Analizando las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizadas al 25 de julio pasado, es claro que la incidencia delictiva en el país parece no ceder ni responder a las estrategias de los tres órdenes de gobierno, que en buena medida pueden considerarse fallidas. Las cifras consolidadas del pasado mes de junio apuntan un gran total de 187 mil 606 presuntos delitos perpetrados en el país; 148.8 por cada cien mil habitantes. Tres entidades concentraron el 35.4% —más de un tercio— de este volumen delincuencial: el EdoMex con 18.4%, la CDMX con 10.5% y el estado de Guanajuato con 6.5%. 

Sin embargo, si se considera el factor poblacional el escenario cambia radicalmente. Resulta que Colima, Baja California y Aguascalientes son las entidades con mayor concentración del índice delictivo: 340.3, 259 y 243 delitos por cada cien mil habitantes. Les siguen Baja California Sur (238.1), Quintana Roo (234) y Campeche (232.1). El EdoMex se ubica en el décimo lugar (203.6), la CDMX en el octavo (213.9) y Guanajuato en el undécimo (196.8). Los últimos lugares los ocupan Yucatán (16.5), Chiapas (22.1) y Tlaxcala (28.1). 

Hay que tomar en cuenta que estas cifras —del fuero común y del federal— no reflejan la realidad que experimentamos los mexicanos. En nuestro país carecemos de una cultura de la denuncia, debido a la profunda desconfianza que profesan los ciudadanos hacia las autoridades de procuración y administración de justicia. La asociación Impunidad Cero (impunidadcero.org) asegura que “no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen y menos del 1% son resueltos”. Es decir que hay una probabilidad del 0.9% de que un delito denunciado sea resuelto. Esto explica la reticencia a la denuncia, que es vista como una absurda pérdida de tiempo.

La violencia social es un mal que aqueja a las sociedades que han fallado en la consolidación de su institucionalidad, por una ausencia de recursos para concretar el estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto tiene una relación directa con los problemas de desarrollo económico y social: una comunidad con pocas alternativas para proporcionar a sus núcleos familiares las oportunidades para forjarse un presente y un futuro de bienestar, padecerá indefectiblemente de una exacerbación de sus contradicciones internas y la competencia por los bienes escasos. 

La violencia criminal en México tiene fundamentos claros en las crisis económicas que hemos padecido las últimas dos generaciones. El aparato productivo nacional genera cantidades insuficientes de puestos de trabajo formales. Se requiere la creación de alrededor de un millón 200 mil plazas anuales para atender el crecimiento de la población económicamente activa y reducir la informalidad. Sin embargo, esa meta sigue siendo inalcanzable, por las coyunturas económicas que experimentamos. En el primer semestre de este año sólo se han creado 448,560 plazas, en cifras del IMSS (mexicocomovamos.mx).

Un país que no genera empleos de calidad, donde el precio de la mano de obra sigue siendo de los más bajos del mundo, con una terrible desigualdad en la distribución del ingreso y un desequilibrio crónico en el desarrollo regional, enfrentará con pocas herramientas las demandas de una población que sigue creciendo (1.4% anual) y sigue moviéndose. En 2020, la población que se ubicaba por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos representaba el 17.2% del total, y la de situación de pobreza moderada el 52.8%, según el Coneval. Un 70% de los mexicanos puede considerarse pobre.

Triste escenario que sólo anuncia la perpetuación de la violencia criminal, que no es un producto histórico cultural, sino económico estructural.

(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. [email protected] ­– @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/ –­ https://rionda.blogspot.com/