Uno de los tópicos que han sido discutidos en las últimas semanas en los resquicios de información que ha dejado la reforma hacendaria y la desgracia del futbol nacional, es el asunto de la creación de un solo Instituto Nacional Electoral para todo el País, que sustituiría tanto al actual IFE como a todos los institutos electorales de los estados.

Un asunto que me ha llamado la atención ha sido cómo la discusión de este tema ha sacado a flote uno de nuestros rezagos como República Federal: la distinción entre lo que es Federal y lo que es de la Capital. Muchas de las discusiones sobre la creación del INE contraponen la idea de realizar nosotros nuestras elecciones, o “que las organicen desde el DF”. Esto refleja en buena medida la idea de que, cuando hablamos de lo Federal, no estamos hablando de todo el País, sino del “centro”. Pareciera como si la Federación estuviera fuera de nosotros y que no nos incluye. Eso tiene su contraparte, desde luego en un centralismo del que no nos hemos podido escapar: desde el DF se actúa, frecuentemente, como si la federación y su capital fueran la misma cosa, y se asoma en algunos la idea de que federalizar todas las elecciones supondría imponer un matiz democrático y civilizatorio a los estados bárbaros desde el centro civilizado.

Si se entiende la creación de un Instituto Nacional Electoral como la extensión del mismo IFE, vertical, que trata de asumir la organización de las elecciones estatales con las herramientas que tenía, sin considerar las particularidades regionales; si se parte de una actitud en la que, desde el centro, los expertos consideren a los estados como tierra de misión; si piensa, en fin, que desde la capital del país se podrán tener los hilos de todas las elecciones, asistiremos, sin duda, a la creación de un Frankenstein inmanejable y absurdo. Pero no tiene que ser necesariamente así.

Las ventajas que se aducen a favor de una concentración de la facultad de organizar elecciones a nivel federal, no son desdeñables, sobre todo, si se ve el Conjunto de los estados de la República y no sólo el caso particular de Guanajuato. ¿Cuáles son estas? La más socorrida tiene que ver con los procesos de nombramiento de los integrantes de los Consejos locales, que podrían salirse más fácilmente de la esfera de poder de los gobernadores. Pero por otro lado se frenaría el desmedido crecimiento de las burocracias electorales, que como constatamos cada elección, realizan funciones paralelas, como la capacitación a funcionarios, la búsqueda a de lugares idóneos para las casillas etc.  Se podría también eliminar la innecesaria diversidad en legislaciones y procesos que pueden hacer más confuso el tema para el ciudadano común y corriente.

Pero tiene también sus riesgos y complejidades: Los procesos de nombramiento de los integrantes de los Consejos locales sí podrían blindarse contra los poderes locales, pero habrá que revisar la letra chiquita. Porque precisamente, uno de los problemas del actual IFE, ha sido el nombramiento de los Consejeros. El proceso ha estado de tal forma sujeto a intereses de los partidos políticos que el Instituto ha ido perdiendo credibilidad a pasos agigantados. Si las cámaras han sido tan ineficientes para reponer a los Consejeros Federales ¿qué va a pasar cuando se trate de nombrar también a juntas locales de todos los Estados? Otra cuestión tiene que ver con el papel que tendrían las Cámaras de diputados de cada Estado en el nombramiento de los Consejeros locales. Si se excluye a los representantes estatales del nombramiento ¿cómo sabremos los habitantes de un estado particular que estos Consejeros nos representan o son más bien los que estaban mejor conectados con los círculos de poder del centro? Otro problema más complejo, tiene que ver con la competencia de los órganos judiciales electorales que por autonomía tienen que seguir en el orden estatal, lo que supondría que en algunos momentos la autoridad electoral federal, tendría que sujetarse a tribunales electorales estatales.

A mi me parece que las ventajas son suficientes para intentar algo al respecto, pero sin destruir necesariamente lo que se tiene bien caminado. Un Instituto Nacional puede entenderse como la con-federación de los institutos estatales, en un proceso de homologación reglas y procedimientos. Proceso que no tendría que ser demasiado complejo, porque en general los estados fueron adoptando muchos de los procesos que se crearon a nivel nacional. De hecho, los institutos electorales funcionan con el padrón de electores nacional y en muchas de las elecciones concurrentes se han logrado acuerdos de capacitación conjunta. No se tiene que hacer un monstruo de 32 cabezas, sino una federación de organismos regidos por un mismo código. Y, en sentido contrario a lo propuesto, estos institutos electorales podrían coordinar también las elecciones federales para evitar duplicidades. Es lo mismo pero al revés, lo cual no es poca cosa: porque habla de entender la federación como la suma todos y no como una imposición forzosa de los poderes federales, en los que la representación estatal es frecuentemente suplantada por la fidelidad al partido.

El problema central seguirán siendo los mecanismos para el nombramiento de los Consejeros. Y en esto no sirve una mirada soberbia de la Federación que quiera dar lecciones a los Estados, porque la crisis del IFE tiene que ver precisamente con la perversión de este proceso. Si los partidos quieren en verdad crear una institución electoral confiable, hay que empezar por devolver al organismo su carácter ciudadano, sea IFE, o INE.

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