Guanajuato. Con la finalidad de regular las órdenes de protección en el estado, el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.

En la exposición de motivos, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla destacó que el otorgamiento de órdenes de protección busca preservar la integridad de las víctimas tanto directas como indirectas. Asimismo, subrayó que con las órdenes de protección se crea un mecanismo legal diseñado para proteger a la víctima de cualquier tipo de violencia y evitar que llegue a la muerte.

Refirió que, frente a situaciones de riesgo para la vida e integridad de las mujeres y niñas, el estado debe asegurar que su estructura responda efectivamente y en forma coordinada para hacer cumplir los términos de la orden de protección.

“Dentro del Programa de Acciones Legislativas del Grupo Parlamentario del PAN se estableció como una de sus prioridades el trabajar propuestas integrales para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En este sentido, seguiremos velando por generar acciones legislativas en beneficio de las mujeres, adolescentes y niñas, ya que la violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”, acentuó.

La legisladora reconoció que en Guanajuato se ha trabajado para que las mujeres se encuentren seguras y protegidas. Mencionó que el estado ocupa el primer lugar en la plataforma “México Rumbo a la Igualdad” observada por el Instituto Nacional de las Mujeres y la ONU Mujeres, la cual mide el avance de los estados en incorporar la perspectiva de género en sus programas, políticas públicas, y asignación y utilización de recursos públicos.

“Además de lo mencionado, Guanajuato es el primer estado en conformar las unidades de policía especializada en la prevención y atención de la violencia de género. Somos la entidad con mayor avance en políticas públicas, presupuesto, acciones y estrategias para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres”, comentó.

Las modificaciones contemplan que las órdenes de protección deberán otorgarse de oficio o  petición de parte, a través del Ministerio Público, la autoridad administrativa, y en su caso por órganos jurisdiccionales, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que el agresor, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

Además, establecen los principios de las órdenes de protección, tipos y temporalidad, lineamientos, conocimiento de un delito, la información que deberán tener las órdenes de protección, consideraciones generales, entre otros.

La iniciativa se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.