“La luz que irrumpe desde la ventana en arco, les ilumina como en las obras del arte sacro. Todos están muertos...” 27 víctimas. Eso fue en el anexo 'Buscando el Camino a mi Recuperación', la tarde del primero de julio de 2020, en la comunidad 'de Arandas', a la orilla de la mancha urbana de Irapuato.

Luego de los tuits de ocasión, el gobierno y la mar de colectivos para la defensa de cualquier cosa y todo derecho, lo olvidaron.

Este lunes, unos 500 jóvenes, sus familiares, 'padrinos' y administradores de los refugios, amagaron tomar la secretaría de finanzas y protestaron a las puertas del palacio de gobierno, allá en Paseo de la Presa, en la ciudad de Guanajuato.

Se agrupan en el CRUB, que integran los 'Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío', a los que apoya el movimiento 'Fuerza Nacional y Asociación de Anexos del Bajío'. Hartos, exigen que esta vez los escuche personalmente el Gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez. El primer punto de su muy particular orden del día —salvada la regularización, claro-, en su reunión imaginaria con el gober, sería el cese de Rosa Elda Villalobos, funcionaria de la Secretaría de Salud y comisionada en las mesas de negociación que presuntamente les atienden.

Bueno, eso de reunirse con el gober, parece que no se va a dar.

Tras aquel crimen que sacudió al país, uno supondría que la regularización y supervisión de los llamados 'anexos' en los que sus familiares entregan a jóvenes adictos, como alternativa última de recuperación, escalaría en las prioridades del gobierno del estado y sus réplicas en los municipios. Evidentemente, no fue así. La designación de una funcionaria menor para esa tarea, que creímos urgente, ahora nos enteramos, empeoró la situación. Los refugios irregulares se multiplican y ella se ha dedicado, según la denuncia, a entorpecer cualquier iniciativa de normalización.  

A su aparición muy de mañana en el pórtico de la secretaría de Finanzas —donde impidieron la entrada de algunos empleados agradecidos-, a la vera de la presa de 'La Olla', en la rutina ensayadísima, primero les mandaron a los fieros antimotines. Algunos forcejeos y puñetazos que no pasaron a más. Llegaron los consabidos 'asesores' de la secretaría de Gobierno, y enseguida los subalternos del procurador panista de los Derechos Humanos en el estado, Vicente Esqueda. No avanzaron en maldita la cosa, como era de esperarse. Se fueron pronto. Llegaron más policías estatales y se desplegaron, ahora sí, desde la presa y el edificio de Finanzas hasta el parque Florencio Antillón y el palacio de gobierno.

Por ahí de la una de la tarde, los recibió la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo —quien, evidentemente, apenas hojea el instructivo de la política interior del estado, con la que van más acordes las acciones, no ya las disertaciones legislativas-. Hay apertura. Habría que revisar las condiciones de los anexos, les dijo. Ningún acuerdo profundo en la primera cita. Que se quedarían en plantón. Oh, pues. En comunicado apurado, la secretaría de Gobierno propuso, sorpresa, 'la realización de mesas de trabajo interinstitucionales' —un truco de cajón que a veces funciona y en otras no-, para la regularización de los 'anexos'.

Nicolás Pérez, dirigente del CRUB, que agrupa a unos cien centros, dice que de plano el gobernador no quiere escucharlos de frente. Advierte, por enésima ocasión, que hay un problema social de adicciones muy grave, y que no lo van a resolver ni erradicar, si no lo reconocen y ayudan a la asociación de 'anexos', que pide condiciones de trabajo legales únicamente.

Lo ha explicado una y otra vez. Ganó la atención nacional cuando la masacre aquella, a la que se refirió incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador —aunque sólo para decir que se trató de 'agresiones entre ellos, los cárteles'-. Dijo entonces que desde hacía un año buscaban al gobernador, para alertarlo de los riesgos y la vulnerabilidad de los 'anexos', pero que simplemente los ignoraba. El interés que atrajo acá el crimen fue mera simulación.

El jefe del CRUB habla de casi 300 centros en operación, tan sólo en Irapuato, pero menos de 60 registrados y en conocimiento de los tres niveles de gobierno —porque para tal efecto, con todos hay que hacer trámites: el uso del suelo es municipal; el aval de la atención médica es responsabilidad del gobierno del estado, y es menester una certificación de la Cofepris, de cuño federal.

El resto son irregulares. Ante la insistencia les mandaban a los asesores, que a su vez les decían que denuncien en la Fiscalía, no con ellos. A botepronto, 10 meses luego de la tragedia, el gobierno estatal responde igual, en automático: policías, asesores, oferta de 'mesas de trabajo'. Al margen de los acuerdos eventuales de funcionarios y administradores de los centros, en el medio quedan los jóvenes adictos, sus familias... y la violencia del crimen organizado. El cuento de nunca acabar.

En el limbo

Los 'anexos' tienen una unión estatal, pero no las facultades legales para sujetar al orden a cada uno de ellos. Eso corresponde a la autoridad. 'Su actuación ha sido negligente', acusa Nicolás Pérez. Los refugios irregulares proporcionarían la atención, pero lo harían sin la supervisión de sus procedimientos debida. Ese sería el caso del anexo 'Buscando el Camino a mi Recuperación', en el que ocurrió aquel asesinato múltiple.

Un cálculo de los involucrados estima que el número de los 'anexos' que funcionan sin estar legalmente constituidos —vamos, que ni siquiera son enlistados-, es al menos cinco veces superior. La autoridad ni siquiera acepta tener un cálculo, menos el padrón.

El año pasado, la masacre en Irapuato ocurrió justo una semana después de que el secretario de Seguridad estatal Alvar Cabeza de Vaca, en charla de café virtual con los diputados al Congreso del Estado, respondiera al legislador panista irapuatense —que hoy persigue la reelección- Víctor Zanella, que los anexos para adictos “se han convertido en ‘semillero’ de la delincuencia organizada: van, cometen sus fechorías, se resguardan en el anexo, y por eso el grupo rival va y ataca.” Que habría que clausurarlos. —'Ningún diputado se indignó, y si no aplaudieron fue porque el encuentro se realizó vía remota', escribimos en los 'Tigres...' correspondientes.

El ataque al anexo “Buscando el camino a mi recuperación AC”, dejó a 27 jóvenes muertos —24 en el lugar de la embestida y tres más camino al hospital-, la mayoría entre 20 y 35 años de edad. Había mujeres, pero les permitieron irse.

El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, en el ejercicio de revictimización más absoluto, diría que muchos de estos centros son 'fachada de los propios cárteles'. En los números del edil, que ya se marcha, en aquellas fechas habría 47 de estos 'anexos' ubicados, de los que 29 serían ilegales, 15 se encontrarían en proceso de regulación y 3 ya regularizados y en funcionamiento legal. Dos universos paralelos, si se comparan los números con los de la agrupación de los centros.

Al mediodía de este martes, la secretaria Libia García informó en twitter de la firma del compromiso de 'generar mesas de trabajo interinstitucionales' y del acuerdo del levantamiento inmediato de la manifestación a las afueras de la Secretaría de Finanzas. Minutos antes de 'la firma', manifestantes y policías se liaron a golpes, y cuatro personas hubieron de ser atendidas por paramédicos.

Después de aquel hecho de sangre en Irapuato, los ataques a los 'anexos' han continuado, no con un saldo semejante, porque si eso ocurre de nuevo, las autoridades van a actuar 'de inmediato y caiga quien caiga'. Eso, seguro. O tal vez no.

 

(A) La Jaula

Los debates.

Los debates entre los candidatos a la nómina oficial, de suyo intrascendentes, esta vez marcados por la pandemia de covid-19, se antojan francamente prescindibles. Pero no. Está en curso una suerte de comparecencia virtual de los aspirantes a Alcalde(sa) de León, en las tablets del alumnado de la Universidad de LaSalleBajío. Ya retrataron ahí la panista Alejandra Gutiérrez y el morenista Ricardo Sheffield. Es decir, eso acabó. Y es aquí que la Ibero León arroja su cuarto a espadas. Su 'Foro Universitario virtual con candidatos y candidatas a la Presidencia Municipal' será el lunes 3 de mayo, a las cinco de la tarde. Los rollos serán sobre Educación, Salud y Seguridad Social. Cierto, en 1989 la Ibero León fue la primera en abrir sus puertas al grillerío formal. Y desde ahí, en caída libre. Primero fue un ejercicio muy encomiable de interlocución directa del estudiantado y los políticos. En 2018 ya se preguntó por escrito, previa entrega a sus mesas directivas. La Ibero León, lo hemos citado aquí, cada tres y seis años entrega su listado de propuestas a los candidatos, que se deshacen del legajo apenas alcanzan el estacionamiento. En fin. Y está en lista de espera la pasarela de modas que organiza la Coparmex. Ésta será el 18 de mayo a las 6 de la tarde, con 100 invitados y quien guste, en las redes sociales. Amenazan incluso con un 'Foro de comunicación con los jóvenes', el 25 de mayo, también a distancia. Ay, si los candidatos tuvieran algo qué decir.

 

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