Guanajuato, Gto. El Pleno de la LXII Legislatura aprobó la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, con la que se pretende sentar las bases para la implementación de políticas públicas que permitan prevenir, atender y erradicar la violencia en el ambiente escolar desde la perspectiva de una cultura de paz y protección de los derechos humanos, así como distribuir las competencias entre el Estado y los municipios, para favorecer su coordinación.

Entre los fines que tiene la ley aprobada destaca el de diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de las personas que integran la Comunidad Educativa a un ambiente libre de violencia, así como el de establecer las lineamientos bajo los cuales se deberán realizar las acciones de prevención y ejecución de medidas en materia de seguridad escolar en los centros educativos.

Otros fines son determinar las atribuciones que las autoridades estatales y municipales tienen en materia de violencia escolar y establecer mecanismos de participación de instituciones públicas, académicas, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia y Comunidad Educativa en general, para fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión comunitaria.

Esta Ley se rige por los principios del respeto a la dignidad humana, el interés superior del menor, la no discriminación, la cultura de la paz, la igualdad de género, la prevención de la violencia, la solución pacífica de lso conflictos, la cohesión comunitaria, la debida diligencia, el reconocimiento del pluriculturalismo y la corresponsabilidad de la familia, el Estado, los municipios y la sociedad.

Como autoridades competentes para la aplicación de esta Ley se definen, además del gobernador del estado, las Secretarías de Educación, de Salud y de Seguridad Pública, los ayuntamientos y los sistemas DIF, tanto estatal como municipales.

Además de establecer los sujetos entre los que se ejerce la violencia escolar, la Ley define los tipos de ésta: violencia psicoemocional, física, verbal, a través de las tecnologías de la información y comunicación y exclusión.

Se crea la Red Estatal para la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, cuyo órgano de dirección se integrará con representantes de las autoridades, del sindicato magisterial y de los padres de familia. Este órgano deberá conformar un sistema estatal que permita conocer y concentrar información a efecto de atender este fenómeno de violencia, información que se sujetará a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos en materia de derechos humanos y protección a los datos personales.

Hablaron a favor de este dictamen los diputados Juan Carlos Guillén Hernández y Marco Antonio Miranda Mazcorro.

Guillén Hernández manifestó que el problema de la violencia en el entorno escolar no es tema menor, pues se estima que el 50% de los suicidios entre jóvenes están relacionados con este fenómeno social que no distingue raza, religión, posición social, estructura física ni edad; este problema afecta a los escolares en una edad cada vez más temprana y ningún sector de la sociedad está libre de él, afirmó.

Luego de reconocer la importante participación de todos los integrantes de la Comisión en el fortalecimiento de la iniciativa, agregó que es un exigencia el contar con un marco normativo que permita que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen y evalúen el conjunto de acciones de gobierno transversales tendientes a garantizar un ambiente sano y  libre de violencia en el entorno escolar.

Por su parte, Miranda Mazcorro coincidió en que el problema del bullying puede derivar en otros peores si no se detecta y frena a tiempo. Todos, dijo, autoridades, profesores, padres de familia y los propios alumnos, tienen una responsabilidad en el cuidado y atención  de niños y adolescentes.

Luego de exponer algunos de los tipos de violencia, añadió que con esta ley se procura no sólo atender sino erradicar este grave problema, así como proporcionar atención en el sentido que lo requieran los afectados, estableciendo un procedimiento claro para que la atención sea adecuada y en el caso de ameritarlo, se apliquen las medidas correctivas a los generadores de violencia.