La paleta es, más bien, pobre: hay un amarillo que tira a cobre; un azul deslavado por el uso y el abuso; y un tricolor arrogante. Dos tonos más que son únicamente para mezclar, en un Congreso de Guanajuato que nomás no da color.

Es jueves de sesión ordinaria en el Congreso de Guanajuato, la sesión del morbo que arrastra la indefinición: investigar o no los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Juan Manuel Oliva, ido antes de tiempo en pos de nuevos mercados electorales.

Ya es una hora de atraso, porque los coordinadores parlamentarios arrastran de oficina en restaurante una reunión intermitente en busca de los consensos que no han de encontrar: sí o no a la comisión especial investigadora es la cuestión.

Justo al mediodía, las y los diputados levitan sobre la alfombra roja, camino a su curul. Les fotografían. Son luminarias a los ojos de su séquito a sueldo. El orden del día parece interminable. Veinticinco puntos que desahogar, a cual más, la mar de importante, trascendente.

La lectura y, en su caso, aprobación de las actas de dos sesiones extraordinarias consecutivas se dispensa; dar cuenta de la correspondencia les lleva 42 minutos, en los que nadie hace caso de la voz de la secretaría de la mesa directiva.

Los asesores van y vienen. Ujieres solícitos llevan café a cada uno de los señores en su curul. Los camarógrafos hacen stock de imágenes. Las bancas para el público en el viejo salón del Pleno, de cortinajes verdes y rojos derrotados por el tiempo y el hastío, se pueblan con las dos tribus de siempre: a un lado, el staff de cada legislador; del otro, reporteros burlones que han visto la misma película durante años.

Por fin, el punto 4. Propuesta de reelección de Miguel Valadez como magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A la Comisión de Justicia, va.

El miércoles temprano, en la explanada del teatro Bicentenario, el gobernador Miguel Márquez anunció que la próxima semana presentaría dos iniciativas de ley: la primera, la reforma para conceder autonomía plena al Iacip y la segunda, una versión remasterizada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el transcurso de la jornada, alguien lo convenció de la conveniencia de adelantarla y entregarla ayer mismo, previo a la sesión de los reflectores que -como lámpara de Diógenes- auxilian en la inspección a Oliva. Le mintieron. El impacto de la presentación de las iniciativas, previsible para cualquier observador fuera de la nómina oficial, es nulo.

La primera iniciativa daría autonomía constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, a fin de que el Iacip quede constituido como el único organismo garante, especializado, imparcial y autónomo en materia de los derechos de acceso a la información y protección a datos personales…

El truco del transitorio: “Se establece la garantía de que los actuales consejeros que conforman el Iacip seguirán en su cargo hasta concluir el periodo para el cual fueron nombrado…”, qué importa que hayan sido multados por el propio Gobierno del Estado, que los sorprendió en los actos de campaña de Miguel Márquez, en horas de oficina.

Sin más, la iniciativa de reforma para la autonomía al Iacip fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales y la versión 2013 de la Ley de Transparencia, a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. Por ahora, nadie hizo el mayor caso.

Reformas al Código Civil en el apartado de adopciones… Modificaciones a la Constitución en materia ambiental… Adiciones y reformas al Código Penal, en asunto de trata de personas…

En el punto 11, el microcosmos en el Congreso aguanta una carcajada. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, región Guanajuato, presenta una propuesta de punto de acuerdo, mediante el cual se requiere información al Órgano de Fiscalización Superior “sobre diversos procesos de fiscalización específica”. El PRD tiene las manos sucias.

Escriben los perredistas:

Ante las denuncias mediáticas de varios medios de comunicación (pues sí), las denuncias de ciudadanos y el pronunciamiento de varios diputados en este Congreso sobre los mismos hechos, sobre los siguientes temas:

1. La compra de terrenos de la pretendida refinería de Salamanca. 2. La compra de los predios para la construcción del Tren Interurbano. 3. El gasto erogado en la compra de terrenos, construcción y operación de la Expo Bicentenario. 4. Las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 5. Los procesos seguidos por las denuncias de corrupción que derivaron en el despido de funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas.

Más. 6. Las auditorías y denuncias derivadas de las inversiones, adquisiciones, enajenaciones, prestación de servicios y concesiones realizadas por la administración del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) 7. Los procesos seguidos derivados de las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de la Secretaría de Salud del estado.

El punto de acuerdo: requerir al Órgano Superior de Fiscalización para que en un término improrrogable de treinta días hábiles y a través de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de esta legislatura, informe puntual y específicamente al Pleno del Congreso… El trabajo sucio para el PAN viste de amarillo.

Terna para la designación de un magistrado… Proyecto de decreto que reforma el artículo 37… Cuentas públicas municipales de Tarimoro…

Por fin, el anhelado punto 16. Propuesta de la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a efecto de que el Pleno determine si es de constituirse una comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual a diversos actos presumiblemente de corrupción y tráfico de influencias efectuados durante la pasada Administración Pública estatal. Es la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos.

Hora de recomenzar el inacabable diálogo de sordos que caracteriza a la legislatura en funciones.

El secretario recupera la historia, tan breve como intensa, de la propuesta de la comisión especial. Al terminar, el diputado Francisco Javier Contreras, jefe de los diputados priistas, dice que no, que quiere que lean, textual, el punto de acuerdo que tiene la secretaría general del Congreso. No encuentran el documento. El asesor panista Jorge Espadas se acerca a Contreras y a Yulma Rocha. Nos esperamos, no importa. Pausa. Leen. ¿Así está bien? Ahora sí.

La diputada perredista María Guadalupe Torres pide “razonar” su voto -no, hombre, todavía no estamos en esas…-.

Contreras susurra a uno de sus ayudantes: vayan por el diputado Romo. Ya fueron por él, fue al baño. Comenzamos. Hace calor.

Se inscriben seis oradores, a favor y en contra, el primero en tribuna, Juventino López Ayala, el jefe de los diputados del PAN.

Somos respetuosos de las instituciones. La propuesta del PRI constituye una violación al principio de legalidad. Mañosamente le dan tintes de transparencia y rendición de cuentas a una propuesta política. No retrocedamos sobre lo que ya hemos avanzado. No pretendamos auditar lo ya auditado. Basta ya de engañar. Abrirse al diálogo no significa conceder caprichos. Juventino va de riguroso traje gris. No, no acepta la interrupción de Adrián Camacho Trejoluna.

El priista Gerardo Zavala Procell sube a tribuna para rectificación de hechos. Será uno de los más activos en la jornada. Resulta que sí, que el párrafo último del artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato les faculta para crear la comisión especial. Los priistas les restriegan el articulejo al menos en cinco ocasiones a los panistas y estos en ninguna ocasión aciertan a refutar el argumento.

Zavala responde a una pregunta de la mesa directiva. El presidente intenta frenarlo con el tiempo. El coordinador priista protesta desde su curul. Zavala se burla y apela a su tiempo de compensación. Como antes su coordinador, Zavala felicita socarronamente a la perredista Georgina Miranda, por su propuesta de punto de acuerdo. El Congreso ríe por lo bajo. Un mesero va y viene de las curules con platitos de jamón y queso.

El turno es para el coordinador priista Francisco Javier Contreras Ramírez. Yo vengo a la tribuna, no a las ruedas de prensa, dice retador. Quienes partidizan son ustedes. Quienes dicen verdades a medias son ustedes, dice él a los panistas. Señores, ustedes no le deben el puesto a Oliva. La comisión es para dar seguimiento, no somos fiscalizadores.

En tribuna para rectificación de hechos a propósito de la pretendida legalidad de la comisión propuesta, el diputado Daniel Campos Lango. Su petición, señores diputados, le resta poder al Legislativo…, lee.

Que se suscriba a los hechos, reclama Yulma Rocha al presidente del Congreso, el panista Francisco Flores Solano. Le resta poder al Legislativo… Yulma: otra vez, para usted presidente. El tema está muy claro, responde el aludido. Hay risas en el recinto. Le resta poder al Legislativo…, insiste Campos Lango. Yulma: Presidente, le exhorto a que respete la Ley Orgánica…

El diputado Daniel Campos Lango retrata de cuerpo entero el desamparo de los panistas en el Congreso de Guanajuato. Su equipo de comunicación apenas rebasa las capacidades secretariales para la transcripción de textos. Los discursos son erráticos, anticlimáticos y plagados de lugares comunes. Son avasallados en la argumentación jurídica y reniegan del debate político. Sus asesores naufragan. Ya son más de las dos y media de la tarde.

Usted es presidente de todos los diputados, no sólo de los del PAN, sea congruente, reclama en un par de ocasiones Contreras al presidente Flores Solano. Este hace mutis. Campos Lango lleva una eternidad en la tribuna.

Zavala Procell casi encara al presidente de la mesa directiva: le exijo que le suspenda por desacato. Usted tiene un cronómetro ¡suizo!, casi grita en desquite porque a él lo callaron. Su petición es escuchada, le dice displicente el presidente. Continúe, señor diputado. Los resultados que el pueblo nos exige…

El punto 16 se lleva más de dos horas de discusión. A favor de la integración de la comisión votan el PRI -menos su remedo de diputado, Guillermo Romo Méndez, quien ya se había marchado-, el PVEM y el Panal. Los tres diputados perredistas entregan su decisión a cambio de un plato de arroz chino y se abstienen. Los 18 diputados panistas votan en contra…

La comisión investigadora de los pasos de Oliva es sepultada. Con este Congreso, como en el tomatodo: todos perdemos.

LA JAULA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó (por cinco votos contra cuatro) la validez de las reformas constitucionales de Oaxaca y Guanajuato, aprobadas en 2009, que “reconocen, protegen y garantizan el derecho a la vida desde el momento de la fecundación”.

Los ministros desecharon las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y Uriangato, Guanajuato, en la que los ayuntamientos alegaban que la legislación antiaborto afectaba el ámbito de competencia de las autoridades municipales de salud, al impedirles cumplir con las normas oficiales mexicanas (NOM) que los obligan a ofrecer servicios de salud y salud reproductiva.

Jornada redonda para las derechas.

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