En 1974 Rosendo Radilla, líder social, músico, compositor y opositor guerrerense, desapareció en manos del Ejército Mexicano. Su hijo declaró frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Mi padre preguntó a los militares que de qué se le acusaba. Ellos le dijeron que de componer corridos. Él preguntó que si eso era un delito, los soldados dijeron: no, pero mientras, ya te chingaste”. Nadie sabe cuántos hombres y mujeres fueron desaparecidos y asesinados entre 1968 y 1980, la etapa conocida como la Guerra Sucia. El Comité Eureka ha documentado más de 500, pero se calcula que pueden ser muchos más, porque la mayoría eran campesinos, estudiantes y maestros rurales de los estados del sur, especialmente de Guerrero. Desaparecían y los familiares no tenían forma de saber ni de reclamar nada. Muchos fueron arrojados al mar, como en las dictaduras del Cono Sur.

Los medios de comunicación electrónicos callaban; la prensa escrita independiente era escasa y duramente perseguida. No había forma de romper cerco informativo tan estrecho. En 1976 López Portillo fue candidato único. Los Partidos Popular Socialista (PPS) y Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) amanecieron un día y descubrieron que el candidato ideal, el único, el salvador, era –como cada seis años– el mismo que había sido señalado por el dedo del señor Presidente para contender por el PRI. El PAN, dividido y cansado frente a la aplanadora oficial, decidió no presentar candidato. En las bardas de las ciudades y en los medios de comunicación sólo había un aspirante. “La solución somos todos” rezaba el eslogan de JLP; y como consuelo podíamos leer, a veces, algunas bardas alteradas en las que inconformes corregían: “La corrupción somos todos”. El Partido Comunista Mexicano no tenía derecho a participar. Valentín Campa contendió, con la seguridad de que sus votos serían arrojados al cajón de los “no válidos”. Las elecciones eran una farsa.

Según los resultados oficiales, López Portillo obtuvo el 91% de los votos. Pudo gobernar con más del 90% de diputados del PRI y el 100% de los Senadores. El Jefe del Ejecutivo era el Jefe también de todo el Congreso y con eso, del Poder Judicial. Con esas mayorías los presidentes podían impulsar cualquier ley y ahogar cualquier iniciativa que no les gustara. Pudo López Portillo, por ejemplo, nacionalizar la banca, en medio de la ovación incondicional de los diputados. Y en el sexenio siguiente, pudo Miguel de la Madrid desnacionalizarla, en medio de la ovación incondicional de los diputados. Los gobernadores y los presidentes municipales eran impuestos desde el centro. No se mueve un pelo –se decía– sin que el Presidente de la República lo sepa. Se gastaba a manos llenas, discrecionalmente, sin posibilidad alguna de saber cuánto ganaban los funcionarios públicos, haciendo ostensión de la riqueza, sin rubor.

A pesar de la noche oscura por la que estamos pasando, afirmo que hace 40 años la situación era, en muchos sentidos, peor que la de ahora. Había también desapariciones, pero nadie salía a las calles. Había corrupción, dispendio, abusos de poder y no se podía hacer nada. No es consuelo, pero sirve ver de dónde venimos: no para justificar lo que estamos viviendo; tampoco para reducir los calificativos que merece la barbarie; mucho menos para disminuir la gravedad de la emergencia. Es importante reconocer, ahora más que nunca, que hemos sido capaces de construir instituciones y avanzar, para reafirmar como ciudadanos la fe en nuestra capacidad transformadora.

Antes de 1996 no existía una institución electoral que no estuviera presidida por el Secretario de Gobernación. Apenas en 1997 –hace 17 años– experimentamos lo que era tener una Cámara de Diputados en la que el partido en el poder no tuviera mayoría. Apenas hace 15 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió autonomía presupuestaria y de gestión. Hace poco más de 10 años se creó apenas el Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En buena medida, estas instituciones han ido viendo la luz por la presión de organizaciones de la sociedad civil, de la mano con miembros de los aparatos gubernamentales bien intencionados.  Estos organismos, con sus altibajos, han funcionado de una forma que hace menos de cuatro décadas no hubiéramos ni soñado.

Se respira ahora una tensión entre dos extremos: la impaciencia –que lleva a la violencia estéril– y la desesperanza –que lleva al cinismo, la negación y la inmovilidad–. Ninguno de los extremos nos permite imaginar algo nuevo. Las y los mexicanos somos capaces de construir instituciones. Tenemos que ir más allá de la legítima expresión de nuestro hartazgo y poner manos a la obra para terminar con las tres plagas que están en la base de muchas otras, que todavía nos asolan: la corrupción, la impunidad y la inequidad social.