¿Qué tan mal está la economía estatal? Una cosa es cómo se comporta el PIB estatal, y otra, las finanzas del gobierno estatal. En esta entrega empezaré por lo segundo. Para conocer las finanzas estatales se requiere iniciar desde lo general y después a lo particular. Es decir, desde las transferencias estatales a la federación (recursos que generamos los guanajuatenses por el Impuesto Sobre la Renta) y que después nos regresan al presupuesto estatal. En lo federal, recordemos que existe un pacto federal que rige la recaudación y la devolución de los impuestos. Desde el 2019, la política distributiva de recursos extraordinarios cambió, pues los estados en general -y más Guanajuato, por estar gobernado por un partido no solo diferente, sino adversario de MORENA- fueron castigados con la eliminación de las transferencias federales directas por la vía del PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación). 

Aunque el gobierno federal y sus representantes en el estado afirmen lo contrario -pues contabilizan allí los nuevos programas sociales (que antes no existían)- y por ello que afirman que Guanajuato no ha dejado de recibir esos recursos. Lo que se ha dado, sí, es la eliminación de las obras de infraestructura federales que antes se hacían en el estado (una de ellas, por ejemplo, el enorme puente de Clouthier y Libramiento). 

En clases con alumnos de la Maestría en Contabilidad Gubernamental, analizábamos cómo se comportan las transferencias federales y cómo el gobierno estatal las administra y cómo logra obtener ingresos de obras rentables (como lo era la carretera Silao-Guanajuato) o de intereses por los ahorros presupuestarios y de pensiones. Y la verdad, que la administración estatal ha sido siempre muy eficientes, pues han tenido a personal técnico muy calificado. Esto se refleja con las finanzas estatales, pues los niveles de endeudamiento estatal, a diferencia de los estatales, han sido bien pensados y por tanto, la deuda contraída para cubrir el déficit de transferencias federales se ha ido pagando.

La fortaleza financiera del gobierno estatal está muy bien evaluada por las calificadoras de deudas. Moody's Local México ha ratificado la nota crediticia del Estado de Guanajuato como AAA con perspectiva estable en escala nacional, destacando la fortaleza financiera y la gestión eficiente de la hacienda pública. S&P Global Ratings ha reafirmado las calificaciones crediticias de la entidad en escala global de BBB. Fitch sigue clasificando a Guanajuato como un gobierno tipo B, debido a que cubre su servicio de deuda con su flujo anual de efectivo. Es decir, problemas financieros no hay en la gestión. El problema es que la fórmula 80-10-10 no se puede mover, a menos que Guanajuato se independizara o fuera un estado autónomo, lo cual es irreal pensar. 80% de nuestros impuestos guanajuatenses son para la federación; 10% para el estado y 10% para nuestros 46 municipios. 

Esta regla es mortal para las economías del Bajío-Occidente y para el norte del País. Sólo queda optimizar ese 10% y generar ingresos propios. Incrementar la inversión extranjera y la nacional sólo tiene el efecto de incrementar el ISR, y esa recaudación no la volveremos a ver. Si bien es cierto que en las transferencias el gobierno federal considera las participaciones por convenio en entidades educativas y de salud (que son a porcentajes de ambas partes), la verdad es que un estado así no puede sobrevivir ni competir en el mediano y largo plazo.

Los impuestos generados por estados como Guanajuato los ha canalizado el gobierno federal al sur del País, a mega obras que siguen siendo cuestionadas por su baja rentabilidad financiera y social (las que hemos analizado aquí como el Tren Maya, el aeropuerto AIFA, etc.). Entonces, el margen que queda al gobierno estatal es poco. Por ello, la necesidad de que se optimice para gasto social, sobre todo en un entorno tan complejo con la cercanía de las elecciones del 2027, donde el PAN podría perder su mayoría ante el crecimiento de las fuerzas de la oposición.