Guanajuato, Gto. Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordaron las metodologías de estudio de tres iniciativas.

La primera corresponde a la propuesta para modificar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que busca garantizar la protección a las mujeres, la cual se remitirá a los 36 integrantes de la LXIV Legislatura, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, al Instituto de la Mujer Guanajuatense, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y al Poder Judicial, quienes contarán con un término de 15 días hábiles para remitir sus observaciones.

Además, se habilitará una liga en la página de internet del Congreso del Estado para consulta ciudadana y, al término del plazo de consulta, se establecerá una mesa de trabajo.

Las otras dos propuestas pretenden reformar, por separado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato en materia de presentación y análisis del informe anual de gobierno por parte del titular del Poder Ejecutivo.

La primera, se enviará a los 36 integrantes de las LXIV Legislatura y a la Auditoría Superior del Estado; la segunda, se remitirá también a las y los legisladores, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y al Instituto de Acceso a la Información Pública, todos tendrán un plazo de 15 días para que enviar sus opiniones y, para ambas iniciativas, se publicará una liga en el sitio web del Congreso para consulta ciudadana.

Finalmente, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato relativa a llamar a comparecer al Gobernador del Estado, formulada por el diputado Raúl Humberto Márquez Albo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

El diputado Raúl Humberto Márquez Albo manifestó su desacuerdo con el sentido del dictamen. Dijo que la iniciativa presentada buscaba mejorar el equilibrio de poderes y contar con un diálogo más directo con el Gobernador del Estado, por lo que no debía archivarse.

Precisó que, si bien el titular del Ejecutivo contaba con secretarios de gobierno, él era la cabeza y responsable de las acciones que realizan en las dependencias que comprenden la administración estatal. Asimismo, calificó de desafortunados los comentarios hechos en mesa de trabajo por parte de la Coordinación General Jurídica, en cuanto a que la propuesta podría generar un golpeteo político.

Secundó a su homólogo la congresista Vanessa Sánchez Cordero al precisar que se debía apoyar la propuesta, ya que se abonaba a generar una mejor dinámica entre los Poderes, y que facultar al Congreso del Estado para llamar al gobernador a comparecer, abonaba a la luchar por migrar de un sistema netamente presidencialista a uno donde haya un verdadero equilibrio de poderes.

Para concluir, apuntó que no compartía la opinión de la Coordinación General Jurídica de que darle esa atribución al Congreso podría generar un conflicto.

Por su parte, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que en la mesa de trabajo había quedado clara la inviabilidad y la falta de claridad de la comparecencia, pero que la propuesta abrió la posibilidad a un debate posterior, ya que se habían presentado más iniciativas en la materia, y que el tema que se estará discutiendo en próximas semanas.