En un post de redes sociales la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, compartió imágenes de una reunión con periodistas y asistentes, destacando su compromiso con un “Guanajuato abierto, seguro y de libertades”. En los comentarios, el historiador y periodista

Federico Velio señaló que la reunión se llevó a cabo al mismo tiempo que se discutía el aumento del refrendo en el Congreso estatal, lo que alimenta la lectura de que, en política, no hay coincidencias.

En efecto, el mismo martes, de esta semana, el Congreso y sus grupos partidistas se encontraban votando un presupuesto con propuestas de aumento que no pasaron desapercibidas. Se trata del segundo año del gobierno de Libia Dennise, y es el momento en que, según la "regla no escrita", los gobernantes suelen presentar incrementos antes de la validación en urnas de su partido y de su gobierno. La gobernadora panista no es la excepción, y su apuesta a la desmemoria parece estar funcionando. En un año, y menos en dos, ya no habrá quien se acuerde con la efervescencia que los medios dan a conocer la noticia: el Congreso de Guanajuato aprobó la Ley de Ingresos con un alza del 40% al refrendo de vehículos, cuando la propuesta inicial era del 75%.

Con la actualización, los montos pasarán de 672 a 940 pesos. No es un asunto menor, especialmente si consideramos que las dietas de las y los diputados no corresponden a la realidad de las familias, menos de las mujeres, de Guanajuato.

La aprobación de la Ley de Ingresos en Guanajuato fue el resultado de un bloque de consensos y articulaciones, donde los diputados del PAN, PRD, PRI, PVEM y MC se unieron para aprobar la iniciativa propuesta por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, mientras que Morena y PT se opusieron. Este tipo de acuerdos no son nuevos en la política mexicana, y recuerdan a las "concertaciones"; institucionalizadas en el argot y praxis política en los noventas. La reunión de la gobernadora con algunos medios de comunicación justo el Dia D, y días previos con las y los presidentes municipales, coincidiendo con la aprobación de la ley, es un ejemplo de cómo la política puede ser un juego de intereses y relaciones. La mayoría panista replicó el modelo de mayoría federal, con las proporciones guardadas que ello implica.

El argumento habitual para las y los legisladores del gobierno panista no puede ser que a nivel federal se aplica la misma lógica legislativa de avasallamiento de las mayorías. Me queda claro que estas posturas tienen harta flojera mental, son reduccionistas, asumen poco la responsabilidad de ser legisladores y legisladoras en Guanajuato. Y al mismo tiempo, ubican a las y a los ciudadanos en medio de una pobreza argumentativa, cuya realidad tocará de frente el próximo dos mil veintiséis, cuando debamos pagar nuevos impuestos y cuando no ha mejorado la oferta laboral ni los ingresos. De manera muy particular, habrá un efecto directo en las economías de las mujeres jefas de familia, propietarias de un vehículo, y que ya se ha acreditado en distintas encuestas que son las más precarizadas por escolaridad, por posición laboral, por ocupación y por las múltiples tareas que atraviesan sus vidas.

Y me pregunto, y nos preguntamos: ¿Se pensó en todo esto? ¿Se debatió de fondo todo esto? ¿O el asunto era cumplir con la consigna de pasar la ley de ingresos, como se estila y se estilaba, porque es el proyecto de la gobernadora?

Una propuesta financiera más política que calculada en el ánimo de los contribuyentes

Estas imágenes tan naturalizadas por las y los legisladores que forman parte de las publicaciones del Congreso son un reflejo vivo de lo que ellas y ellos llaman cabildeo político; en el caso del diputado panista Jorge Espadas sabemos de sus destrezas, y en el caso de muchos legisladores, de sus debilidades para dejarse seducir sin mayor recato. Como ciudadanía, podemos enterarnos de estas actividades a través de las fotos que publican en sus redes sociales, cuidadosamente seleccionadas para mostrar una imagen de cercanía y camaradería entre los partidos. Panistas, priistas, perredistas, verdes... Todos y todas sonríen, se abrazan, en una realidad que nos resulta lejana, incomprensible, pero que al mismo tiempo coincide con los acuerdos que toman.

Lo vimos también de forma reciente, cuando en la pasada sesión decidieron de último momento incluir tres iniciativas, para finalmente aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo y la prohibición de terapias de conversión. Con estas dos aprobaciones mandaron al archivo indefinido la iniciativa de despenalización del aborto. Nos dimos cuenta de la trampa, no nos engañaron: confirmamos la articulación del PAN con otros partidos para el borrado de los derechos de las mujeres, un borrado que decidieron otros y otras desde el ingreso tripartita de iniciativas al orden del día.

Esta maniobra también evidenció cómo se administran, desde los intercambios, las apuestas ideológicas y, por supuesto, cómo se organizan para impedir el ejercicio libre de derechos de las mujeres. Y finalmente, resulta evidente que esas fotos de camaradería no son sólo fotografías, son prácticas. Cierto es que no queremos a legisladores enfrentándose a gritos y a golpes, pero cierto es que urge una definición ideológica individual y colectiva que nos permita, como ciudadanos y ciudadanas, tener mayor confianza en la representación. En sustitución de todos los diálogos poco transparentes, acuerdos poco claros y decisiones que pueden ser tan arbitrarias.

Ejemplo de lo anterior es el desproporcionado aumento al impuesto vehicular. Existe la certeza de que habría otras formas de eficientar el gasto estatal, por ejemplo, la disminución a la excesiva y poco prudente comunicación social de la que hacen gala varios integrantes del gabinete estatal.

Con la aprobación del presupuesto se dio el visto bueno también para la deuda por 8 mil millones. Una parte de esta cantidad estará destinada para el acueducto Solís-León, un proyecto de inversión estatal y federal que aún tiene muchos diálogos pendientes con la ciudadanía. También ese ejercicio de protesta nos presentó una legislatura con mecanismos de interlocución deficientes; el caso ejemplar de ello fue el joven diputado Víctor Zanella, quien dio por agotadas las conversaciones de forma unilateral. Las decisiones estaban tomadas. No son tiempos de diálogos, la democracia se ha ausentado, no es un tema exclusivo de un partido.

Tenemos una legislatura con treinta y seis integrantes entre los que, salvo valiosas excepciones, el resto se encuentra distraído y entregado a otros intereses. La crisis de representación es evidente, los acuerdos se toman con el partido, con los partidos, entre ellos y ellas, con el Poder Ejecutivo; la ciudadanía, inexistente.

Este año concluye con dos grandes pruebas de esta forma de operar: una legislatura donde faltan voces, donde faltan acuerdos, donde faltan argumentos.

La primera es el haber archivado las iniciativas que hubieran dado vida a la despenalización del aborto. La segunda es este aumento en los impuestos y en la deuda.

Las posiciones en tribuna, sus decisiones en pasillo, sus acuerdos en lo oscurito, muestran cómo se encuentra materialmente el Congreso: en un cerro inaccesible para las y los ciudadanos. Nuestro ingreso está regulado y controlado por algunos legisladores; ahí no se llega y menos se accede de manera sencilla. En definitiva, la ubicación del Congreso es un símbolo de cómo se opera el órgano por excelencia de representación: lejos de la gente, lejos de la realidad y de las mujeres.