Guanajuato, Gto. El asesinato de varios integrantes de una familia, registrado el 11 de abril en Dolores Hidalgo, y la masacre a otra más en Cortazar, muestra los referentes de un fenómeno en ascenso en la entidad: ataques a familias.

Con estos dos ataques suman ocho las masacres registradas en el estado en lo que va del año. La organización causa en Común señala a Guanajuato como una de las cinco entidades del país con mayor número de atrocidades a manos del crimen organizado.

En tanto, el tema de los homicidios en lo que sigue siendo uno de los estados más violentos del país es tomado para fijar posturas políticas de parte de los dos partidos más fuertes en la entidad: Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La tarde de este martes 11 de abril, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Tres mujeres y dos hombres fueron atacados cuando se encontraban en la presa Peñuelitas. Un hombre llegó en una camioneta blanca sacó su arma y abrió fuego contra la familia.

Policías y paramédicos confirmaron la muerte de tres mujeres y dos hombres, cuyos cuerpos quedaron junto a un automóvil negro. La menor de edad resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Los asesinatos continuaron en el estado, pero la violencia tomó carácter de noticia nacional e internacional cuando el 15 de abril un grupo de más de 20 hombres armados llegó al balneario La Palma, ubicado en la colonia La Fortaleza, justo a un lado de la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), en Cortazar,  y disparó contra un grupo de personas, con saldo de siete decesos. Seis eran integrantes de una familia.

Eran tres mujeres, tres hombres y un niño de siete años, todos originarios del municipio. Hubo al menos tres personas más que resultaron lesionadas, una de ellas se reporta muy grave.

Los atacantes usaron armas de alto poder y en apenas un minuto ejecutó su acción para antes de retirarse se llevaran las cámaras de seguridad.

Reacciones políticas

Tras los acontecimientos registrados en Cortazar, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expresaron sus posturas: los morenistas exigen la renuncia de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, responsables de la seguridad pública en la entidad; el panismo exige una más eficiente coordinación entre órdenes de gobierno para evitar más asesinatos.

El Grupo Parlamentario de Morena dio a conocer el domingo 18 un comunicado:

Condenaron los hechos ocurridos en el municipio de Cortazar e hicieron un llamado al titular del ejecutivo, al secretario de seguridad pública y al Fiscal general del estado para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de la tragedia. 

Expresaron en el documento:

“El escenario de privación del bienestar en nuestra entidad es uno de los factores sustantivos de la violencia criminal y el clima de inseguridad que hoy impera en nuestro estado ha alcanzado cifras que nos colocan como una de las entidades más violentas del país. 

Desde la tribuna, el Grupo Parlamentario de Morena ha insistido en la remoción de los funcionarios encargados de la seguridad y procuración de justicia ante los pésimos resultados.

Hacemos extensivo un llamado a las autoridades para que se devuelva la paz y tranquilidad ante los altos índices de criminalidad e impunidad que hoy nos da muestra de la fallida estrategia en seguridad”. 

Este lunes, la diputada Alma Alcaraz, en conjunto con la dirigencia estatal morenista, ofreció una rueda de prensa en la que exigió la renuncia de los responsables de la seguridad pública en la entidad y acusó deficiencias en el manejo de las videocámaras públicas de vigilancia.

Señaló que el sistema de monitoreo no sirve y no es usado para investigación criminal.

El diputado panista Martín López Camacho, expresidente municipal de Apaseo el Grande, condenó también el hecho, demandó el esclarecimiento del mismo y la captura de los responsables y señaló que la coordinación existente entre los tres órdenes de gobierno debe ser efectiva.

Indicó que la violencia en la entidad está inserta en delitos tanto locales como federales, por lo que gobiernos tanto municipales como estatales y federales deben cerrar filas y mejorar su coordinación ante la violencia que afecta a la entidad.