Aprueban en comisiones legislativas la definición de 'personas cónyuges' al contraer matrimonio y sanciones por delitos contra la identidad de género y orientación sexual
Guanajuato, Guanajuato. La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato aprobó denominar "personas cónyuges" a aquellas que contraen matrimonio, y se precisa que este es la unión libre de dos personas.
Durante el miércoles por la mañana en la sesión de la Comisión de Justicia se presentaron cuatro iniciativas de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato.
Con estas modificaciones se precisó que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se sustituye en los términos marido y mujer por personas cónyuges.
Este dictamen se aprobó por mayoría de votos.
Se analizaron tres iniciativas de reforma al Código Penal de Guanajuato para incluir delitos contra la expresión o identidad de género u orientación sexual.
Se precisa que a quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio.
Por lo anterior se definió que son esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, aquellas prácticas en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional y se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, médicas o cualquier método o tratamiento, que tengan por objeto anular o menoscabar la expresión o identidad de género o la orientación sexual de la víctima.
Si la persona que ejerce la violencia es padre, madre o tutor de la víctima, la pena aplicable será de veinte a sesenta días multa y tratamiento psicoterapéutico integral por el tiempo que determine el juez, y que el consentimiento informado otorgado por la víctima mayor de edad excluye a este delito.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.
Finalmente, se analizaron tres iniciativas en materia de interrupción legal del embarazo.
La diputada Karol Jared González Márquez señaló que en virtud de que se trata de un tema suficientemente discutido, solicitó se someta a votación el sentido del dictamen y se plasmen en las consideraciones los argumentos contenidos en el dictamen aprobado por esta misma Comisión de Justicia y que fueron posteriormente ratificados por la Asamblea, en el periodo ordinario pasado.
Por su parte, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que las iniciativas en comento los colocaba frente a la obligación de construir un marco legal que esté a la altura de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los estándares internacionales de derechos humanos.
La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que los temas relativos a los derechos de las mujeres nunca van a estar suficientemente discutidos porque surgen nuevos temas, y que los derechos son progresivos y como servidoras y servidores públicos tienen el deber de garantizarlos.
Añadió que la propuesta que presentó trae ajustes y se tomaron en cuenta los comentarios vertidos en las mesas y demás reuniones, así como la resolución del amparo de Giré en el que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el delito tipificado de aborto como está actualmente en el Código Penal estatal precisamente por ser violatorio de los derechos de las mujeres.
Pedroza Orozco remarcó y compartió que si no era suficiente que la Suprema Corte de Justicia haya mencionado que el Código Penal estatal es violatorio de los derechos de las mujeres para que se reforme, y si no era eso lo más responsable como legisladores y legisladoras.
La propuesta de elaborar un dictamen en sentido positivo no fue avalada, por lo que se instruyó la elaboración de un dictamen en sentido negativo.
La congresista Susana Bermúdez Cano indicó que el tema ha sido suficientemente discutido, por lo que la postura de su grupo parlamentario no ha cambiado y el derecho a la vida es un tema fundamental protegido desde la concepción, por lo que votarían a favor del dictamen en sentido negativo.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, y la diputada María Eugenia García Oliveros anunció la presentación de su voto particular