponer el caso de la denunciante y ejercer su derecho a ser escuchada, un derecho que pocas veces se otorga a las mujeres que denuncian a servidores públicos. Sin embargo, la agenda de la secretaría no permitió la reunión, a pesar de nuestra solicitud previa.

En la última ocasión que lo intentamos, después de semanas de espera, nos propusieron una fecha que superaba en dos semanas la solicitud inicial. Fue entonces cuando la denunciante, en un acto de dignidad y rabia, me pidió que declináramos el espacio de escucha.

En respuesta a la publicación de los datos de las denuncias, la secretaria afirmó que se trabaja en un equipo de abogadas especializadas para atender casos de acoso y hostigamiento. Sin embargo, el testimonio de Mayela nos muestra que, en la práctica, esto no siempre ocurre así. A pesar de los marcos normativos existentes, es evidente que no se está garantizando la atención, el acompañamiento y el derecho a la información para las víctimas, algo que debería ser una prioridad en un gobierno que ha hecho público su compromiso con las mujeres.

En semanas previas, otro medio estatal reveló que las dependencias del gobierno estatal con más denuncias de acoso laboral eran la Secretaría de Salud, con 191 casos, seguida de la Secretaría de Educación con 151 y Finanzas con 36, según datos de la Unidad de Transparencia. Esto no es un hecho aislado. La periodista Arcelia Becerra publicó un testimonio similar al de Mayela, en el que una mujer, María, relata cómo durante ocho años trabajó en la Secretaría de Salud de Guanajuato silenciando denuncias de acoso sexual y laboral, hasta que se hartó y protestó, lo que le costó su empleo. Ahora, María enfrenta al sistema que protege a los agresores y reprime a los denunciantes, convirtiéndose en otra víctima más de violencia labora.

Para el gobierno de Libia Dennise el acceso a la justicia para las mujeres sigue siendo un reto pendiente, especialmente para aquellas que forman parte de la estructura estatal y que esperan que la presencia de una mujer gobernante marque un cambio en las prácticas patriarcales de la omisión y la complacencia hacia los agresores. A inicio de año, tuve la oportunidad de entrevistar a la gobernadora y abordamos la importancia de fortalecer los procesos de acceso a la justicia, profesionalizar y priorizar el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Ahora, en el marco del 25 de noviembre, es momento de hacer un balance honesto de la realidad y aprovechar esta oportunidad para romper con las inercias de omisión patriarcal. Libia Dennise sigue teniendo la oportunidad de marcar un cambio.

Una nota discordante

Una confesión. Lo ocurrido con la convocatoria de Juventudes a “niñas embarazadas”, no se trató de un error menor. Es la evidencia de la ausente mirada transversal de la perspectiva de género en el equipo de la gobernadora, y sí, lejos de la errática postura mediática de la titular del IMUG, Itzel Balderas, todo lo que se haga por acción u omisión desde espacios de toma de decisión con recursos públicos estatales representa la postura del gobierno de la gente.

Es 25N, la gobernadora, la primera, debe asumir de frente los retos. No hay más.