Regresemos, por mor de los hechos acaecidos la semana pasada, al artículo 245 del Código Penal del Estado de Guanajuato: la bomba empacada como regalo que explotó en plena vía pública frente al restaurante salmantino Barra 1064 causó alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública y, quizás, también menoscabó la autoridad del Estado en una ciudad donde la mayoría sabe que puede esperar muy poco de este último. Donde los empresarios de diversos ramos saben que las autoridades no procederán contra las denuncias de extorsión a sus negocios.

Sin embargo, y a contradicho de las primeras declaraciones del Gobernador de nuestro estado, debemos creer que este artero asesinato con explosivos fue fruto de unas “negociaciones comerciales” que no salieron bien. Y que tras atrapar a los supuestos autores intelectuales, no se les procesará por terrorismo.

No está de más recordar a los 17 cueramarenses encarcelados como terroristas por la asonada del 24 de noviembre de 2019. Simples ciudadanos de a pie, cuya protesta contra la impunidad se salió de las manos de la autoridad y pagaron con cárcel por un delito que llevó meses reclasificar, aunque la injusticia era incontestable.

Recordemos también que esta misma autoridad es sospechosamente omisa. Como ejemplo reciente traigo a colación a los 26 habitantes de San Isidro de Helguera, vinculados a un grupo de delincuencia organizada, que bloquearon vías, enfrentaron a la fuerza pública e incendiaron vehículos en Celaya a mediados del año pasado. Fueron liberados en menos de 48 horas sin cargo alguno de tipo penal. ¿Terrorismo? Por supuesto, pero impune.

Sí, existe el delito de terrorismo en el Código Penal, pero… ¿Por qué parece más un saco que sirve para algunos y no para otros? Si tiene cola de pato, pico de pato y patas de pato, ¿no se trata de un pato?

¿De dónde salieron los explosivos? ¿Quién preparó el paquete para que explotara? ¿Por qué este modus operandi como colofón de unas “negociaciones comerciales”?

Acto seguido a la presentación de los terroristas de Salamanca, capturados en menos de 72 horas, la conclusión automática y desafortunada de nuestro gobernador consiste en que tenemos la mejor fiscalía de México. ¿En realidad lo cree así? ¿De dónde entonces provienen los reclamos de los últimos años por la falta de seguridad? Así de ciegos e inconscientes estamos que no nos habíamos dado cuenta. Así de fácil piensan librarse de su responsabilidad, porque si con la mejor fiscalía de México, Guanajuato acumula en este sexenio más de 53.000 vehículos robados y 12.282 homicidios dolosos, ¿cómo estaríamos sin ella? ¿Cómo esta fiscalía de primer mundo es incapaz de dar respuesta a los familiares de más de 2.600 desaparecidos? Por qué las desapariciones en Guanajuato muestran una tendencia al alza (del 1 de enero de 2021 al 17 de agosto se han abierto mil 898 carpetas de investigación por este delito, según cifras de la misma FGE)?

¿Por qué no hay resultados concretos de las unidades forenses que han exhumado las más de 200 fosas clandestinas en los últimos tres años, cuya existencia la misma Fiscalía negó de manera sistemática? ¿Olvida también la Fiscalía que la extorsión también está en el Código Penal de Guanajuato en el capítulo VII?

Y así podríamos continuar enumerando temas, pues por más informes impecables, certificaciones internacionales, inversiones multimillonarias en drones o helicópteros, el asunto no es de percepción: las cifras, que la misma Fiscalía muchas veces escamotea, siguen ahí.

El problema no es que alguien pueda decirle al emperador que está desnudo, sino que éste sufre de ceguera y sordera. Y lo peor, es voluntaria.

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