Guanajuato, Guanajuato. El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave. Esta medida endurece las sanciones para las personas servidoras públicas que incurran en estas conductas.

Las modificaciones amplían y precisan la definición de acoso sexual en el servicio público, sancionando a quien:

Asedie o genere desventaja/indefensión con fines sexuales o lascivos, incluso si no existe una relación de subordinación (jefe-empleado).

Realice actos de violencia sexual valiéndose de su cargo.

Permita, tolere o facilite conductas de acoso.

Violencia Digital: Grabe, difunda o comparta imágenes, audios o textos de contenido íntimo/sexual sin consentimiento.

El diputado Antonio Chaurand Sorzano destacó que esta reforma brinda a las víctimas una vía administrativa "clara, accesible y eficaz" para obtener justicia, sin obligarlas a depender exclusivamente de los largos procesos penales.

"El dictamen dota a las instituciones de herramientas claves... el acoso sexual se eleva como falta grave por tener sanciones más significativas, lo que representa un mensaje inequívoco de cero tolerancia", afirmó el legislador.

Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano subrayó que el acoso impacta desproporcionadamente a las mujeres y constituye una violación a los derechos humanos. Recalcó que elevar la conducta a falta grave generará un efecto disuasorio y punitivo necesario para construir instituciones seguras y éticas.

Finalmente, se aprobó una reserva presentada por el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, la cual perfecciona la redacción de la ley para garantizar claridad jurídica (principio de tipicidad), asegurando que se castigue también a quien participe "directa o indirectamente" en estas conductas.