Porque nunca como ahora en México es importante tenerlo presente, recordarlo y recordárselo a los niveles de gobierno, no olvidarlo nosotros mismos, las y los periodistas, el respeto al ejercicio periodístico y a la vida de quienes lo hacemos es la primera consigna que quiero destacar en el advenimiento de un nuevo proceso electoral.

Recordar que la Libertad de Expresión es un derecho que, de acuerdo con el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se puede definir de esta forma:  

 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) fue redactado para elaborar la Declaración más detallada:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

(a) Asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás; 
(b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

El derecho a difundir información e ideas es el aspecto más obvio de la libertad de expresión. Es el derecho a decir a otros lo que uno piensa o conoce, de manera privada o usando los medios.

Pero la libertad de expresión tiene un propósito más grande. Le permite a toda persona acceder a un espectro de información y puntos de vista tan amplio como sea posible. Éste es el derecho a la información en su sentido más amplio.

La información es un acto de justicia, una función pública. La información no es un poder, sino un derecho y un deber. La finalidad de la información es formar a cada individuo para mejorar su papel en la comunidad. Y, algo que a veces nos cuesta trabajo entender, la información no es exclusiva ni excluyente de los periodistas o los medios de comunicación (Carlos Soria, especialista español, a propósito de la Declaración universal de Derechos Humanos, 1991). Pero sí somos depositarios y cumplimos con la labor social de contribuir a garantizar el derecho a la información

Específicamente en lo que se refiere a la norma en materia de acceso a la información pública y derecho a la información, los periodistas y medios de comunicación fungimos como transmisores de la información contenida en archivos, registros y documentos públicos; la presentamos a las personas y contribuimos en mayor medida a fortalecer esas garantías y ese derecho.

No es fácil entender la verdadera trascendencia social del periodismo. Ni para muchos periodistas, ni –más grave- para autoridades y otros actores sociales. Desgraciadamente en la actualidad se ha entendido de una forma terrible: hay que desaparecer o amenazar o matar al mensajero.

José María Desantes, un erudito español creador de las primeras cátedras sobre derecho a la información en las universidades de ese país, autor y pensador, dijo una vez que la libertad de expresión no es más que el modo libre de ejercitar el derecho a la información.

Desantes escribió en su libro “La información como derecho” que “La información es requisito y es impulso para que el hombre individualmente considerado adopte decisiones políticas que, al ser políticas, adquieren un valor comunitario: es componente y acicate de la participación. Puede afirmarse, por tanto, que informar es ayudar a participar a los demás; que informar es promover la participación; que la información, tanto activa como pasivamente considerada, es ya un modo de participación”.

Ir más allá en el ejercicio periodístico es, por principio de cuentas, no dejar a los partidos políticos y sus candidatas y candidatos como actores protagónicos del proceso electoral, porque no lo son.  El verdadero protagonista es el elector y es en torno a él que el resto de los actores (autoridades electorales, partidos y medios de comunicación) deben orientar su actuar.

Cada partido debe presentar al organismo electoral, junto con el registro de sus candidatos, una plataforma electoral, que los organismos electorales deberían difundir lo más ampliamente posible, de tal manera que le facilite al elector poder compararlas para que tome una decisión mejor informada. Una comparación que permitiría, incluso, ver la congruencia entre candidatos y partidos.

En realidad los partidos –a lo largo de la exposición de estas ideas me voy a atener siempre a la experiencia-  tienen una muy mala fama, pero bien ganada, de apostarle más a la opacidad que a la publicidad en aspectos tan básicos como los salarios de la estructura directiva, en los padrones de militantes, y yéndonos a los procesos, en dar a conocer la lista de donadores privados, de gastos y del perfil completo, enterito, de quienes se convierten en sus candidatos y, posteriormente, en los representantes populares por los que votamos.

Para casi todos los partidos, ocultar información suele ser una cuestión de estrategia en la conquista de la voluntad ciudadana. O sea que el ejercicio del periodismo resulta en algo así como el desmontador de estrategias que pretenden viciar una elección verdaderamente informada, antes que manipulada.

Este panel (Acceso a la información pública, derecho a la información y libertad de expresión) podría servir para contagiar en mis colegas el entusiasmo por recurrir a las herramientas del acceso a la información pública en aras de ejercer mejor esta función y garantizar, a nosotros y a la sociedad, en este caso a los electores, su derecho a la información, mostrándole la que surge de las propias instituciones de gobierno y servicios, o en este caso, también de los partidos.

Pero quienes están aquí desesperados porque se les va el tiempo y no alcanzan a ganar la nota del día, saben muy bien que hoy por hoy hay otro fenómeno avasallante que nos resulta mil veces más atractivo e inmediato: la agenda del periodista del siglo XXI está en la Internet.

Aunque México es un país eminentemente televisivo, hemos escuchado en los años recientes afirmaciones contundentes en el sentido de que ahora las campañas electorales se hacen en internet, particularmente en las redes sociales.

La falta de una regulación suficiente en materia electoral para este ámbito de la comunicación social puede ser o es sin duda, uno de los mayores atractivos para que partidos, candidatos y medios de comunicación cumplamos puntualmente desde hace algún tiempo con una verdadera invasión propagandística e informativa en las redes.

Si bien es cierto que internet se ha convertido en una fabulosa y valiosa herramienta de comunicación y difusión, de obtención de información de forma indiscriminada y apabullante, también ha dado lugar a una masificación de la falsa información y de los falsos informadores, de personas que a partir de que participan en las redes se asumen como periodistas, sin serlo.

Con todo y esta avalancha incontenible que representa la internet, periodistas y estudiosos coincidimos en que los intentos de regulación no pueden avanzar porque la red es un medio global, abierto, esquivo, y esa regulación equivaldría a un intento de censura que se haría viral en pocos segundos en el mundo.

Los periodistas apostaríamos porque, en lugar de que gobernantes y legisladores se esfuercen en regular la red o las redes, se ocupen de elevar el nivel del debate y el ejercicio ético de la propia política.

Seguramente eso les ahorraría muchos dolores de cabeza… y muchos videos.

No puedo dejar de citar a don Julio Scherer, quien en un discurso sobre el oficio periodístico dijo que “el dato preciso evade la mentira y burla el equívoco”.    

En materia, la Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado y los municipios de Guanajuato dice en su artículo 15 que “Los informes que presenten los partidos políticos al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato son información pública a disposición de los particulares. También es información pública la que contengan las auditorías y verificaciones concluidas que ordene la Comisión de Fiscalización del propio órgano electoral, de los recursos de los partidos políticos (…) Toda persona podrá solicitar al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos”.

Aunque las disposiciones de la Ley general de partidos políticos establecen que éstos deberían publicar otras veinte cosas, como los salarios de los directivos, los contratos de arrendamiento o adquisición de inmuebles, la plataforma electoral, etcétera.

Esta fue una rápida mirada a los portales de tres partidos en Guanajuato, sin escarbar más, sino sólo en las principales pestañas:

PRI:

• No tiene un espacio destinado a Transparencia
• Aún no actualiza su plataforma electoral.
• Publica directorio incompleto.
• No publica salarios de la estructura.

PAN:

• No tiene un espacio destinado a Transparencia.
• No publica salarios de estructura de comité.
• Ya tiene la plataforma actualizada, pero en un espacio no destacado.

PRD:

• Tiene un rubro dedicado a la Transparencia.
• Informa de una Unidad de enlace de transparencia, con datos para solicitar la información pública, y precisa a cuál está obligado: comité, estructura, salarios, licitaciones, patrimonio, adquisiciones, plataforma, documentos básicos...que no aparecen directamente en la página, sino que remiten al interesado a hacer el trámite respectivo en la Unidad de Transparencia.

Como seguramente ya advirtieron las autoridades electorales que organizaron este espacio de capacitación para periodistas que realizan la cobertura del proceso electoral, nuestro interés se dirige a aquéllos temas en los que la fiscalización, el escrutinio, el marco legal, la mirada pública, siguen siendo insuficientes o difusos para definir con claridad y certeza cuando partidos, funcionarios públicos, candidatas y candidatos cruzan la línea de lo legítimo hacia el lado oscuro y entonces la decisión del elector se ve vulnerada.

En mi experiencia, el uso de las plataformas de transparencia y acceso a la información no ha adquirido la relevancia esperada en el ámbito del ejercicio periodístico por varias razones:

La principal es la de los plazos de respuesta, las prórrogas previstas y las consiguientes esperas en caso de ampliación, negativa y recursos.

Nos ha tocado vivir en carne propia que, como periodistas solicitantes de información, en cuanto somos detectables nuestra petición no es atendida o resuelta, como la de cualquier ciudadano, por la Unidad de acceso o el ente responsable…sino por el titular de comunicación social de la dependencia o institución a la que se solicita. Y entonces la sospecha cae como loza sobre la posible nota.

Para el periodismo, nunca como ahora el acceso a la información pública es un valioso instrumento de precisión, pero que no suple ni debe suplir al reporteo de las fuentes directas, a la investigación, a la consulta social, a escuchar la voz del elector, protagonista de esta historia.

Estoy convencida de que, más que avanzar en la regulación de la información, hace falta avanzar en la publicación ágil, práctica y cada vez mayor de la información; eliminar cualquier posibilidad de que el argumento de la seguridad nacional, o estatal, o municipal, se convierta en un alfil de uso discrecional para que cualquier cosa que no se quiera a ojos vistas se esconda en el archivo de una oficina de gobierno con ese pretexto.

Siempre resultará harto incongruente que siendo los partidos en su esencia promoventes de la participación social y ciudadana por y para la democracia, nuestro sistema actual no los coloque a la cabeza de los sujetos obligados y con las menores restricciones de acceso posibles, sino que sigamos, ciudadanos y periodistas, restringidos en nuestro derecho de saber a ciencia cierta y por ellos mismos –no a través de los organismos electorales- cómo y en qué se gastan cada peso público, quiénes son cada uno de sus militantes, cuáles son los patrimonios de los candidatos por los que pretenden que votemos y cuál su precisa historia de vida y qué tipo de apoyos privados o empresariales recibe…

Y cómo hace falta, y qué lejos se ve en este panorama:

• que partidos políticos, y dirigentes y candidatas y candidatos, como funcionarios entren en el redil de la convencionalidad del Derecho a la Información;
• que los poderes dispongan y se dispongan a eliminar, de una buena vez, la discrecionalidad y el uso de criterios eminentemente convenientes en la asignación de la publicidad a los medios de comunicación, que si bien tiene una regulación para las campañas a través de los organismos electorales tanto para partidos y candidatos como para autoridades, esta regulación no acaba tampoco de ser plenamente eficiente para impedir esa discrecionalidad, porque partidos, candidatos y autoridades se las siguen ingeniando para premiar o castigar a medios y periodistas por esta vía;
• que la fiscalización social a través de los mecanismos de transparencia puedan ser simultáneos a los reportes de gastos de campañas, y no a posteriori, una vez que se entregan, se aprueban y se publican los informes;
• que los mecanismos de sanción para quienes ocultan o falsean información sean reales e inatacables, 
• y que el instrumento del acceso a la información signifique el cambio, haga la diferencia real, de veras, cuando se documente una adquisición ostentosa o un acto de corrupción, para que éste no quede, otra vez, en una historia más del imaginario colectivo.

 

*Participación en el panel “Acceso a la información pública, Derecho a la información y Libertad de Expresión” organizado por el Instituto Electoral del Estado y el Instituto Nacional Electoral, como parte del curso de capacitación para periodistas con motivo del proceso electoral vigente.