Las elecciones recientes en el Estado de México y Coahuila dieron como resultado un nuevo enemigo: el abstencionismo. Por supuesto, los que han puesto el problema en el mapa son panistas, priistas y comentaristas en los medios. Piensan que, sin abstencionismo, quizás habrían tenido una oportunidad en la elección del Estado de México, aunque, curiosamente, en Coahuila, donde triunfaron arrolladoramente, la participación fue del 56.4 por ciento, la más baja en las últimas tres elecciones. Tampoco investigan (o lo saben, pero no lo dicen) que los niveles de abstencionismo han sido altos en los procesos electorales recientes, exceptuando la elección presidencial del 2018.

Lo que estamos presenciando es la construcción de una caricatura que tiene, como suele suceder en nuestro país, un grave prejuicio de clase: el mexicano displicente, ignorante de los altos valores de la democracia, está hundiendo el barco de la legitimidad electoral. El estereotipo está dirigido a las clases populares. El rico que se abstiene de votar –educado y conocedor de los valores cívicos– no aparece en el imaginario de los quejosos. El pobre tiene sólo dos papeles en esta fantasía: es clientela, acarreada por el poder, dispuesta a vender su voto por una despensa, o es un ciudadano irresponsable que no quiere mejorar su vida a través del voto. En una caricatura compartida en estos días un niño le pregunta a su papá, mientras caminan en un barrio marginal, por qué están en esa situación y él le responde que porque no votó. En ningún momento ninguno de los políticos o intelectuales alarmados por el abstencionismo se les ha ocurrido pensar en razones legítimas para no ejercer el voto. En el maniqueísmo conceptual que difunden, la democracia electoral es la única manera en la que el ciudadano puede ser ciudadano. Fuera de esto, hay una suerte de ilegalidad demonizada por el elector responsable: “si no votas no te quejes”, suelen decir. 

En el fondo –más allá de usar el abstencionismo como una torpe justificación de su derrota electoral– hay una entendible alarma por la poca credibilidad de la democracia de mercado que domina a buena parte del mundo. Esto sucede en México desde que se abrió la competencia a finales del siglo pasado hasta que llegó la primera presidencia de la oposición en el 2000. A partir de entonces, los candidatos se han convertido en productos que, con el paso del tiempo, han perdido su encanto. Todo cambia para que siga igual y esto alcanza cuotas delirantes cuando los candidatos cambian de partido en cada proceso. Ya no hay identidad ideológica en los partidos porque la ideología –un concepto anacrónico para los demócratas de mercado– se ha convertido en eslóganes vacíos y en puestos políticos supeditados por el poder del dinero y los empresarios.

Ante el abstencionismo recién descubierto han surgido algunas ideas para ajustar cuentas con los mexicanos displicentes. La diputada panista del congreso de la CDMX, Ana J. Villagrán Villasana, propone reformar la ley y sancionar a los abstencionistas. Podrán pagar una multa o hacer trabajo comunitario. No hace falta ahondar mucho en los peligros del “punitivismo electoral”, por llamarle de alguna forma. Es interesante que ese mismo partido haya llamado a no votar en la consulta de revocación de mandato organizada por el INE en el 2022. Con el voto obligatorio, se hubiera tachado al gobierno de totalitario, al nivel de países diabólicos como Corea del Norte. La única solución para esto –ofrezco esta idea a la diputada– es que en la reforma legal se incluya un apartado que haga flexible esta disposición: castigo a los abstencionistas cuando pierda nuestro partido, y absolución magnánima a los mexicanos displicentes cuando ganemos. 

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Alejandro Badillo (CDMX, 1977) es narrador, ha publicado tres libros de cuentos: Ella sigue dormida (Fondo Editorial Tierra Adentro/ Conaculta), Tolvaneras (Secretaría de Cultura de Puebla) y Vidas volátiles (Universidad Autónoma de Puebla); y la novela La mujer de los macacos (Libros Magenta, 2013).

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