Guanajuato, Gto. El Pleno del Congreso del Estado aprobó el último paquete de iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio 2019. Se trata de las correspondientes a Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cuerámaro, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, León, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas y Silao de la Victoria.

Al ser sometidos a votación los dictámenes en lo general, hicieron uso de la tribuna para hablar en contra la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Raúl Humberto Márquez Albo.

Rosales Cruz destacó que desde hacer ya semanas el trabajo legislativo había estado enfocado al análisis de las iniciativas de leyes de ingresos que enviaron los ayuntamientos. En ese sentido, externó su inconformidad con la metodología de análisis de las iniciativas en comento y de no haber tenido una profunda discusión, lo que dijo iba en perjuicio de los habitantes de los municipios.

La congresista señaló que los trabajos se limitaron a que no hubiera incrementos de los impuestos por encima del índice inflacionario, salvo que estuvieran justificados, por lo que indicó se había sentido limitados porque sus propuestas de reserva no se aprobaron y se calificaron todas como con falta de argumentos.

Agregó que la mayoría de las iniciativas se había aprobado cómo venían y no se analizó a fondo los incrementos. Al respecto, la diputada enfatizó que la discusión se tendría que haber centrado en cómo reducir los impuestos y no cómo aumentaros, ya que las familias enfrentar situaciones difíciles y paga por lo que calificó como ineficiencia se los servidores públicos.

Finalmente manifestó que deberían de bajarse los sueldos, reducir privilegios y hacer buen uso de los recursos y no incrementar los impuestos.

Por su parte, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo manifestó el rechazo del Grupo Parlamentario de MORENA a la aprobación de los decretos correspondientes a las leyes de ingresos municipales de León, Irapuato y San Miguel de Allende, ya que conllevaban afectaciones innecesarias a los bolsillos de los guanajuatenses.

En específico, señaló que en el municipio de León se presentaron incrementos importantes en los valores de los inmuebles con el argumento de que eran actualizaciones, pero que significan que no se cumplió con un trabajo eficiente al respecto.

En el caso de San Miguel de Allende, se pretende, dijo, el cobro del estacionamiento en la vía pública, por lo que la ciudadanía manifestó su rechazo y no fue escuchada.

Los dictámenes fueron aprobados en lo general por mayoría de votos. Al votarse en lo particular se presentaron varias reservas.

El diputado José Huerta Aboytes se reservó lo relativo al concepto de inmuebles en rancherías del municipio de Celaya. Dijo que el iniciante presenta incrementos muy por encima del 4% que era el tope establecido, que inclusive llegan al 60.7% en los valores mínimos y máximos de las diversas zonas, argumentando que actualiza los valores mediante la metodología para la determinación de estudio de valores comerciales y que no se había hecho.

Precisó que la justificación no tenía soporte técnico que justificara los valores a los importes propuestos, no presentaba estudios ni fuentes y resultaba insuficiente y carente de elementos técnicos idóneos la propuesta de incremento.

Aunado a los anterior, dijo, destacaba que en ese municipio se habían contemplado impuestos por encima del 4% y que el incremento acumulado que ha sufrido ese artículo afectaba la ya lastimada economía de Celaya, por lo que pidió se ajustara el incremento al 4%.

La propuesta no fue aprobada.

En su intervención, la diputada Celeste Gómez Fragoso y el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo se reservaron lo correspondiente a los servicios de estacionamiento públicos del municipio de Guanajuato. Bazaldúa Lugo argumentó que estaban por encima del 4% y que eran excesivos, por lo que solicitó se dejara como está y se tomara en cuenta que los ciudadanos de ese municipio pagan por ese rubro más que en otras ciudades; además de que pagaban demasiados impuestos y se le sumaba el pago de la caseta.

El congresista invitó a sus homólogos a sumarse a su propuesta y ser sensibles para no lastimar a los ciudadanos de esa manera.

También la legisladora Celeste Gómez Fragoso habló sobre el mismo concepto y celebró la coincidencia con su antecesor. Dijo que las tarifas iban del 39% al 50% de incremento y que justificaban que era para recuperar gastos pero no motivaban ni justificaban los servicios del estacionamiento, no vinculaban conceptos involucrados con el costo de la tarifa y el incremento propuesto, no existía coherencia entre lo que referían como materiales e insumos necesarios, no presentaron ningún documento donde se desprenda la justificación técnica coherente del incremento de las tarifas y le faltaban argumentos técnicos para justificar esos incrementos, por lo que solicitó un ajuste en las tarifas.

La reserva no fue aprobada.

En lo que respecta al municipio de Irapuato, la diputada Ma. Carmen Vaca González se reservó lo conducente al impuesto predial y el valor de los predios.

Señaló que la propuesta no incluía estudios técnicos que sustenten en aumento de casi 400 por ciento el valor de los terrenos, costos que consideró desproporcionados e inequitativos, ni la disminución al 2 por ciento al millar la tasa de inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones.

La legisladora mencionó que esta propuesta evidencia que el ayuntamiento está actuando fuera del marco normativo en cuanto al cobro del impuesto predial. asimismo, expuso un comparativo del costo de diferentes tipos de predio y el aumento que se propone para ejemplificar los incrementos en los valores unitarios. 

El diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, habló a favor de esta propuesta, argumentando que si se vota en contra se estaría avalando el aumento del costo de las casas al último consumidor, que es el ciudadano irapuatense, lo cual derivaría en un incremento en el cobro del impuesto predial.

La propuesta no fue aprobada.

La diputada Vanessa Sánchez Cordero y los diputados Hugo Varela Flores y Raúl Humberto Márquez Albo se reservaron el artículo referente al aumento en los valores de diversas zonas y colonias del municipio en mención, pidiendo que se ajusten al incremento del 4 por ciento. Aunado a este punto, el legislador Varela Flores propuso la eliminación de los sectores y tramos de nueva creación.

En las consideraciones, la diputada y los diputados coincidieron en que el municipio de León no presentó los estudios técnicos necesarios para justificar el aumento y sólo presentó datos sin sustento. Asimismo, señalaron que, en caso de ser aprobado el incremento, se dañaría la economía de los ciudadanos que ahí habitan.

Para hablar en contra de las propuestas subió a tribuna la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, quien señaló que no se estaba subiendo una tasa que se trataba de hacer justicia, hacer un equilibrio y cumplir con la ley.

Precisó que por mucho tiempo no se actualizó y, por lo tanto, de manera responsable, la ley señala que para cobrar el predial tiene que ver con el valor comercial del predio y la propuesta es que en 14 colonias de León se actualicen los valores de los predios, es decir, reconocer el valor real que tiene cada una de estas colonias, que en su gran mayoría son residenciales, otras industriales y solo una popular.

En rectificación de hechos, el diputado Héctor Hugo Varela Flores precisó que los ajustes se estaban haciendo de manera abrupta y el estudio no estaba sustentado técnicamente. Indicó que no estaban en contra de que se pague lo que deba, sino que el estudio no estaba fundamentado bien.

En respuesta, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos señaló que sí había un estudio técnico y estaba hecho por profesionales en la materia.

Las reservas no fueron aprobadas.

En una segunda intervención, la legisladora Vanessa Sánchez Cordero se reservó sobre el mismo municipio, una adición que se hace a los inmuebles suburbanos, relativo a la falta de servicios básicos en la zona, y pidió que se incluyera en ese supuesto a los inmuebles urbanos porque también algunos no cuentan con esos servicios.

La propuesta no fue aprobada.

La diputada Katya Soto Escamilla propuso adicionar una referente al permiso de uso de suelo específico en el municipio de San Miguel de Allende. Dijo que con ello se busca que quienes ofrecen servicios de hospedaje a través de plataformas colaborativas, puedan cumplir con los requisitos necesarios para ofrecer un servicio de alojamiento con los estándares mínimos de calidad y seguridad.

La propuesta plantea un cobro de 10 mil pesos anuales por el permiso de uso de suelo específico cuando se desarrolle el arrendamiento total o parcial, a través de plataformas electrónicas o por cualquier otro medio. Este pago se podrá realizar una sola exhibición, en dos pagos semestrales o seis bimestrales.

Para hablar en contra de esta propuesta, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo hizo uso de la tribuna argumentando que se está buscando crear un impuesto para personas que buscan esta actividad de alojamiento para reactivar su economía.

Señaló que esas personas ya pagan un porcentaje a la plataforma y con la propuesta de que paguen un impuesto serían afectados, toda vez que ya pagan predial y por otros servicios, además de que se trata de casa habitación y no de uso de suelo comercial.

En rectificación de hechos, el diputado Miguel Salim Alle señaló que quienes ofrecen formalmente el servicio de alojamiento consideran una competencia desleal, ya que se protege a la plataforma y se afecta al sector hotelero. 

Asimismo, precisó que se trata de un tema de seguridad y control, además de que era necesario respetar la autoridad y autonomía del Ayuntamiento, ya que es el que conoce la problemática directamente.

Finalmente, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo indicó que se debería hacerse un estudio para conocer el porcentaje que se cobra a quienes ofrecen alojamiento, a través de plataformas, e incluso buscar una contribución por parte de esa.

La reserva fue aprobada.

Sobre el artículo correspondiente a los servicios de estacionamientos públicos hicieron uso de la tribuna la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno y el Raúl Humberto Márquez Albo para manifestar sus reservas. La primera, comentó que se trataba de un nuevo concepto de cobro, por lo que debieron acompañar con documentos que contengan elementos suficientes para las tarifas de este nuevo impuesto.

Agregó que dicho documento no tenía justificación técnica como, por ejemplo, un estudio de costos, y al no contar con él lo consecuente era eliminar ese artículo y el relativo a los beneficios de los lugareños. Guerrero Moreno puntualizó que no contaba con una debida argumentación, no tenía sustentaba social ni técnico el cobro de la utilización de la vía pública, y que afectaba a los que menos tenían.

El diputado Raúl Humberto Márquez Albo señaló que la inclusión del cobro de estacionamiento en la vía pública ha sido rechazada por la sociedad, ya que las tarifas que se proponen afectan la economía tanto a los ciudadanos que ahí viven como a los visitantes. Refirió que dicha medida podría desalentar la visita de turistas, perjudicando a los prestadores de servicios del lugar. De igual forma, expuso que el municipio no demuestra un déficit en sus finanzas públicas, por lo que el cobro propuesto no es necesario.

También la congresista Vanessa Sánchez Cordero habló para reservarse el mismo artículo e indicó que el cobro no se hace por el derecho sino por la prestación de un servicio y éste no representa ningún servicio. Argumentó que, además era rechazada por los sanmiguelenses y era su responsabilidad detener ese tipo de cobros que impactan de igual manera a los visitantes.

El diputado Isidoro Bazaldúa Lugo hizo uso de la voz para hablar a favor de las propuestas de sus homólogos, reiterando que se estaba afectando a los habitantes de San Miguel de Allende con el cobro del estacionamiento en la vía pública, además de que con esto se sembraría un precedente para que en un futuro otros municipios impongan el mismo impuesto.

Asimismo, recalcó que dicho impuesto no se encuentra respaldado por un estudio técnico que especifique temas como sanciones, además de que la población sanmiguelense se había manifestado en contra de dicho cobro y no fueron escuchados.

Las propuestas no fueron aprobadas.

Asimismo, se aprobaron reelecciones y nombramientos de magistrados:

• Relección de Víctor Federico Pérez Hernández, como Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
• Reelección de Ma. Elena Hernández Muñoz, como Magistrada Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
• Designación de Ma. Rosa Medina Rodríguez como Magistrada Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
• Designación de Eliverio García Monzón, como Magistrado Propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se remitió, para su estudio y dictamen, el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría coordinada de cumplimiento financiero específica a bienes muebles e inmuebles, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, practicada a la Universidad de Guanajuato.

Mientras que el punto de acuerdo, presentado por el diputado Jaime Hernández Centeno, de la Representación Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, en el apartado de asuntos generales de la pasada sesión, con el que se busca se implemente un programa que tenga como objetivo sustituir los mingitorios tradicionales por mingitorios secos o ecológicos, fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.