Los gobernantes mexicanos, del alcalde de sombrero de palma al intelectual en “baño de pueblo” o el dandi que gusta de los cuatrocientos trajes en su guardarropa, suelen documentar los derechos ciudadanos como una graciosa concesión del poder: así sea de manera inconsciente profesan la doctrina patrimonialista de la política y de la función pública.

En los tiempos recientes eso ha ocurrido con los derechos humanos, con la transparencia y la rendición de cuentas y ahora, con la observación ciudadana de sus actos de autoridad.

En Guanajuato, corría el interinato en el Gobierno del Estado -nacido de un acto autoritario del presidente Carlos Salinas de Gortari- a cargo entonces del panista Carlos Medina, cuando la oleada internacional en favor de los derechos humanos (ni modo) alcanzó los rincones de México y hubo de crear un organismo que nos colocara en el mapa en la modernidad.

A la figura de “Comisión” se le pintaron cruces y, en aras de mantener el control –como hasta ahora-, la nueva institución vio la luz bajo la definición legal de Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato, y se puso al frente a don Rafael Hernández Ortiz, un hombre bueno, del que nunca se esperó beligerancia alguna.

Con el siglo XXI, los ciudadanos del mundo exigieron acceso pleno a la información pública en manos del estado. A México lo gobernaba –bueno, era Presidente de la República- Vicente Fox Quesada.

En el Congreso de la Unión, las izquierdas pugnaban por que se reglamentara por fin el derecho a la información, consagrado en el artículo 6º. Constitucional -y nada más ahí-, desde el mandato de José López Portillo.

El Grupo Oaxaca, de Ernesto Villanueva, ponía sobre la mesa su propuesta de la primera Ley Federal de Acceso a la Información. Todavía Martha Sahagún deslizó una alternativa hilarante que los legisladores tuvieron a bien rechazar, y adoptar la otra.

En Guanajuato, el jefe de asesores del gobernador Juan Carlos Romero Hicks –hoy Director de Políticas Públicas con el gobernador Márquez-, Enrique Ayala Negrete, coordinó la propuesta del Ejecutivo, que se hizo aprobar sobre la que habían presentado los entonces diputados priistas Martín Ortiz y Miguel Montes.

Desde entonces el estribillo, de: “transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y protección de datos personales” –póngale la tonada que le agrade-, campea en todos las conferencias, discursos y declaraciones de banqueta de políticos y funcionarios públicos, de medio pelo hacia arriba.

Y como el negocio de la política y el servicio público deben continuar, ahora el nombre del juego es: “la observación ciudadana”.

En León, recién debimos apechugar con los 18 millones de pesos del erario que se repartieron el Observatorio Ciudadano de León -inventado por el exalcalde panista Ricardo Sheffield y su compañero de partido, Carlos Medina- y la Fundación de Gobiernos Confiables -de la que es presidente el mismo exgobernador interino de Guanajuato.

Apenas la semana pasada el gobernador Miguel Márquez anunció la firma de un contrato –que no convenio, lo llamó- para que el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, asesore a su administración en materia de transparencia.

El recurso –de la autoría de Enrique Ayala, quien ya hizo enviar al Congreso local la versión “remix” de la Ley de Acceso a la Información Pública (“su hijita”), y las reformas pertinentes para la adecuación del Instituto de Acceso a la Información Pública- tiene dos lecturas, obvias.

La primera es que entierra formal y definitivamente el anhelo de Carlos Medina por la creación de un Observatorio Ciudadano estatal y uno más en cada municipio de Guanajuato. En León, la alcaldesa priista Bárbara Botello cambió a su Fundación de Gobiernos Confiables por el Sindes (Sistema de Indicadores de Desempeño), y en el Gobierno del Estado ni siquiera la consideraron a la hora de contratar al CIDE, porque “el horno no está para bollos”.

La segunda interpretación es que, al gobernador Miguel Márquez, atrapado por voluntad propia en el discurso de la transparencia y la rendición de cuentas desde la campaña, y rebasado por los reiterados actos de opacidad y corrupción que lo sorprenden en su sexenio, busca a como dé lugar dar cuerpo a su prédica.

Realmente el CIDE ya no es lo que era antes, pero vive de un prestigio bien ganado. A lo mejor por eso nada más va a cobrar cuatro millones de pesos.

A VIGILAR  AL POLICÍA

Discurso, acciones y contrataciones harían esperar que, en un elemental gesto de congruencia, el gobernador Miguel Márquez apoye entonces, en el discurso y en los hechos, la Iniciativa de Ley que la semana pasada presentó en el Congreso de Guanajuato el diputado por el Partido Nueva Alianza, Marco Antonio Miranda Mazcorro.

Mazcorro “le puso el cascabel al gato” blanquiazul: que la selección del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, que depende del Congreso, sea abierta a todos los ciudadanos.

El diputado panalista propone reformar los artículos 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 66 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

En la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se asentaría: “La designación del titular del Órgano de Fiscalización Superior, y en su caso su designación para un segundo periodo, se llevará a cabo por convocatoria abierta a la ciudadanía en términos de artículo 36 del Reglamento del servicio civil de carrera, del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

El artículo 66 de la Constitución estatal, diría: “El titular del Órgano de Fiscalización Superior, será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, previa convocatoria que para tal efecto expida la Junta de Gobierno y Coordinación Política”.

Mazcorro recordó a los diputados que en Guanajuato se creó el OFS ante la necesidad de perfeccionar el sistema de fiscalización de las cuentas públicas, “depositando esa facultad en un órgano con autonomía técnica, dependiente del Poder Legislativo”.

En realidad todo eso quedó únicamente en el papel; en los hechos, nada diferencia los modos, el sesgo de las auditorías y el manoseo político de sus resultados, de lo que se hacía en el seno de su antecesora, la Contaduría Mayor de Hacienda.

La iniciativa, como corresponde, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en el arranque de su ruta legislativa.

Y como quiera que sea, ahí tienen los panistas en el Congreso del Estado y en el poder Ejecutivo otro buscapiés con el que tarde o temprano tendrán que bailar.

LA JAULA

Diría Camila: Nada cambió. Los levantones, los secuestros, las extorsiones, las ejecuciones y el aquí en México no pasa nada, siguen impertérritos pese a las premoniciones por el relevo sexenal de signo político en el poder federal.

A una semana de que once jóvenes de Tepito, en la ciudad de México, desaparecieron del bar “Heaven”, en la Zona Rosa, el Gobierno del Distrito Federal no tiene una explicación convincente y su jefe Miguel Mancera –del que un par de meses atrás dijimos aquí que ya lo perdimos-, sale a declarar que no están “desaparecidos”, sino “ausentes”.

Eso es lo mismo que afirmar que en México no existen los “ejecutados” –un término legal y facultad del Estado-, sino fueron “ejecutados…” ¿Nada más están muertos?

Acá en Guanajuato, en León, en específico, pasa lo mismo con el grupo de cazadores del barrio de El Coecillo, que simplemente se habrían “desvanecido”, pues nadie confirma su muerte. Es decir, están “desaparecidos” o, a lo mejor, nada más “ausentes”. A ver qué dice, si le preguntan, el procurador estatal de Justicia Carlos Zamarripa.

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