Guanajuato. Con el fin de medir de manera oportuna la trayectoria de la pobreza en Guanajuato y sus municipios y determinar la relación de esa trayectoria con las políticas estatales de bienestar, el diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, formuló una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato para crear un órgano ciudadanizado, denominada Comité para la evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social y Humano en Guanjuato.

Dicho comité sería de perfil académico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goce de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

El congresista precisó que el beneficio de contar con dicho Comité sería múltiple, entre otros, serviría para mejorar el diseño de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la pobreza de conformidad con la legislación mexicana y los compromisos internacionales adquiridos por México.

Asimismo, señaló que era necesaria una reestructuración de la evaluación de las políticas públicas en el combate a la pobreza en Guanajuato, para observarlas desde la integralidad de sus efectos en el bienestar de la población más vulnerable, a la par de revisar la arquitectura institucional desde la visión propia del desarrollo social.

Martínez Mendizábal argumentó que para propiciar una participación ciudadana, con pleno enfoque de derechos, la propuesta buscar crear un órgano de evaluación de la política social, totalmente ciudadanizado, con independencia del Ejecutivo, para que deje de ser juez y parte, con una clara autonomía como organismo público descentralizado, que tenga como objeto el normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programa de Desarrollo Social que ejecuten las instituciones y dependencias del gobierno del Estado de Guanajuato.

Subrayó que la motivación central de la iniciativa era que, si bien el CONEVAL hacía evaluaciones y mediciones con alto estándar académico, tenía dos dificultades que lo hacían poco útil para la planeación y evaluación para el estado de Guanajuato y sus municipios: la primera, que la evaluación para las entidades federativas se hacía cada dos años y, cuando se  realiza, resultaba de poca utilidad para la toma de decisiones oportuna por tratarse de datos viejos; la segunda, que la medición para los municipios se hacía cada cinco años, todavía menos útil que las mediciones estatales.

Finalmente, dijo que estaban frente a la oportunidad de crear un mecanismo eficiente que pocos estados tenían.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para su estudio y dictamen.