domingo. 19.05.2024
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Iniciativa de ley para prevenir investigar y sancionar la tortura en Guanajuato

Asigna obligaciones y facultades a la Fiscalía Especial

Iniciativa de ley para prevenir investigar y sancionar la tortura en Guanajuato

Guanajuato, Gto.  Las diputadas y los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Estado de Guanajuato.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá indicó que la propuesta pretender atender la necesidad de dotar a la sociedad guanajuatenses de un instrumento jurídico que garantice una mayor efectivad en la prevención, atención y sanción de esos delitos, que indigna profundamente a todos los ciudadanos.

Señaló que con esa ley se establecerían las bases de la coordinación entre las autoridades a nivel estatal y municipal en materia de los delitos de tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; además de establecer las medidas específicas de atención, asistencia y reparación integral en beneficio de las víctimas.

Agregó que en la nueva ley se explican las obligaciones y facultades de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, la cual dispondría de plena autonomía técnica y operativa, además de personal especializado, incluyendo Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos, que deberán estar actualizados en cuanto a investigación criminal y uso adecuado de la fuerza.

También dijo que la Fiscalía Especializada sería la encargada de coordinar el Registro Estatal del Delitos de Tortura y que tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato como los Ayuntamientos deberán emitir programas de prevención del delito de tortura. Además, precisó que se describe el derecho de cualquier persona privada de su libertad a ser examinada por un perito médico o psicológico de su elección, y se refrenda el compromiso de que las autoridades aseguren la reparación integral del daño a las víctimas.

Márquez Alcalá manifestó que los delitos cuya naturaleza y perversión exigían de la sociedad una respuesta especialmente clara y específica, que se reflejara desde las leyes, las instituciones y las políticas públicas para proteger a las víctimas y para castigar a los culpables.

La iniciativa fue turnada al a Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.