Legítimos y entenados • David Herrerías

"Me sucede con frecuencia que palabras que yo “aprendí” con un significado, después de usarlas un tiempo, me entero, por la RAE que la palabra significa otra cosa, o al menos no significa exactamente lo que yo pensaba"
Legítimos y entenados • David Herrerías

Me sucede con frecuencia que palabras que yo “aprendí” con un significado, después de usarlas un tiempo, me entero, por la RAE que la palabra significa otra cosa, o al menos no significa exactamente lo que yo pensaba. Así me pasó con la palabra “entenado”. Durante mucho tiempo la escuché a nivel popular para referirse a alguien que en realidad no pertenecía al grupo, que andaba de pegoste, y que, por tanto, no era igual que “nosotros”. El significado de la palabra sí tiene que ver con esto, porque nace para designar a las personas nacidas antes de un matrimonio y que luego se integran como hijos del nuevo matrimonio. O sea, hijastros. Y de ahí el uso peyorativo de la palabra para decirle a alguien que en realidad no es igual al resto.

Valga todo este rollo para justificar el título de este artículo y para decir lo que en realidad había venido a decirles: pareciera que nuestra Constitución, tiene unos derechos para hijos legítimos y otros para entenados. Aunque el artículo primero promete que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”, y que “todas las autoridades (…) tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, hay algunos que pareciera que no son universales, porque para gozar de ellos se tienen que cumplir requisitos previos, además del hecho ser mexicanos o mexicanas por nacimiento.

Me voy a referir a tres de los consagrados en el artículo cuarto de la Constitución: el derecho a la protección de la salud, el derecho a una vivienda digna y el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico.

Tratando de hacer frente a la obligación de ofrecer el derecho a la protección de la salud, el Estado Mexicano creó, en 1943, el Seguro Social. Una gran institución que permitía obtener fondos para una reto de esa envergadura, a través de los mismos trabajadores y de las empresas. El Seguro es una estrategia para atender la seguridad social, pero también una forma de fondearla.  La fórmula funcionó bastante bien… para los hijos legítimos. Para los trabajadores y las empresas formales la solución, con sus altibajos, atendía este derecho. Los entenados, los que no tiene acceso a ese tipo de trabajo (la mitad de los trabajadores mexicanos) no tienen garantizado ese derecho o solo parcialmente. Es verdad que hay soluciones alternativas, pero siguen siendo claramente insuficientes. Así, el derecho a la protección de la salud se garantiza, no por el hecho de ser nacido en este país, sino por la forma de contratación laboral que se tenga. 

Esto afecta igualmente al derecho a la vivienda. En 1972 el presidente Echeverría creó el INFONAVIT, un fondo que se alimenta de las cuotas obrero-patronales y que sirve para ofrecer vivienda (de calidad variable) a las y los trabajadores… legítimos, no los entenados. Los que no tiene acceso a esa prestación laboral difícilmente se pueden hacer de una vivienda, a menos que estén en el último decil de ingresos de este país.

Y vinculado a esto, está el derecho de toda persona a acceder al agua, “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Igual que los otros derechos, en Guanajuato al menos, este está supeditado a una condición: la forma de propiedad de la tierra que se habita. Si a una familia sólo le alcanzó para comprar un lote irregular, no tiene derecho al agua.

Lo común en estos tres casos es que no se respeta la universalidad de los derechos, porque se supeditan a otras condiciones. Es como si para garantizarte el derecho a la educación, los padres tuvieran que demostrar que viven en un fraccionamiento regular o cualquier otro requisito.  

La vivienda, la salud y el agua son derechos universales que por nuestra historia hemos supeditado a condiciones de las personas que son ajenas a estos derechos, y que no exentan al Estado de la obligación de protegerlos. Salud universal (un solo sistema de salud que de acceso a todos en igualdad de condiciones), vivienda digna (más allá del INFONAVIT) y agua accesible (no vinculada a la forma de propiedad); sin distingos, porque no debería haber mexicanos legítimos y mexicanos entenados.