Atrapado en el fuerte de los aranceles que regentea Donald Trump, ocupadísimo el secretario Juan Ramón de la Fuente con los asuntos de los migrantes, acá en la patria las delegaciones estatales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRA), sus oficinas de tramitación de pasaportes, están a punto de quiebre… por subrogar el servicio.

Le cuento.

En el estado de Guanajuato, la oficina central de pasaportes de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores está en León, en la Plaza Galerías, allí en el bulevar Hidalgo, como si fuera usted a Los Castillos. Pues esa oficina está sumida en una crisis harto fea.

Hay otras siete en otros tantos municipios. Les llaman Oficinas Municipales de Enlace, son como una suerte de ‘sucursales’ de la oficina central a la que auxilian en una parte del proceso de expedición de los pasaportes que concluye en Plaza Galerías.

En contraprestación, los municipios comisionan personal suyo que apoye en la oficina central los procesos iniciados en las localidades.

Así que personal, hay. Al menos un cuarenta por ciento serían los comisionados por los municipios; un quince o veinte por ciento, empleados directamente por la cancillería, y el restante 40 o 45 por ciento, empleados a sueldo en un consorcio que contrata, subroga, la Secretaría de Relaciones Exteriores. El esquema se replicaría en todas las entidades de la República. 

En el proceso hay momentos en los que entran los comisionados –recepción de los documentos, revisión, verificación-; otros que domina el personal de Relaciones Exteriores, que además son sindicalizados –básicamente la autorización-, y el grueso de los procedimientos que ejecuta la empresa que ofrece el servicio a la Secretaría.

Estos son, en síntesis, tres momentos: uno, la captura y digitalización de toda la información; segundo, el apartado de ‘biométricos’ -fotos, huellas y esa onda del iris-, y el tercero que es la impresión o, vamos, la emisión del pasaporte. Esos tres momentos los desahoga de manera subrogada una misma empresa a nivel nacional –chavos tipo ‘call center’, algo así. 

El punto es que más, menos, desde julio del año pasado, cada tanto, dos o tres quincenas, no les pagan a los jóvenes del consorcio. Simplemente no les llega su quincena. Y alguien tiene que negociar. “Miren, no abandonen la chamba”. Ellos se dejan convencer, ‘bajo protesta’. Y eso ocurre una y otra y otra vez. “Ok. Vamos a trabajar hasta el mediodía”, y se van hasta las cuatro, cinco de la tarde.

Sí, pero ya. En la quincena anterior… no les pagaron. No se les pagó a nivel nacional. A ver, otra vez. El consorcio este que ha sido contratado por Relaciones Exteriores, bajo el esquema de subrogación, no paga.

Esta irresponsabilidad tiene metida en una crisis tremenda a las oficinas de pasaportes de las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la oficina central de León, nada más en citas, atienden de 300 a 400 entrevistas diarias. Y desde el jueves los muchachos, hastiados, abandonaron su trabajo. No han ido a trabajar. O llegan, no les pagan y se van. Y es una crisis de las delegaciones de esa Secretaría federal en todo el país.

El consorcio

El Consorcio –antes ‘Mocedades’, no, no es cierto-, ha de tener en la oficina de León, Guanajuato, de 40 a cincuenta empleados –es de imaginar el personal a su cargo en las oficinas a nivel nacional. 

Es una verdadera crisis, porque a decir de los jóvenes perjudicados, “en toda la Secretaría estamos igual”. 

Hasta ahora, poco o nada se había conocido públicamente de la situación, porque el resto del personal, el comisionado desde los municipios y los empleados directos de la Cancillería, están ‘medio sacando’ el trabajo “como Dios nos da a entender” –es decir, hacen tareas que no son su responsabilidad y cumplen con horarios que no les corresponden.

Peor todavía. Les es imposible avanzar a mejor ritmo porque la Secretaría dispone de un sinfín de mecanismos de protección de los procesos, que impiden que personal no autorizado intervenga en algunos de ellos, condición que hace lentos hasta la desesperación muchos de los pasos obligados: un pasaporte que normalmente se procesaría en dos horas, se tramita en hasta cinco horas o más –Así, en todo México.

Al interior la inconformidad germina. 

Saben que, por una parte, se encuentran en un esquema de subrogación de contratos de servicios, en procesos que teóricamente puede y debiera realizar la Secretaría; en el colmo, “los chavos están recibiendo una paga súper jodida” y, tercero: No Tienen Prestaciones. –“Sí, les hacen descuentos, que si el Infonavit, que lo otro, con serios problemas porque no falta quien tenga ya su crédito y estén en apuros ante el Instituto de la Vivienda, porque la empresa no está cubriendo todos sus rollos”. 

Y como a falta de información el mundo se llena de versiones. En medio de la tensión, allí todos saben ya que no hablamos de una empresa que sea ‘muy derecha’ con sus empleados. Ellos temen que su patronal se encamine a un cierre, a un ‘sabadazo’, resurja con otro nombre y pretenda recontratarlos como ‘nuevos’ –que ya les pasó hace unos dos o tres años.

En vía de mientras, la empresa les ‘argumenta’ que la Secretaría no les paga a ellos -lo que saben que es una mentirota y, por el contrario, es una súperlanota’ la que recibe el consorcio a nivel nacional. 

Uno entiende que hay prioridades y que a la presidenta Sheinbaum y al secretario de Relaciones Exteriores, De la Fuente, ahora los apriete el puño de Trump, pero esto de fallar por subrogar hace añicos el discurso nacional de Morena… y francamente apesta. 

(A)La Jaula

Adicciones

En la sesión del Pleno del jueves anterior, los priistas –que Aunque Usted No lo Crea, existen- propusieron una “Ley de Prevención, Tratamiento, Control de las Adicciones y Rehabilitación para el Estado de Guanajuato”. Una de esas Iniciativas que mueren a su primer asomo en Comisiones. Esta merecería atención. Que regularía los “anexos” y los evitaría fuera del orden jurídico, dijeron los ‘priyistas’. Son constantes las quejas alrededor de los ‘anexos’. Cuotas, hacinamiento, malos tratos, violencia, violaciones a los derechos humanos. Otorgaría facultades de supervisión y clausura a los municipios. Regularía la autorización, el registro, control y supervisión de estos centros. Antes de cortar las alas a la fracción tricolor, en comisiones y, ojalá, en el Pleno, la diputación debiera considerar algunas cosas. Uno, que la violencia criminal se ha cebado en esos antros. Dos, que a cada masacre el gobierno promete lo mismo, y nada. Tres, que Guanajuato es exhibido como primer lugar en adicciones sin que se conozca, ni antes ni ahora, de un desmentido contundente. Y cuatro, que la falta de esa ley no exculpa de lo que ocurre ahí, a nadie en la oficialidad. A ver si ahora.

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‘X’: TigresDePapel