Es un cuento de nunca acabar: en muchas ciudades del país un negocio de cualquier tipo o un particular tala un árbol o varios de ellos. Los vecinos o paseantes denuncian el hecho y se crea un pequeño fenómeno viral. Con suerte y, si los denunciantes tienen cierta influencia a través de las redes sociales, el asunto llega a algún diputado, regidor o político y se le da seguimiento a la queja. Al ser un delito no grave, la desaparición de los árboles se “remedia” con sembrar otros, donar más árboles o plantas y una multa no muy onerosa para el infractor. En la ciudad de Puebla, hace unos días, sucedió lo que cuento: una agencia de autos despejó la entrada de su negocio talando seis árboles, tuiteros enardecidos denunciaron el hecho y una diputada acudió al lugar. Después de un tiempo subió una foto en sus redes sociales en la cual posa con un directivo de la empresa. Más tarde, antes de saber si habrá o no una sanción oficial, además del despido de dos funcionarios, los tumba-árboles publicaron un comunicado en el que anuncian que repondrán los ejemplares, donarán mil árboles y, por supuesto, tomarán en cuenta las áreas verdes en sus futuros proyectos. Como colofón tragicómico, algunos fueron al negocio para comprobar que lo repuesto ya se estaba secando. Otros más convocaron a una protesta frente a la agencia para mostrar su repudio al “ecocidio”. 

Ante el cambio climático y las fuertes olas de calor que sufre el país, el cuidado de las áreas verdes se ha vuelto, para muchos, una prioridad. Constantemente se comparten datos de los beneficios de tener calles arboladas y de acrecentar parques públicos, entre otras medidas. Por esta razón, hay un ejército ciudadano en las redes sociales que está presto a denunciar cualquier tala o poda ilegal que ocurra en la ciudad. Esto, por sí mismo, es entendible y, creo, más de uno hemos hecho alguna denuncia de esto. El problema viene cuando tratamos de abordar el fondo del dilema. No sólo es que los árboles que son donados tarden en crecer y que, por supuesto, se altera el ecosistema del lugar que fue depredado. La esencia de esto es que las empresas –no los ciudadanos comunes– integran a sus costos operativos cualquier daño que merezca una multa. Es decir: si yo necesito talar una hectárea o seis árboles; si necesito desechar agua contaminada en un río o, incluso, pagar a demandantes que han ganado juicios, como ha sucedido con el corporativo Monsanto que ha envenenado el medio ambiente de varias localidades en Estados Unidos provocando cáncer, entre otras enfermedades, lo haré porque mis ganancias estratosféricas permiten absorber las sanciones. Mi ética es la de los negocios, no la de la ciudadanía ni, mucho menos, la del medio ambiente. En el capitalismo actual no hay más compromiso que el costo-beneficio más allá de las campañas de publicidad que nos venden la idea de la Iniciativa Privada como “consciente” o “socialmente responsable”. La agencia de autos en Puebla no sólo donó los árboles y repuso los que taló: con la foto en la que su directivo posa con la diputada, hizo un eficiente trabajo de relaciones públicas para decirle a la gente que ya aprendieron la lección y que, de ahora en adelante, son “verdes”. Es irónico, por supuesto, que el negocio de la agencia sea vender autos. 

 ¿Deberían, como solución mágica, aumentar las penas que castigan delitos ecológicos para evitar estos desastres? La abogada Ana Laura Velázquez Moreno, especialista en derechos humanos, dice que, ante la falta de políticas públicas, comienza la fantasía de lo punitivo. Yo iría más allá: ante la falta de un civismo real de la ciudadanía y una práctica de estrategias locales, comunes y, sobre todo, democráticas, el único camino que quedará para los activistas urbanos es el del castigo. Si aumentan las penas, los corporativos negociarán con los congresos para disminuirlas. ¿La razón? Son generadores de empleo y motor de la economía. ¿Qué es preferible, dejar casi en la quiebra a una empresa ecocida por una multa multimillonaria que echará a la gente a la calle o castigarla simbólicamente para que siga funcionando igual que antes, pero ahora con la bendición del gobierno, pues ya pagó su multa? No hay un entendimiento del problema real para los infractores y, por supuesto, no hay cambio alguno en su modus operandi. Las empresas automotrices, como tantas otras, desviarán el foco de las críticas diseñando sus oficinas y tiendas con áreas verdes dignas de cualquier utopía ecológicamente responsable, mientras, tras bambalinas, seguirán con el negocio como siempre.

Desde hace mucho tiempo un grupo dominante ha construido nuestra modernidad a costa de la naturaleza y sólo ahora, cuando el clima nos agobia en nuestras calles, nos damos cuenta e intentamos actuar. Todas las empresas del mundo contaminan, pues todas extraen recursos que usan para fabricar mercancías desechables cuyo único objetivo es mantener el acelerador en la sociedad de consumo. No hay reciclaje total, ni economía circular, ni una eficiencia que garantice que no talemos árboles, malgastemos agua o extraigamos combustibles fósiles de lugares que no vemos y que casi nunca aparecen en las noticias. No hay salvación del planeta si se sigue impulsando el crecimiento económico. La European Environmental Bureau, una importante red europea de organizaciones ambientalistas ciudadanas, informó esto en años recientes: “Considerada en conjunto, la hipótesis de que el desacoplamiento permitirá que continúe el crecimiento económico sin un aumento de las presiones ambientales parece muy comprometida, si no claramente poco realista”.

¿Hay que defender los seis arbolitos que taló la agencia en Puebla? Sí. Si esto hubiera ocurrido en mi calle, habría reclamado también y averiguado cómo se puede denunciar esto. Pero quizá antes habría dialogado con el infractor –si éste hubiera sido un vecino– para hacerle saber que su acto nos está afectando a todos como comunidad, incluído él. ¿Por qué no pueden hacer esto los activistas que irán a protestar a la agencia de autos? Porque hemos dejado el destino de nuestros barrios y colonias a empresas e inmobiliarias que no tienen ningún compromiso con los lugares a los que llegan no porque no quieran sino porque así funcionan. Hemos dejado que lo privado capture lo público. Sólo podremos ir más allá a través del arraigo, del combate a la gentrificación de las ciudades y de entender que, por ejemplo, en la periferia, la lucha por los árboles y los parques no existe, pues tiene prioridad la sobrevivencia diaria. Roto el tejido social, metidos en un individualismo extremo, creemos atacar el fondo de los problemas cuando el sistema persiste con nuevos disfraces. Si actuamos a nivel local y no ponemos en la mira a la sociedad de consumo que está volviendo loco el clima, seguiremos en el bucle de la solución punitiva y la responsabilidad individual o grupal dentro de la misma clase, para remediar nuestros males. Seguiremos tratando de apagar a cubetazos un gran incendio hasta que la distopía nos alcance.

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Alejandro Badillo (CDMX, 1977) es narrador, ha publicado tres libros de cuentos: Ella sigue dormida (Fondo Editorial Tierra Adentro/ Conaculta), Tolvaneras (Secretaría de Cultura de Puebla) y Vidas volátiles (Universidad Autónoma de Puebla); y la novela La mujer de los macacos (Libros Magenta, 2013).

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